La oposición y la Iglesia, contra la resolución de aborto no punible

Horas después que se conociera la publicación oficial de la Resolución 1252 del ministro de Salud porteño, Jorge Lemus, que establece el procedimiento para la atención profesional de prácticas de aborto no punible en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires contempladas en el artículo 86, inciso 1 y 2 del Código Penal, voces de la oposición, del oficialismo y de la Iglesia comenzaron a formular sus visiones.

Aunque no llegaron a la calificación despiada de los representantes de la iglesia hicieron ("un mecanismo sistemático para eliminar porteños por nacer"), representantes de los bloques opositores rechazaron la resolución firmada por Lemus y la rotularon como "restrictiva".

La diputada kirchnerista Gabriela Alegre, miembro de la Comisión de Salud e impulsora de uno de los proyectos de Aborto no Punible en Legislatura, dijo: "Esta Resolución atenta contra el derecho de las mujeres y adolescentes a interrumpir su embarazo cuando corre riesgo su vida o en casos de violación, porque vulnera el texto del Código Penal y los criterios que estableció la Corte Suprema en su fallo histórico imponiendo requisitos y condiciones adicionales y dilatorias, como por ejemplo imponiendo el límite de gestación de 12 semanas para realizar la interrupción del embarazo. El PRO dice cumplir con el fallo de la Corte sobre el aborto, pero es una mentira más, argumentan el respeto a la institucionalidad, pero no respetan ni el Código Penal, ni el fallo de la Corte. La norma pone obstáculos, escollos y frenos".

"El protocolo desconoce claramente los derechos de las mujeres a resolver qué hacer por sí mismas y las considera como objetos a ser sometidas a largos procedimientos que vulneran su intimidad y no como sujetos dignos y autónomos que puedan resolver qué hacer ante situaciones tan complejas como cursar un embarazo producto de una violación o de riesgo para su salud", finalizó la diputada.

En coincidencia con Alegre, la diputada ibarrista María Elena Naddeo, criticó la resolución 1252 al considerarla "un grave retroceso y un instrumento para obstaculizar la realización de abortos no punibles". "Es sumamente negativa la decisión que tomó el Gobierno de la Ciudad en firmar esta resolución cuando ya tenemos dos despachos tramitando en las comisiones legislativas. Es una maniobra del Ejecutivo, cuando vio que el despacho de la oposición logró unificar distintas posturas de la oposición", dijo.

Y agregó: "La resolución limita las intervenciones en caso de violación al límite gestacional de 12 semanas, con lo cual restringe muchísimo la posibiidad de la practica del aborto. Hay jovencitas más cuando tienen algún problema mental que lo detectan en estado más avanzado y no en las primeras semanas de gestación. Esta resolución retrocede frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar porque agrega instancias de intervención que pueden alargar la decisión de realizar el aborto. Por ejemplo: Incorpora la figura de un equipo interdisciplinario más allá del equipo médico; cada hospital va a tener que solicitar autorización al ministerio para realizar un aborto no punible; se solicita autorización del representante legal para las personas menores de edad pero no aclara qué pasa casos de controversias entre padres e hija".

"Otro tema grave es que incorpora la propuesta que a las mujeres jóvenes víctimas de violación se les debe brindar, entre otras cosas, la posibilidad de tramitar la adopción del concebido. Esto está incentivando u orientando la labor de los equipos en esa dirección", concluyó Naddeo.

A primera mañana, Jorge Selser, presidente de la Comisión de Salud del Partido Socialista Auténtico se manfiestó en contra de la decisión de emitir un decreto a tal fin. "Este sistema debe ser una decisión social. Imponerlo de esta manera habla de una actitud autoritaria. Someter a una chica que ya fue violada a tener que hacer una denuncia policial es ponerla en una situación nefasta. Muchas de las violaciones son hechas por familiares cercanos, por lo que esas chicas no van a obtener el permiso de sus padres. El pensamiento de Macri antecede a 1920", dijo.

Por su parte, Laura García Tuñon, legisladora Buenos Aires Para Todos, también se refirió a la autorización de los padres o tutores porque "hay problemas con las menores y el tipo de denuncias". "El otro tema es si tiene que actuar o no un equipo interdisciplinario", advirtió la legisladora, algo que el Anexo de la Resolución contesta afirmativamente.

LA RELIGION QUE EMPAÑA LA VISIÓN

Organizaciones católicas aseguraron que el jefe de Gobierno de la Ciudad pondrá en práctica "un mecanismo sistemático para eliminar porteños por nacer" al reglamentar el aborto no punible. Según el boletín electrónico Notivida "el Gobierno nacional se valió de la Corte para imponer criterios propios y Macri se excusaría en el pronunciamiento de este tribunal para poner en práctica un mecanismo sistemático para eliminar porteños por nacer".

"A la hora de atacar la vida humana y la familia, el gobierno nacional cuenta en la Ciudad con amigos ideológicos que devienen en aliados estratégicos", señaló la agrupación a cargo de la licenciada Mónica del Río y el presbítero Juan Claudio Sanahuja.

Por su parte, el Centro de Bioética que preside Jorge Nicolás Lafferriere señaló que "espera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires revea esta resolución y se adopten medidas positivas de promoción de la madre y su niño en todos los casos, optando siempre por la vida para todos".

EN LA LEGISLATURA SIGUE LA HISTORIA

El próximo miércoles 12, a las 11, en la Comisión Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura porteña se debatirá el tema a partir de los dos despachos que se trabajaron en la Comisión de Salud. Se trata de un despacho de mayoría, firmado por el PRO, que pide que los expedientes vuelvan a Comisión, y un despacho de minoría que reproduce en lo sustancial despachos suscriptos en las comisiones de Salud y Mujer en 2009 y 2010 y establece la atención integral de abortos para los casos contemplados por los incisos 1 y 2 del articulo 86 del Código Penal, cuya interpretación constitucional fue establecida por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa F.A.L. s/medida autosatisfactiva. Este despacho fue firmado por la oposición.