“Debemos encontrar soluciones a los litigios que afectan al mercado asegurador”
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, anunció este martes que promoverá un proyecto de ley que limite la procedencia y duración de ciertas medidas cautelares –embargos preventivos- que se decretan en los juicios de daños por lesiones, y consideró que algunos accidentes de tránsito deben ser tratados como delitos.
Iribarne participó del acto de apertura del Foro Nacional del Seguro 2007 que comenzó este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Según el ministro, el objetivo del proyecto es acotar la procedencia y duración de ciertos embargos preventivos para, de esta forma, “encontrar alguna solución legislativa que pueda, respetando los derechos de los particulares afectados, ayudar a las dificultades del mercado”.
Para ello, anunció que se constituirá un grupo de trabajo, integrado por el Ministerio de Justicia, la Superintendencia de Seguros, legisladores nacionales, miembros del sector asegurador y representantes del Poder Judicial, que pueda dar respuesta a esta demanda.
Por otro lado, Iribarne se refirió a los avances de la política en torno a los accidentes de tránsito. Consideró que “dentro del término accidentes de tránsito muchas veces englobamos acciones dolosas o negligentes que provocan daños a la integridad física y psíquica de las personas e, incluso, llevan a la muerte. No son accidentes, son delitos”.
“Por eso es indispensable desarrollar una política federal de mejoramiento sustancial de la seguridad vial, fundamentalmente a través de políticas de prevención”, desarrolló. En este marco se inscribe el trabajo Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (ReNAT) que se plantea, según Iribarne, como una herramienta al interior de una política nacional centralizada que se ejecuta descentralizadamente a través de organismos de los gobiernos nacional, provinciales y municipales.
“Estamos trabajando a partir de una concepción basada en un federalismo de cooperación”, afirmó el ministro. Hasta la fecha se han adherido 15 jurisdicciones provinciales al ReNAT incluyendo la Ciudad de Buenos Aires. Próximamente, estará adherida la provincia de Buenos Aires.
Por último, Iribarne resaltó la puesta en marcha del Registro Único de Desarmaderos, un instrumento de política criminal para “reducir la comercialización de autopartes ilegales que son producto del robo de automotores y de esta manera colaborar para disminuir la cantidad de delitos”.
