Villa Cartón, un dilema del Gobierno
El titular del Ejecutivo porteño, Jorge Telerman, decidió enviar a casi medio gabinete suyo para que den respuesta a la justicia porteña, en el amparo iniciado por la precaria situación en la que viven cientos de familias del ex asentamiento bajo la autopista 7, que perdieron todo en el incendio del 8 de febrero.
El principal abogado del Gobierno, Agustín Zbar, el ministro de Derechos Humanos y Sociales, Omar Abboud, el ministro de Salud, Alberto De Micheli, la ministra de Educación, Ana María Clement, y el titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), Claudio Freidin, todos estos importantes funcionarios con sus respectivos asesores llenaron una sala de audiencia en los tribunales de la justicia en el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad.
Este martes, por la mañana, a la espera de los funcionarios estaban los que defienden a los pobres de Villa Cartón: el juez porteño, Andrés Gallardo, por la Defensoría del Pueblo, Eduardo Fachal y Silvina Pennella, el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, por la Asesoría Tutelar General, María Elia Capella, y el defensor oficial, Fernando Doleiro, quien defiende a la habitante del asentamiento, Rosalva Mediana, que inició el amparo contra el Gobierno por las precarias casas transitorias que cronstruyo.
NOTICIAS URBANAS en consulta con quienes estuvieron en la reunión supo que los comedores comunitarios que debían inaugurar el 20 y 26 de este mes aún no cuentan con mobiliarios, materiales de cocina y conexión de gas, se están usando pero con garrafas que pagaron los vecinos. El agua caliente sigue siendo deuda. Sí recibieron un rollo de papel higiénico las familias y toallas que fueron divididas en dos. La pavimentación de las calles y la recolección de basura que incluye limpieza de los containers es parcial. El servicio de micros escolares se restableció aunque tiene deficiencias por la falta de celadores. La seguridad es uno de los temas más acuciantes. Hay presencia de efectivos policiales y de personal de seguridad que simplemente resguardan las propiedades y no a las personas.
Para el martes próximo los ministros tienen que tener previstas medidas para resolver las deficiencias antes citadas. De no hacerse efectivo el cumplimiento la justicia tiene el derecho de multar con su sueldo a los funcionarios.
A poco de suceder el incendio bajo la autopista Telerman destinó a los pobres, mediante un decreto, 4.5 millones de pesos y un refuerzo de partidas del que se desconoce su cifra exacta. En su momento se notificaron en resoluciones del Gobierno que los comedores y una salita estaban creadas aunque no en los hechos por lo que comprobó la justicia en sus inspecciones oculares. Ante presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos la justicia porteña denunció a los principales funcionarios del IVC.
El fiscal de instrucción, Martín López Perrano, aún no impulsó ninguna medida, ni que pensar en llamar a indagatoria a los funcionarios.
