Defensoría, Ente Regulador y Fiscalía: cómo se define el futuro de tres organismos clave

En la Legislatura porteña se puso en marcha durante las últimas semanas una serie de procesos destinados a renovar las autoridades de algunos de los principales organismos de control de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de la Defensoría del Pueblo, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos y la Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal, cuyos mandatos y designaciones deben ser tratados durante este año.

Aunque cada procedimiento tiene características y plazos distintos, todos requieren algún grado de intervención legislativa y forman parte del esquema institucional previsto por la Constitución de la Ciudad para garantizar el control sobre la administración pública, los servicios públicos y el funcionamiento del sistema judicial local.

El proceso que se encuentra más avanzado es el de la Defensoría del Pueblo. La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura aprobó la resolución que dio inicio formal al procedimiento para designar al próximo defensor o defensora del Pueblo y a sus adjuntos, cargos que deben ser elegidos por el voto de 40 de los 60 legisladores que integran el recinto.

La Defensoría del Pueblo es uno de los organismos de control más importantes de la Ciudad. Creada por la Constitución porteña y regulada por la Ley N° 3, funciona de manera autónoma e independiente y tiene como misión promover, proteger y defender los derechos e intereses de quienes viven, trabajan, estudian o transitan por Buenos Aires.

Entre sus atribuciones se encuentra la posibilidad de investigar actos u omisiones de organismos públicos, empresas prestadoras de servicios públicos y fuerzas de seguridad, cuando existan denuncias por deficiencias, arbitrariedades, falta de respuesta o vulneraciones de derechos. También puede solicitar informes, realizar inspecciones, formular recomendaciones, impulsar acciones administrativas y judiciales e incluso promover proyectos legislativos.

Actualmente la Defensoría está encabezada por María Rosa Muiños, quien fue designada por la Legislatura en diciembre de 2021 para un mandato de cinco años, que concluirá este año.

La acompañan cinco defensores adjuntos: Silke Mayra Arndt, Paula Streger, Carlos Palmiotti y Arturo Pozzali, además de otro cargo adjunto contemplado por la estructura del organismo. Los adjuntos asisten a la titular en las distintas áreas de competencia y la reemplazan de manera rotativa en caso de ausencia o impedimento temporal.

El cronograma aprobado por la Legislatura estableció la apertura de un registro de postulantes y la posterior publicación de antecedentes, impugnaciones y audiencia pública antes de la votación definitiva. Como resultado de esa convocatoria, se formalizaron 20 candidaturas para ocupar cargos dentro de la Defensoría.

Detrás de las postulaciones también comienza a delinearse el mapa político de la futura integración del organismo. El peronismo es el espacio que presenta la mayor cantidad de candidatos, con seis nombres: la actual defensora María Rosa Muiños, Mara Brawer, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés, Facundo Di Filippo y Juan Pablo O'Dezaille.

La Unión Cívica Radical impulsa cinco postulaciones: Norberto Darcy, Matías Debesa, Patricia Vischi, Carlos Palmiotti y Emilio Cornaglia. El PRO acompaña cuatro candidaturas: Natacha Steinberg, Delfina Vila Moret, Silke Arndt y María Florencia Caparros.

Por su parte, La Libertad Avanza promueve a María Graciela Girgione, Federico Gastón Fritzler Vidal y Giselle Furcada. A ellos se suman Paula Andrea Streger, avalada por Eugenio Casielles, y Facundo Sáez, identificado con el espacio referenciado en Horacio Rodríguez Larreta.

Dentro de ese escenario, Muiños aparece como una de las principales aspirantes a continuar al frente del organismo. La actual defensora busca un segundo mandato y presentó su candidatura con el respaldo de los 20 integrantes del actual bloque Fuerza por Buenos Aires.

En las distintas bancadas legislativas coinciden en que, al menos en esta primera etapa, la discusión principal parece orientarse a la continuidad del peronismo al frente de la Defensoría General. Las negociaciones más complejas se concentrarán posteriormente en la distribución de las defensorías adjuntas, donde históricamente se expresan los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Tras el cierre del período de inscripción, la Junta de Ética publicará el listado de postulantes y abrirá la etapa de impugnaciones, durante la cual cualquier ciudadano podrá presentar observaciones fundadas respecto de los candidatos. Posteriormente, se realizará una audiencia pública donde se analizarán los antecedentes y la idoneidad de quienes aspiran a ocupar los cargos. Recién después de completar esas instancias la Legislatura estará en condiciones de avanzar con la votación para designar a las nuevas autoridades.

En paralelo, aunque con un ritmo más pausado, comenzó el procedimiento para renovar el directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata del organismo encargado de controlar la prestación de distintos servicios públicos bajo jurisdicción porteña y de velar por los derechos de usuarios y consumidores. Su creación está prevista en el artículo 138 de la Constitución de la Ciudad y su funcionamiento se encuentra regulado por la Ley N° 210.

Entre sus funciones se encuentran la supervisión de la calidad de los servicios públicos no domiciliarios, el seguimiento del cumplimiento de estándares de prestación y la recepción de reclamos vinculados a esos servicios. El organismo actúa con autonomía e independencia funcional respecto de los poderes políticos de la Ciudad.

Actualmente el directorio está integrado por María Eugenia Michielotto, quien ejerce la presidencia, junto a Javier Liaño, Bernarda Fait y José Marcelo Pafundi como directores. A ellos se suma José María Grippo, quien se encuentra de licencia. Los integrantes del directorio son designados por la Legislatura, mientras que la presidencia debe ser propuesta por el Poder Ejecutivo porteño. La normativa establece además que uno de los miembros debe representar a asociaciones de usuarios y consumidores.

Los mandatos vigentes vencen el próximo 1° de agosto de 2026, una fecha incluso más cercana que la prevista para la renovación de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el procedimiento todavía no avanzó hacia etapas concretas como la definición de candidatos o la fijación de audiencias públicas.

La Junta de Ética ya aprobó la resolución que habilita el inicio del proceso y notificó a los distintos actores que deben intervenir, entre ellos los bloques legislativos, las asociaciones de consumidores y el Poder Ejecutivo. No obstante, el mecanismo requiere que el jefe de Gobierno proponga al candidato o candidata para ocupar la presidencia del organismo, paso que hasta el momento no se concretó y que resulta clave para la continuidad del trámite.

A diferencia de lo que ocurre con la Defensoría, donde los principales espacios ya comenzaron a exhibir sus postulantes y respaldos políticos, en el Ente Regulador todavía permanecen abiertas varias negociaciones, vinculadas tanto a la presidencia como a la futura composición del directorio.

A estos procesos se suma además la renovación de una de las principales autoridades del sistema judicial porteño.

En este caso, la Legislatura ya abrió el procedimiento para analizar y eventualmente prestar acuerdo a la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo para designar al fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

El candidato propuesto es Javier Martín López Zavaleta, quien actualmente se desempeña al frente del organismo de manera interina, tras la salida de Juan Bautista Mahiques, que dejó el cargo para asumir como ministro de Justicia de la Nación.

La Fiscalía General es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y tiene entre sus responsabilidades la conducción de los fiscales porteños, la definición de políticas de persecución penal y la coordinación de las investigaciones judiciales dentro de la jurisdicción local. Como ocurre con otros cargos institucionales relevantes, la designación requiere atravesar el procedimiento legislativo correspondiente, que incluye la evaluación de antecedentes y la intervención de la Legislatura antes de su confirmación definitiva.