Contundente respaldo de juezas y jueces a los curas villeros

Magistradas y magistrados de la Argentina brindaron un contundente respaldo a los curas villeros en su “repudio al hostigamiento institucional” por parte del gobierno porteño sobre las vecinas y vecinos de los barrios más populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU Argentina) expresó hoy su pleno apoyo al comunicado emitido por el Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares de Argentina con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, donde los párrocos exigieron a la gestión que encabeza Jorge Macri respuestas concretas frente a planteos históricos para mejorar las condiciones de vida de los sectores más postergados del distrito. Recogiendo el reclamo de los curas villeros, quienes se refirieron al “secuestro de carros a cartoneros, la confiscación de mercadería a vendedores ambulantes, la violencia seguida de muerte, la denigración a personas en situación de calle y el desprestigio sistemático hacia quienes se organizan para dar comida o abrigo a sus hermanos y hermanas”, COPAJU Argentina sostuvo que “estas prácticas no son hechos aislados. Son la expresión visible de un discurso que convierte la pobreza en amenaza y a los pobres en enemigos”. Con la firma de su coordinador, César Raúl Jiménez, el Comité reiteró “que no hay legitimidad en el ejercicio del poder cuando ese ejercicio se aleja de la construcción de sociedades justas”, y advirtió sobre ciertos discursos públicos que en la actualidad “promueven, de modo explícito o implícito, una visión de los sectores vulnerables como problema a suprimir en lugar de sujetos de derechos a acompañar”. COPAJU Argentina alertó que “esos discursos no son inocentes: hieren la convivencia, alimentan la violencia y siembran odio donde la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos exigen integración, dignidad y protección”. Y recordó que ya el Papa Francisco había señalado con claridad que “el principal problema ético de este capitalismo es la creación de descartados para después tratar de esconderlos”. En su acompañamiento a los curas villeros, las magistradas y magistrados subrayaron que “ninguna reforma normativa puede hacerse a expensas de los sectores más vulnerables”, ratificaron que “el acceso digno al suelo y a la vivienda hace a la dignidad de las personas” y señalaron “la exclusión habitacional como fenómeno estructural que el ordenamiento jurídico tiene el deber de revertir, no de profundizar”. Por eso, ante el pedido de los sacerdotes de las parroquias populares de CABA, afirmaron: − “Que los cartoneros, los vendedores ambulantes, los habitantes de villas y asentamientos, las personas en situación de calle son titulares plenos de derechos constitucionales e internacionales, que el Estado debe garantizar y no vulnerar”. − “Que el ejercicio de la violencia institucional contra estas personas es ilegal, inconstitucional e incompatible con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos”. − “Que el discurso que criminaliza la pobreza y estigmatiza a los pobres crea condiciones propicias para la violación sistemática de derechos y debe ser rechazado con firmeza por todas las instituciones del Estado”. − “Que las organizaciones que asisten a los más vulnerables −como el Hogar de Cristo y las comunidades parroquiales firmantes− ejercen una función social y espiritual de primer orden que merece reconocimiento y protección, no hostigamiento”. COPAJU Argentina también instó a las autoridades del gobierno porteño a: – "Cesar de inmediato con toda práctica de hostigamiento, violencia o denigración hacia vecinos y vecinas de barrios populares, vendedores ambulantes, cartoneros y personas en situación de calle". – "Evitar discursos públicos que promuevan la estigmatización de los pobres o que alienten una mirada de clase y de odio hacia los sectores más vulnerables de la sociedad". – "Abrir, con seriedad y voluntad política, las mesas de diálogo propuestas por los curas villeros, en las que participen el gobierno, la sociedad civil y las comunidades afectadas". – "Retomar el financiamiento de las obras de infraestructura en los barrios populares, como condición mínima de integración socio-urbana que la legislación vigente ya reconoce como derecho". Frente a este escenario, el capítulo local del Comité subrayó “el papel vital del Poder Judicial como último resguardo contra la vulneración de derechos” y reiteró que tal es la misión de sus integrantes: “Estamos aquí para que el deber ser pase a ser. Para que la justicia no quede en las páginas de los tratados, sino que se encarne en la vida de los más descartados”. La declaración de COPAJU Argentina concluye con un claro llamado al compromiso efectivo: “Hoy, como ayer, ‘¡ninguna persona sin dignidad! ¡Ninguna persona sin esperanza!’. No como gesto retórico, sino como mandato constitucional, como compromiso franciscano y como exigencia de la conciencia jurídica más elemental”.