Cruda descripción de la Justicia porteña

Crudeza. Ése es el término que mejor le sienta a la descripción que el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó acerca de la situación que actualmente atraviesa la Justicia porteña.

A pesar de su redacción respetuosa hacia el Consejo de la Magistratura, al que se lo invita a dialogar para encontrar soluciones, el comunicado señala que "hay cuestiones cuya solución no puede dilatarse y ninguna de ellas depende de los jueces, funcionario, integrantes del Ministerio Público, empleados o abogados litigantes". Y enumera:

- "Un Consejo de la Magistratura sobredimensionado y burocratizado (casi 500 funcionarios y empleados para administrar un Poder Jurisdiccional compuesto por 729 magistrados, integrantes del Ministerio Público, funcionarios y empleados)".

- "Un Fuero Contencioso Administrativo y Tributario desbordado por la enorme cantidad de expedientes en trámite y por iniciarse".

- "Un Fuero Contravencional y de Faltas que desde 1998 a la fecha no ha sido completamente constituido, pese a que se le sumaron y sumarán, en un futuro próximo, nuevas competencias. Que carece de secretarios de actuación designados definitivamente por la demora en culminar los concursos públicos iniciados hace cuatro años; que carece de edificios propios donde puedan funcionar adecuadamente; que no cuenta con las plantas de funcionarios y empleados reglamentariamente previstas (sólo 4 de 24 juzgados tienen la planta completa, mientras que los restantes tienen hace casi un año una reducida, con designaciones provisorias porque no se sustanciaron los concursos, sin la estabilidad del empleo público y prolongadas licencias en la justicia nacional en el caso de numerosos agentes que de allí provienen), que no posee insumos técnicos y materiales indispensables para poder funcionar, a tal punto que el Consejo debió decretar ferias periódicas porque sólo la mitad de los juzgados podía funcionar contemporáneamente, ya que de hacerlo la totalidad se provocaban cortes de luz".

- "La falta de la total integración del Ministerio Público, y la carencia de instalaciones y personal adecuado para responder a las necesidades del servicio, hasta el punto que aún no se han siquiera concursado las dependencias previstas en la ley para el Ministerio Público en lo Contencioso Administrativo y que los integrantes del Ministerio Público del Fuero Contravencional y de Faltas se ven obligados a compartir despachos y personal".

- "Una situación de conflicto laboral que, reiteradamente, generó medidas de fuerza, la última desde mediados de noviembre del corriente año".

- "La ausencia de un régimen transparente y ágil de designación del personal, que garantice la idoneidad de los miembros del Poder Judicial, y una carrera judicial debidamente organizada, que asegure la estabilidad y el progreso en los empleos".

- "En general, la insuficiente provisión de insumos para todos los fueros y el Ministerio Público, producto de mecanismos lentos y burocráticos, que ha debido ser cubierta mediante la administración de una caja chica por parte de los magistrados, desnaturalizando tanto sus funciones como el sentido de un instrumento previsto sólo para afrontar gastos excepcionales y menores".

- "La inexistencia de toda planificación para la resolución definitiva de las deficiencias antes expuestas, y sin que se avizore el diseño de políticas y cursos de acción concretos dirigidos seriamente a superar todos estos problemas".

"Como toda crisis, tiene causas y puede tener responsables. La Legislatura de la Ciudad está ejerciendo sus atribuciones para valorar la gestión de seis de los actuales consejeros del Consejo de la Magistratura. A ella le corresponderá decidir si esos consejeros han desempeñado sus funciones con corrección. Pero, entretanto, deben adoptarse las medidas necesarias para encauzar la gestión del Poder Judicial al servicio de los vecinos", señala el escrito.

En otro párrafo, se afirma que "la tarea que corresponde al Consejo de la Magistratura es la de 'administrar' el Poder Judicial, que significa, básicamente, 'traer a la mano' de quienes juzgan, de quienes postulan y de quienes asisten a unos y a otros, los elementos necesarios para esas funciones". "Quien administra el Poder Judicial -subrayan los miembros del Colegio- debe tomar ahora decisiones que conduzcan a remover las causas que generaron el actual estado de cosas, para evitar que se repitan, cíclicamente, situaciones de emergencia. Quizás ello exija volver sobre decisiones anteriores, erróneas a la luz de sus resultados; quizás, también, sea preciso que el Consejo se abra a un diálogo honesto y respetuoso con los sectores involucrados. No hay gestión posible de la cosa pública que repose en la negación al diálogo y en la falta de decisión de lo esencial y prioritario".

"Nuestro Colegio está dispuesto a formular propuestas sobre qué hacer al respecto, y ponerlas a consideración de todos los sectores involucrados. De la misma forma, ofrece su cooperación para evaluar toda medida que tienda a resolver definitivamente esas cuestiones, para bien del Poder Judicial en su conjunto", finaliza el comunicado.