Ley Hojarasca: qué se aprobó y cuáles fueron las derogaciones que la Legislatura dejó afuera

La Legislatura porteña aprobó el jueves una nueva etapa de la denominada Ley de Hojarasca, una iniciativa destinada a depurar el Digesto Jurídico de la Ciudad mediante la eliminación de normas que el oficialismo y La Libertad Avanza consideran en desuso. El paquete aprobado reúne cerca de 60 leyes, ordenanzas y artículos sancionados a lo largo de más de un siglo que dejarán de integrar el cuerpo normativo porteño.

La iniciativa fue aprobada durante la sesión ordinaria por 30 votos afirmativos, aportados por los bloques Vamos por Más, La Libertad Avanza y la UCR-Evolución, mientras que cosechó 23 votos negativos de los legisladores de Fuerza Buenos Aires y Confianza y Desarrollo, que cuestionaron tanto el alcance de las derogaciones como la falta de una revisión más exhaustiva de las normas incluidas en el proyecto.

El listado combina disposiciones de distintas épocas y materias. Entre las normas más antiguas derogadas figuran una ordenanza de 1907 que regulaba el destino de los objetos y el dinero dejados por pacientes fallecidos en hospitales municipales y otra de 1920 vinculada al alquiler de inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Ciudad. También desaparecen regulaciones de las décadas de 1920 y 1930 relacionadas con automóviles oficiales, colectas dentro de dependencias públicas y distintos mecanismos de administración municipal.

Otra parte importante del proyecto apunta a viejas regulaciones comerciales y administrativas. La Legislatura eliminó normas vinculadas al funcionamiento de mercados municipales, hoteles y casas de pensión, registros de actividades industriales, permisos especiales para automóviles clásicos y distintas exigencias para comercios. Entre ellas aparece una ley que obligaba a identificar en castellano el rubro habilitado de cada local comercial y otra que establecía requisitos específicos para el expendio de bebidas gaseosas y productos lácteos.

La poda normativa también alcanzó programas, fondos y registros creados por ley durante las últimas décadas. Entre ellos figuran un programa de capital semilla destinado a mujeres jefas de hogar, un concurso anual de proyectos de defensa del consumidor, el Registro de Instaladores Publicitarios y distintos artículos vinculados a registros ambientales, de fumigación y de prestadores turísticos. También fueron eliminadas disposiciones relacionadas con fondos específicos administrados por organismos públicos y mecanismos de financiamiento que habían perdido vigencia práctica.

El proyecto avanzó además sobre una larga serie de efemérides y campañas institucionales creadas por ley. Entre las normas derogadas figuran las que instituyeron el Día del Vecino, el Día de la Cultura Tributaria, la Semana de la Juventud, la Semana del Envejecimiento Saludable, el Día de la Movilidad en Bicicleta y el Día del Reconstructor de Neumáticos. Según los impulsores de la iniciativa, muchas de estas conmemoraciones continuarán realizándose si el Poder Ejecutivo así lo dispone, aunque dejarán de tener respaldo en una ley específica.

La iniciativa también eliminó disposiciones vinculadas a la promoción turística en espacios públicos, a la obligación de informar la cantidad de entradas vendidas en salas cinematográficas, a programas de micromovilidad y a distintos artículos incorporados a lo largo de los años en las leyes de turismo, salud, faltas y administración pública. Incluso quedaron derogadas normas que regulaban cuestiones muy puntuales, como la obligación de incorporar instrucciones de uso en mochilas escolares o determinadas restricciones sobre publicidad y actividades en sectores específicos del espacio público.

Durante el debate legislativo, algunas derogaciones previstas en borradores anteriores fueron retiradas antes de la votación final. Entre ellas se encontraban la eliminación completa de la ley que regula la actividad de los guías de turismo y una histórica ordenanza vinculada a la profilaxis de la rabia y la regulación de la población animal.

Desde el bloque Fuerza Buenos Aires, Claudia Neira sostuvo que la revisión de leyes es una tarea propia de la Legislatura, pero cuestionó el enfoque adoptado por el oficialismo y La Libertad Avanza. "Revisar leyes que tiendan a la simplificación normativa de la Ciudad es una obligación de la Legislatura. El problema es que, una vez más, en lugar de afrontar una revisión seria e integral, Jorge Macri se suma a las apuradas a este proyecto de Ley Hojarasca de LLA para subirse al discurso de la desregulación del Gobierno nacional", afirmó.

En la misma línea, Victoria Freire consideró que la propuesta pone de manifiesto falencias de gestiones anteriores. "No está mal revisar normativa caduca, pero este proyecto parece más bien reconocer que hubo una gestión ineficiente que no reglamentó correctamente distintas leyes y ahora se propone derogarlas sin ofrecer alternativas", señaló. Como ejemplo mencionó la eliminación de disposiciones vinculadas a la economía social en un contexto que, según sostuvo, requiere más herramientas de promoción para esos sectores.

Emmanuel Ferrario, de Confianza y Desarrollo, sostuvo que varias de las derogaciones propuestas evidencian "improvisación", una característica que atribuyó a la actual gestión porteña. "Se presentan derogaciones que son ridículas, peligrosas y crueles y que van en contra de la visión de progreso de la Ciudad", afirmó.

Alejandro Grillo, también de Fuerza Buenos Aires, señaló que "muchas de las disposiciones que se derogan protegían al ambiente y a los espacios públicos", y lamentó que no se hubiera realizado una revisión más exhaustiva con participación de funcionarios del Poder Ejecutivo.

"Perdimos la posibilidad de haber hecho un trabajo serio y prolijo y que los funcionarios vinieran a explicar los detalles y dar el debate para hacer las mejores leyes posibles", sostuvo.

Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa como una actualización necesaria del marco normativo porteño. Silvia Lospennato afirmó que "legislar implica la revisión permanente de las normas" y sostuvo que muchas disposiciones vigentes carecen hoy de sentido práctico. La diputada destacó que el proyecto forma parte de un proceso más amplio de simplificación normativa y señaló que el bloque realizó aportes para perfeccionar el texto. "Hay que regular lo que sea necesario. Esta es una muy buena ley que viene a completar un proceso de simplificación normativa que hará más fácil la vida de los porteños", aseguró.

En tanto, Nicolás Pakgojz, de La Libertad Avanza, defendió el espíritu general de la propuesta y sostuvo que la denominada Ley de Hojarasca trasciende la mera eliminación de normas. "Hojarasca es mucho más que derogar leyes. Es una manera de gestionar el Estado. Un Estado más inteligente no es el que acumula normativa, sino el que elimina aquellas reglas que perdieron sentido", argumentó durante el debate.