La Ciudad todavía no consigue completar sus instituciones

Cuando hay que acordarse de las deudas de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, lo primero que viene a la cabeza es el nombre de Antonio Cafiero. Todos le echan la culpa. Es decir, al que ofició de cartero en esta historia, ya que la responsabilidad es de lo que establecieron en el Pacto de Olivos Carlos Menem y Raúl Alfonsín. Dos avezados políticos, que hasta el último minuto se midieron como jugadores de póquer a punto de perder todo. A Cafiero le tocó traducirlos. Estamos hablando, claro, de la Ley que Garantiza los Intereses del Estado Nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Esta norma es la que regula la autonomía porteña y por cuyas cláusulas los sucesivos jefes de Gobierno porteño se rasgaron las vestiduras siempre que pudieron y tuvieron oportunidad. A casi 14 años de sancionada, muy poco o casi nada se avanzó en dotar al distrito porteño de todas las instituciones que lo completarían como Capital Federal autónoma. Aunque la misma norma establece que la autonomía es un proceso gradual y progresivo.

?Pasaron ya tantos años y sin embargo todavía el puerto, el juego, la Justicia, la Policía y etcétera, etcétera, siguen en manos de la Nación?, dijo, al ser consultado al respecto, el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra a Noticias Urbanas. Sin embargo, la lista con las deudas es más larga ya que hay leyes que tienen mandato constitucional que no fueron sancionadas aún, como la Ley General de Educación.

Y para qué vamos a hablar de las Comunas. La descentralización prometida es una de las deudas más importantes que ninguna administración se decide a cumplir (ver "La descentralización que no llega").

La ciudad tampoco cuenta con el Código Electoral, ni el de Habilitaciones y Verificaciones. Se trata de temas muy espinosos. Uno más complejo que el otro, ligados a pujas partidarias, políticas y sectoriales. Es que en el origen todo surgió de una especulación electoral, hay que decirlo, tanto de Menem como de Alfonsín. ¿Será entonces que la ley de autonomía porteña nació del egoísmo de dos políticos que solamente miraron sus intereses particulares y personales en la coyuntura?

La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, surgió a partir de la encerrona en la que lo colocó a Alfonsín, el ex presidente Carlos Menem, quien en 1993, sustentado en el apoyo popular que había conseguido a partir del grado de estabilidad que le había dado a la economía, con la Ley de Convertibilidad, empezó a buscar la reelección a cualquier precio. Cabe recordar que Alfonsín se había ido antes de terminar el mandato en 1989, en medio de un proceso hiperinflacionario que parecía no tener techo. Por otro lado, las aspiraciones de reelección de Menem habían empezado a calar hondo en gobernadores radicales como Eduardo Angeloz (Córdoba) y Horacio Massaccesi (Río Negro), quienes manifestaron sus intenciones de ser reelectos también. Ante este panorama, y teniendo que aceptar que en el Congreso el radicalismo no iba a obtener las mayorías necesarias para oponerse al objetivo de Menem, es que Alfonsín se sentó a negociar una reforma constitucional. A Menem en realidad lo único que le importaba era la reelección, y si podía ser indefinida, mejor. Pero el radicalismo se avino a aceptar: reelección por única vez, elección directa de presidente, vice y legisladores, es decir que se eliminaban el colegio electoral y el ballotage.

En tanto, el peronismo asentía incluir en la Constitución Nacional la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la creación de un Consejo de la Magistratura. Alfonsín pidió también un senador por la minoría, esto es tres senadores por distrito, extensión del período de sesiones ordinarias del Congreso de 4 a 8 meses y primer ministro. Pero esto último no pudo ser y solamente fue crea da la figura del jefe de Gabinete, amén de la inclusión de la defensa de los derechos humanos, de los consumidores, ambientales y a la información, entre otras muchas reformas.

Es que Alfonsín se sabía con posibilidades de ganar la Ciudad de Buenos Aires, por eso es que exigió que se incluyera la autonomía en la Constitución. Finalmente, el primer jefe de Gobierno porteño fue justamente un radical, Fernando de la Rúa. Sin embargo, todo lo que Menem aceptó en la reforma
constitucional, después lo limitó con la ley Cafiero. Luego hubo que sancionar la Constitución porteña. Y ahí comenzaron a verse las consecuencias del Pacto de Olivos, ya que la Carta Magna porteña no sólo consolida la autonomía de la Capital Federal, sino que reconoce derechos económicos, sociales y culturales, y crea una estructura institucional propia para dar respuesta a las necesidades de los porteños.

