Una comisión con el ojo en el Ejecutivo

A principios de año, el debate para la conformación de las comisiones y sus integrantes en la Legislatura porteña fue arduo. El ingreso de una nueva fuerza como Proyecto Sur generó nuevos tires y aflojes entre los distintos bloques y otros legisladores, como Martín Hourest de Igualdad Social, pedían que se generen otras nuevas.

Finalmente, tanto reclamo dio sus frutos y se creó la Comisión Especial de Organismo de control, que él mismo preside, y se encarga de estudiar el trabajo que realizan la Defensoría del Pueblo, la Auditoría porteña y el Ente Regulador de Servicios, y, a su vez, las respuestas que el Ejecutivo da a sus informes.

A medio año de su creación la Comisión ya emitió algunos proyectos a los que NOTICIAS URBANAS tuvo acceso.

Uno de ellos pide a la Auditoría de la Ciudad la realización de un informe sobre el contrato que firmó el Gobierno con la empresa española META 4 para la contratación del software ?PeopleNet?, utilizado para la liquidación de haberes de empleados estatales.

El pedido se fundamenta en que la Ciudad ya poseía un método para realizar este trabajo y, además, denuncia que el programa tiene fallas. También, pide que se investigue ?si es cierto que Ricardo Spartano (director General de Operaciones y Tecnología de la Subsecretaría de Recursos humanos del Ministerio de Hacienda de la Ciudad) se desempeñó como Director de Servicios para Latinoamérica de la empresa Meta 4, hoy a cargo de la liquidación de sueldos de la Ciudad?.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad realizó un informe sobre el desempeño del programa ?Ciudadanía porteña. Con todo derecho?, que garantiza el derecho a la alimentación. De este trabajo se desprende que hubo ?prácticas restrictivas y procedimientos anómalos. Entre ellos, se destaca el mecanismo irregular por el cual se efectúan bajas de beneficiarios sin notificación previa, ni motivación fundada y violentando los recaudos previstos por la propia ley de creación del programa?, entre otras críticas.

Un trabajo de la auditoría porteña también detectó anomalías en el desarrollo de este programa. Ante esto, la Comisión emitió un pedido de informes al Ejecutivo para que se exprese sobre estos inconvenientes, como también si la ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, dispuso todos los medios necesarios para el correcto funcionamiento de ?Ciudadanía porteña?.

Otro proyecto de la Comisión de Organismos de Control está relacionado con la contratación de proveedores que realiza el Gobierno porteño. Un decreto de 2001 establecía ?la obligación para el contribuyente que quisiera contratar o participar de una licitación con el GCBA por un importe superior a $ 30.000 de solicitar a la Dirección General de Rentas la emisión de un certificado fiscal, ?debiendo acreditar que no tenía deudas líquidas y exigibles en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos?.

Este requisito fue eliminado en marzo de 2009 por la administración de Macri, por eso, se pedirá que ?las personas físicas o jurídicas que se encuentren inscriptas en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores acrediten no ser deudores por ningún concepto, hecho que deberá acreditarse a través del certificado fiscal expedido por el ente recaudador de la Ciudad?.

De un trabajo que realizó la Auditoría porteña se desprenden incumplimientos por parte del Gobierno porteño en torno al trabajo realizado por la Dirección General de Atención y Asistencia a la Victima.

Entre ellos se destacan: ?incumplimiento a lo normado por el art. 3 inc. a) de la Ley 1224 en lo que respecta a la capacitación brindada al personal de policía, de justicia, de salud, de servicios sociales y demás agentes del sistema público para poder afrontar la problemática de las víctimas y garantizar una ayuda rápida y eficaz; No se han desarrollado medidas de difusión y concientización de acuerdo no se ha autorizado ningún subsidio de los previstos en el artículo 3 inciso b) de la Ley 1224?, entre otros cuestionamientos.

Tras recibir estos datos, la Comisión que preside Martín Hourest presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo se exprese ante la Legislatura al respecto, en treinta días una vez aprobado el proyecto.

Otra iniciativa propone la creación de un ?Registro Informatizado? para difundir de manera gratuita en la página web del Gobierno todas las contrataciones que realice el mismo, que superen el millón de pesos.

Como la Comisión Especial de Organismos de Control no puede emitir dictamen, los proyectos efectuados serán derivados a las comisiones correspondientes, para que puedan luego llegar al recinto. Según informaron varios de estos proyectos ya contarían con el aval de varios opositores.