El Presupuesto 2027 recorta recursos para discapacidad y universidades
El Gobierno nacional envió el lunes por la noche a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, la hoja de ruta económica para el último año del mandato presidencial de Javier Milei. La iniciativa, que ingresó al Congreso pasadas las 22, lleva las firmas del Presidente, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Economía, Luis Caputo. El texto fija las principales proyecciones macroeconómicas y también incorpora modificaciones en partidas y programas vinculados con áreas sensibles, entre ellas discapacidad y universidades.
En materia fiscal, el proyecto contempla un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, establece un resultado financiero positivo de $3,30 billones, que representa el 0,2% del producto una vez contabilizado el pago de los intereses de la deuda. De esta manera, el Gobierno plantea mantener un resultado fiscal favorable durante 2027 y utiliza esas metas como uno de los ejes centrales de la planificación económica para el próximo ejercicio.
El escenario macroeconómico presentado por el Ejecutivo también incluye una expansión de la actividad. Según las estimaciones incorporadas al Presupuesto, el PBI crecerá 4% durante 2027, mientras que la inflación anual se ubicaría en el 18%. El salario promedio, en tanto, tendría un incremento del 25,4%, por encima de la variación de precios proyectada. En materia cambiaria, el texto contempla un tipo de cambio de $1.847,60 hacia fines del próximo año, aunque desde el Gobierno aclararon que ese número no debe interpretarse como una previsión puntual sobre la cotización, sino como el resultado de actualizar el nivel actual de acuerdo con la inflación estimada.
Uno de los capítulos que introduce modificaciones de mayor impacto está relacionado con la discapacidad. El proyecto propone cambios sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad y establece que la Pensión No Contributiva por invalidez laboral será equivalente al 70% de la jubilación mínima. Al mismo tiempo, fija que ese beneficio será incompatible con la existencia de un empleo formal o con la inscripción en el régimen general o simplificado. Se trata de cambios que alcanzan directamente al esquema de acceso y compatibilidad de las pensiones.
La iniciativa también modifica el funcionamiento del nomenclador utilizado para establecer los valores de las prestaciones. De acuerdo con el texto, los montos dejarán de tener un carácter universal y deberán ser determinados por cada ente obligado. Para el Estado nacional, las actualizaciones se realizarán de manera trimestral y, en caso de que no se concrete esa actualización, se aplicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC. El proyecto busca así establecer un mecanismo de actualización asociado a la evolución de los precios, aunque con un esquema diferente al previsto actualmente.
Otro de los puntos centrales es la derogación de los artículos 5, 8, 9 y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Entre sus efectos, la propuesta elimina disposiciones vinculadas con la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y también suprime la garantía de acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para quienes reciben ese beneficio. Asimismo, elimina la conversión de oficio de la pensión no contributiva en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
Por último, el proyecto modifica el artículo 14 de la normativa vigente, que establece actualmente que los valores de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para las Personas con Discapacidad “serán iguales para todas las personas jurídicas obligadas por la presente ley”. Esa disposición también contempla que los valores sean determinados por el directorio del sistema y actualizados de acuerdo con lo establecido por el decreto 274/24. Con su ingreso formal a Diputados, el Presupuesto 2027 abre ahora una nueva etapa parlamentaria en la que estas modificaciones, junto con las metas fiscales y las proyecciones económicas, deberán ser analizadas y debatidas por los legisladores.
Respecto a las universidades, el Gobierno propone una partida de $7.3 billones para su funcionamiento, inversión y en gasto de programas especiales. Desde las casas de estudios habían solicitado ese monto, pero para inicios del 2026, cuando el Ejecutivo propuso $4,8 billones. Este año, el gasto cerrará en torno a los $6 billones.
La planilla fue enviada previamente a la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación y contrasta con el monto proyectado por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2027, por lo que es de esperar que las universidades vuelvan a reclamar ante la Justicia por el cumplimiento de la ley de Financiamiento.
En cuanto a los aumentos salariales previstos para 2027, el Ejecutivo estableció que la base sobre las que se establecerán los incrementos serán las plantas docentes y no docentes vigentes a noviembre de 2026, salvo ampliaciones autorizadas.
