El diputado libertario que pasó del volante al crédito millonario
La diputada nacional del bloque Coherencia, Marcela Pagano, denunció a su colega de La Libertad Avanza (LLA) Santiago Santurio por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa de datos en declaración jurada patrimonial, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y cohecho pasivo.
La presentación pide investigar la posible infracción a los artículos 6 y 8 de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y la Ley 26.857 de Publicidad de Declaraciones Juradas . La causa quedó radicada en el Juzgado Federal número 3, a cargo de Daniel Rafecas, y la instrucción está delegada en la fiscal Alejandra Mangano .
Santurio es uno de los diputados oficialistas que se benefició con los préstamos del Banco Nación: en julio de 2025 obtuvo un crédito hipotecario UVA por 239.000 dólares a pagar en 30 años. Según la denuncia de Pagano, con ese crédito adquirió una casa en un barrio cerrado de Villa Ballester, valuada en aproximadamente 300 mil dólares, con superficie suficiente "para albergar quincho y eventos sociales de envergadura" . Antes de asumir como diputado bonaerense por La Libertad Avanza (LLA) en diciembre de 2023, Santurio trabajaba como profesor y completaba el ingreso como chofer de Uber.
La denuncia señala que el ingreso de los diputados es de 6 millones de pesos más 600.000 en concepto de gastos de representación, pero descontando las deducciones por Impuesto a las Ganancias, aportes jubilatorios, obra social y aporte sindical, el ingreso neto queda en $4.500.000 .
Según la última declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción, Santurio tenía un patrimonio de 12 millones de pesos: $4.478.892 en una caja de ahorro, $5.000.000 en efectivo y otros 4 mil dólares más depositados en dos cuentas . La denuncia advierte que la cuota mensual que debe pagar Santurio por el crédito del Nación representaría más del 48% de los ingresos netos de su grupo familiar, casi el doble del límite del 25% que suele aplicar el propio banco.
No todos los docentes sufren el plan motosierra. Hay algunos, como el actual diputado libertario Santiago Santurio, a quienes la ecuación les cambió para bien. Antes del 10 de diciembre de 2023, cuando asumió su banca en la Cámara baja como parte del bloque de LLA, Santurio daba… pic.twitter.com/5xbzvjfik6
— Revolución Popular (@RPN_Oficial) May 26, 2026
Pagano enfatiza que "un diputado nacional no es un empleado público con estabilidad: es un mandatario electivo cuya función concluye en fecha cierta" . "Otorgar a un mandatario de plazo cierto un crédito a 30 años por USD 239.000 -tres décadas, equivalente a 15 veces el plazo restante de su mandato- configura, en el mejor escenario, una desviación grave del manual de crédito; en el escenario más adverso, una operatoria irregular subyacente", sostuvo la diputada enfrentada al oficialismo. Para Pagano, el crédito hipotecario "nunca debió haber sido aprobado" por el Banco Nación en aplicación estricta a sus propias normas de evaluación crediticia .
En dos años, Santurio pasó de alquilar a ser propietario. Pagano pidió investigar a Santurio por enriquecimiento ilícito porque en los dos años y medio que lleva como funcionario público experimentó "un incremento patrimonial apreciable (...) materializado en la adquisición de un inmueble por USD 298.750 financiado en un 80% por el Banco de la Nación Argentina y en un 20% por aporte propio sin trazabilidad documental en sus declaraciones juradas". La denuncia indica que su perfil económico era "el de un docente que debía complementar sus ingresos formales con trabajo en aplicaciones de movilidad para alcanzar la subsistencia familiar" .
La denuncia también señala que Santurio omite declarar ante la Oficina Anticorrupción la estructura societaria en la que participa como condómino y por la que presuntamente percibe rentas locativas desde hace más de una década . Pagano advierte que el "condominio" a su nombre se creó en 2012 y comenzó a operar en 2013, y que Santurio omitió declarar "la participación societaria, el porcentaje de copropiedad, los bienes inmuebles, las rentas percibidas y los flujos de fondos entre el condominio y el patrimonio personal". Esto configuraría el delito de "omisión maliciosa y persistente de datos esenciales en declaración jurada patrimonial pública".
