Contratos bajo la lupa: esposa de Adorni pidió "inocencia fiscal"
La esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Bettina Angeletti, solicitó su adhesión al régimen de regularización tributaria, conocido como "inocencia fiscal", en medio de una investigación judicial que analiza sus vínculos comerciales con proveedores del Estado. El juez Ariel Lijo intenta determinar si existieron negociaciones incompatibles con la función pública a través de +Be, la consultora de Angeletti, la cual recibió pagos millonarios de empresas contratistas estatales. La solicitud, realizada el pasado 31 de mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), permitiría a la mujer del funcionario "declarar ingresos y activos no informados anteriormente sin sufrir sanciones penales".
La situación fiscal de Angeletti ha generado controversia, dado que durante años figuró como monotributista y, hasta octubre de 2025, no se había inscripto en el IVA ni en el impuesto a las ganancias, a pesar de que Adorni ya ocupaba un cargo estratégico en el círculo íntimo del oficialismo. Según los registros oficiales, la mujer del jefe de Gabinete solicitó sumarse a los beneficios de la Ley 27.799 para el período fiscal 2025. Este pedido ocurre en la previa a que el propio Adorni presente su declaración jurada patrimonial, trámite que el funcionario ha demorado y que la senadora Patricia Bullrich defendió señalando: "Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15".
En el ámbito judicial, el expediente a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Lijo investiga presunto enriquecimiento ilícito y cohecho. Entre las pruebas analizadas figuran contratos de la consultora +Be con firmas como Grupo Datco, que pagó facturas por montos de "$2.015.900 cada una" por servicios de capacitación, y la naviera National Shipping, que reportó pagos de hasta $2.800.000 en octubre de 2025. Los investigadores buscan definir si estas contrataciones constituyen una maniobra para canalizar fondos provenientes de empresas que, simultáneamente, mantienen negocios con organismos públicos como el BCRA, AYSA y YPF.
Cara de piedra Angeletti
— Pablo Rizzi (@Budijoly) June 10, 2026
La mujer de Adorni, Bettina Angeletti, se habría inscripto en el regimen de inocencia fiscal que promovió @JMilei para que los evasores fiscales blanqueen sus fortunas.
Con el kirchnerismo no hubiera podido.
Con Macri y Milei evaden hasta los ministros. pic.twitter.com/BJ5puUTYQ8
La investigación también pone la lupa sobre los gastos familiares y adquisiciones inmobiliarias recientes que no guardarían correlación con los ingresos declarados. Se destaca la compra de un departamento en Caballito en 2025, por el cual el matrimonio abonó "30.000 dólares en efectivo" y contrajo una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses otorgada por dos jubiladas. Asimismo, el contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete le pagó "245.000 dólares en efectivo, y sin pedirle factura" por refaccionar una propiedad en el country Golf Club Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
El desbalance patrimonial se profundiza al analizar los consumos con tarjetas de crédito, que solo durante el año pasado sumaron "más de 85,1 millones de pesos", promediando unos 7 millones mensuales. Esta cifra duplica el sueldo oficial de Adorni, que se situaba en 3,5 millones, mientras su esposa mantenía su condición de monotributista ante el fisco. Además, se investigan gastos por "27.658 dólares en viajes realizados al exterior" de la familia a destinos como Punta del Este, Aruba y España, junto con deudas privadas no declaradas que complican la justificación del nivel de vida del matrimonio.
Ante las consultas periodísticas sobre la situación fiscal de su esposa, el jefe de Gabinete ha optado por el silencio, mientras el Gobierno apuesta a que el inicio del Mundial 2026 en Norteamérica ayude a diluir el impacto mediático de estas revelaciones. Sin embargo, la adhesión de Angeletti al régimen de "inocencia fiscal" es vista por sectores de la oposición como una contradicción con el discurso de transparencia que Adorni pregona desde el atril presidencial. La Justicia continúa analizando el contenido de dispositivos electrónicos incautados para determinar el alcance de las presuntas negociaciones incompatibles con la gestión pública.
