Músicos en pie de guerra
Como si fuese un efecto dominó, el derrumbe del entrepiso de Beara, donde fallecieron dos personas, puso en tela de juicio el sistema de control y habilitaciones del Gobierno porteño. Consecuencia directa del incidente, los funcionarios porteños decidieron suspender las habilitaciones provisorias; con la forma en que se habilitan temporalmente sitios que por diversas cuestiones burocráticas no pueden obtener una habilitación estable. Esto provocó que muchos lugares cierren porque su actividad no se fija al Código de Habilitaciones y Verificaciones (lugares como Beara, inscriptos como Casa de Fiesta Privada, pero con permiso provisorio para música en vivo).
A raíz de esto, músicos y empresarios se manifestaron frente a la Jefatura de Gobierno para exigir la reglamentación de la ley Régimen de Concertación Musical, aprobada por la Legislatura en marzo de 2009. Nucleados en Autoconvocados por la Música en Vivo, reclaman, además, la aprobación de la ley 2394D10 (Régimen transitorio de Clubes de Música) y una reunión con el ministro de Cultura, Hernán Lombardi.
En mayo de este año, y al cumplirse un año desde la aprobación de la normativa, el diputado de Proyecto Sur Julio Raffo - vicepresidente segundo de la Legislatura porteña e integrante de la comisión de Cultura - presentó un proyecto de ley para que el Poder Ejecutivo reglamente la mencionada ley. Así, se prevé incluir una cláusula que dispone que, una vez entrada en vigencia, el PE deberá reglamentar la ley dentro de los sesenta días.
No reglamentar esta ley "trae como consecuencia un perjuicio a las partes involucradas que necesitan su eficacia. También conlleva un debilitamiento de la función de la Legislatura, la cual ha trabajado para dar respuesta a esas necesidades sancionando Leyes que luego no pueden ser aplicadas por motivos que están fuera de su dominio", sostienen desde Proyecto Sur.
Por otro lado, la UMI (Unión de Músicos Independientes) presentó una carta documento contra el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, con fecha del 22 de septiembre, intimándolo para que en un plazo de 10 días reglamente la ley 3022, ?haciendo reserva de iniciar acciones judiciales, penales o el pedido de juicio político ante la Legislatura?.