Entonces empezaron los tironeos. Entre otras cosas, también, porque más allá de las buenas intenciones que puedan quedar plasmadas en una Constitución, hay mucha plata en juego. Por caso se podría mencionar la transferencia del puerto a la Ciudad de Buenos Aires. Hoy por hoy, todos los servicios portuarios, que están en manos de Nación, tributan un 3 por ciento de ingresos brutos. Esto significa el 10 por ciento de lo que recauda el Gobierno porteño en ese concepto. Traducido en números estamos hablando de 1.700 millones de pesos anuales. Amén que el puerto mueve 20 mil empleos directos y 100 mil indirectos, y además se trata de mano de obra calificada. Cabe preguntarse entonces, cuánta plata se perdería la Nación si le transfiere el puerto a la Ciudad. Por otra parte, sabido es por las autoridades porteñas y nacionales que en materia de juego, la evasión fiscal es inmensa. ¿Entonces quién le pone el cascabel al gato?

La otra cuestión es la transferencia de las competencias sobre la Justicia, la Policía y el transporte. El problema es que el Gobierno porteño reclama que esas transferencias sean hechas con sus partidas presupuestarias correspondientes. De hecho Mauricio Macri está creando su propia policía y con su propio presupuesto porque Nación no le traspasó a la Federal, como él quería.

En materia de transporte los problemas son inmensos, el sistema en la Ciudad funciona de manera horrible, lo sufrimos los porteños, pero en el tema tenemos las manos atadas a la espalda. El Gobierno nacional lo sabe. Los porteños se ponen de pésimo humor con el mal funcionamiento del tránsito, pero se la agarran con Macri o con quien esté de turno. De más está decir que todo lo antes dicho es archiconocido por toda la dirigencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estén en el Gobierno o en la oposición. Pero en algo están de acuerdo. Todos juegan al don pirulero. Y si no, basta con recordar las palabras de Cafiero el año pasado en el Salón San Martín de la Legislatura porteña: ?Primero, que la ley mal denominada Cafiero, como toda ley, es perfectible, y es responsabilidad de los políticos porteños mejorarla. Segundo, que yo recuerdo que el día que se debatió esa ley en el Senado, cuando me tocó hablar a mí, miré hacia las barras para ver si había porteños al acecho esperando escucharme para insultarme, pero no, miré al costado y no estaban presentes en sus bancas los senadores por la Capital Federal. ¿Entonces, de qué estamos hablando??.

La descentralización que no llega

Desde la sanción de la Constitución de la Ciudad, allá por 1996, hasta el día de hoy, la creación de las Comunas porteñas ha sido víctima de continuos desaires y ninguneos, convirtiendo a la Ley 1.777 en un verdadero ejemplo de desinterés. La fecha establecida por la normativa para realizar la elección era el 31 de diciembre de 2006. Pero los comicios nunca se efectuaron. Cuando el PRO asumió el poder en la Ciudad, a fines de 2007, trajo consigo la promesa de que con la gestión de Mauricio Macri vendría aparejada la elección comunal. Un año y medio ha pasado y la promesa no se concreta, aunque ciertamente durante ese período se logró concluir el paso previo fundamental para convocar los comicios: la conformación del nuevo padrón electoral en base al mapa que sigue la división de la Ciudad por Comunas, el cual será aplicado en las elecciones legislativas del 28 de junio. Sin embargo, el impulso sirvió de poco. No sólo las Comunas quedaron una vez más al margen de la iniciativa a partir de que el mismo Macri declarara que ?no se llega?, sino que la utilización del nuevo padrón derivó en un déficit de locales donde realizar la votación, según afirmó la jueza María Romilda Servini de Cubría. Actualmente el despacho para tratar la fecha de los comicios comunales en la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana está en manos de Marcelo Godoy, del PRO, quien consultaría con la Justicia
Electoral si aún es técnicamente posible realizar la votación el 28 de junio. Posible o no, seguramente no será políticamente conveniente, argumentando la vorágine política en la que estará sumergida la Ciudad durante el próximo mes. Las Comunas se patean nuevamente hacia el futuro, tal vez fines de 2009, tal vez 2010, todo depende del clima político que suceda a la elección y de la búsqueda de consensos. O, más claramente, de la voluntad política del jefe de Gobierno y de los líderes de los principales partidos de la Legislatura.