Impulsan proyecto para frenar el tráfico y el desvío de armas y municiones
El diputado nacional del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que incorpora al Código Penal los delitos de tráfico y desvío ilícito de armas de fuego, municiones y demás materiales sometidos a un régimen especial de autorización, registro o control. Las penas alcanzan los 15 años de prisión y los nuevos delitos son de competencia federal.
La iniciativa del legislador nacional Ramiro Gutiérrez apunta a cubrir un vacío de la legislación penal argentina. Actualmente existen figuras que sancionan conductas vinculadas con las armas, como la tenencia y portación ilegítimas, el acopio, la provisión ilegal, la fabricación y la adulteración de numeraciones, pero no existe un tipo autónomo que abarque específicamente el tráfico ilícito y el desvío deliberado desde los circuitos legales. La propia UFIARM ha advertido que la inexistencia de una figura expresa de tráfico afecta las tareas de prevención e investigación.
“Si queremos reducir el poder de fuego del crimen organizado y del delincuente callejero que te aborda desde un motovehículo o al llegar a tu casa, tenemos que intervenir sobre la cadena de abastecimiento antes de que el arma llegue a manos de los criminales”, afirmó Gutiérrez.
El proyecto crea un delito autónomo de tráfico ilícito, definido como la ejecución de actos destinados a incorporar armas, piezas, componentes, municiones y materiales especialmente controlados a circuitos ilícitos de producción, distribución, comercialización o abastecimiento. La figura básica prevé penas de cinco a doce años de prisión, que pueden alcanzar los quince años en los supuestos agravados.
La reforma también contempla agravantes cuando la cantidad, características o poder de fuego generen peligro para un número indeterminado de personas; cuando los materiales provengan de organismos públicos, arsenales militares o policiales, depósitos judiciales u otros sistemas estatales de custodia; y cuando determinados materiales, por sus características, capacidad destructiva o modalidad de empleo, representen un peligro concreto para la seguridad pública o la defensa nacional.
También incorpora el desvío ilícito, dirigido específicamente a quien se encuentra legalmente autorizado o tiene bajo su responsabilidad esos materiales y altera deliberadamente su destino, extrayéndolos del circuito sometido a autorización, registro o control.
Gutiérrez explicó la diferencia: “El tráfico y el desvío son dos momentos distintos de un mismo problema. El tráfico incorpora materiales al circuito ilegal. El desvío identifica el punto en el que un arma, una munición o un material que estaba legítimamente controlado sale deliberadamente de ese circuito. Queremos poder investigar también dónde se rompe la trazabilidad y quién fue responsable de esa ruptura.”
Uno de los ejes del proyecto está puesto en las municiones. “Durante años fueron las grandes olvidadas de la legislación penal. Y hay una realidad elemental: un arma sin municiones carece de capacidad ofensiva. Combatir el abastecimiento de municiones es también reducir la capacidad de fuego de la delincuencia”, señaló el diputado.
Otro punto es la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, incluyendo la posibilidad de suspender o cancelar las autorizaciones, licencias o habilitaciones utilizadas para intervenir en actividades vinculadas con esos materiales.
El proyecto establece expresamente la competencia de la Justicia Federal para investigar los nuevos delitos. Los funcionarios judiciales señalan la frecuente dimensión interjurisdiccional y transnacional de estas conductas, la necesidad de evitar investigaciones fragmentadas y la protección de un sistema nacional de control.
“Las armas que terminan en manos de una organización criminal no reconocen límites provinciales. Pueden desviarse en una jurisdicción, transportarse por otra y terminar abasteciendo delitos a cientos de kilómetros. Frente a una cadena criminal que atraviesa jurisdicciones necesitamos una investigación capaz de reconstruir la cadena completa y por eso es un delito de importancia federal”, sostuvo Gutiérrez.
La iniciativa se vincula además con compromisos internacionales asumidos por la Argentina. Entre ellos se encuentra el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, complementario de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobado por la Ley 26.138, junto con otros instrumentos internacionales sobre tráfico ilícito y gestión de municiones citados en los fundamentos.
La propuesta mantiene expresamente fuera de su alcance a los legítimos usuarios y a quienes desarrollan actividades autorizadas cumpliendo la normativa vigente: el objetivo declarado es sancionar las conductas dolosas que incorporan o desvían materiales hacia el circuito ilícito.
