Congreso: frenética embestida libertaria para obtener su reforma prioritaria

El miércoles último, casi al mediodía, la Cámara Alta comenzó a tratar el tema que más desvela a la gestión libertaria, el que convirtió al resto de ellos en cotillón. No obstante, las manos levantadas no pudieron obviar la movilización en las puertas del Palacio, que resultó en una gran cantidad de heridos y detenidos. El quórum fue asegurado con dificultad y se conoce que Patricia Bullrich, en su desempeño como presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, escondida tras el hermetismo reinante por estos días, tuvo que aceptar varias modificaciones al despacho que se firmó el pasado 18 de diciembre.

Luego de la votación en general, que se produjo a la 1:23 de la mañana, comenzó la votación en particular, que fue por Títulos. El primero fue el de modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo; siguió la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL); las modificaciones a la Ley de Procedimiento de Justicia Nacional del Trabajo y así hasta el título XXVI. En las afueras, la CGT y diferentes organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se movilizaron desde las primeras horas del día. Desde la Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía (APJAE) manifestaron de manera categórica su oposición a la nueva ley: “Implica un avance regresivo sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, una afectación directa a los convenios colectivos de trabajo y un debilitamiento deliberado del rol de las organizaciones sindicales”. La organización comunicó que “no constituye una modernización del sistema de trabajo, sino que representa un ajuste directo sobre los trabajadores, avanzando sobre derechos conquistados, debilitando los convenios colectivos de trabajo y profundizando la precarización laboral”.

Cabe destacar que los tiempos para lograr la sanción de la Ley no alcanzan, porque aún con la aprobación en Senado debe pasar otra prueba que es Diputados y por calendario sólo queda el martes 18 de febrero para emmitir dictamen. El reglamento establece que se necesitan diez días para convocar a sesión y las sesiones extraordinarias terminan el 27 de febrero. Con este escenario, el Ejecutivo puede prorrogar las sesiones un día más o conformarse con media sanción y abocarse al periodo ordinario que arranca el 1° de marzo. La actual gestión se concentró en lograr su principal cometido desde los inicios de su mandato y llegó al recinto con la garantía de que el Pro, la UCR y los representantes de las gobernaciones van a acompañar. Tras este ineludible paso se llevaron a cabo un total de 26 votaciones en particulares dirigidas a cada Título, lo cual extendió la jornada hasta las 4 de la madrugada.

Con varios tópicos pendientes, la vedette de esta convocatoria a extraordinarias fue sin dudas la Reforma que encapricha al mileísmo y fue exigida por intereses extranjeros en un contexto de receso económico, cierres de empresas, caída del consumo y malestar en las fuerzas policiales de Santa Fe. Desde las asociaciones de trabajadores se enfatizó que “bajo el falso argumento de la eficiencia y la competitividad, esta reforma pretende flexibilizar condiciones laborales, reducir garantías y desproteger a quienes sostienen diariamente el funcionamiento de los sectores estratégicos del país, afectando de manera directa la dignidad del trabajo y el rol fundamental de las organizaciones sindicales”.

Trabajo contra las cuerdas

Con ecos en todos los espacios políticos y sociales, las reformas que desvelan al grupo gobernante se abren paso ante las resistencias. Eduardo Valdés, diputado nacional (Ciudad de Buenos Aires-Fuerza Patria) admitió que “en Diputados, lo que nos toca votar es un papelón. Estamos hablando de la baja imputabilidad de menores, donde el Gobierno el lunes presentó un proyecto para bajar la imputabilidad a 13 años, en tanto que nuestro dictamen lo lleva a 16 años. Luego, el martes lo retiraron para presentar otro, con el fin de que el jueves lo tratemos. Es un bochorno para la dignidad de la vida de las personas y, especialmente, para la profundidad del tema que tenemos que tratar. En esta semana se dio a conocer el fallo del Juez Casanello y el fiscal Picardi, que muestra que el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad era el principal responsable de delinquir y lo hacía embromando a las personas con discapacidad y poniendo de funcionario a un director nacional de pensiones que le decían el terror de los rengos. En esa crueldad que estoy mencionando, pretenden en esta semana quitarles los derechos a los trabajadores e imputar a los menores”.

Luego, el exembajador en el Vaticano advirtió que “está claro que están los unos y los otros. Los unos son ellos y los otros son los trabajadores, los discapacitados, los jubilados, las personas con discapacidad y los menores. Por supuesto que no son los menores de ellos a los que les van a bajar la edad de imputabilidad, porque seguramente los de ellos no serán imputados”.

Desde una perspectiva amplia de acuerdo a la cosmovisión nacional e internacional, Gustavo Córdoba, Magister en Comunicación Política y politólogo subrayó que “en principio, el Gobierno no debería tener mayores sobresaltos en la aprobación en general en el Senado de la iniciativa. Si bien puede tener algunos dilemas, no existe mayor inconveniente para el oficialismo en salir airoso en su afrenta. Debemos estar atentos y observar cómo se va uniendo el sector sindical en la narrativa anti reforma”. Córdoba, en su rol de analista político y especialista en comunicación electoral y gubernamental de Zuban Córdoba, consultora de la cual es director expresó que “que salga del Senado no significa que en Diputados tenga la misma suerte. Hay una mirada que coincide en que recién en marzo se pueda tratar en Diputados, debido a que son temas sensibles, que cuentan con protección y garantías constitucionales. En este punto, hay algunos que se preguntan si en realidad el gobierno pretende forzar la sanción de una ley o en su lugar debería intentar hacer una reforma de la Constitución. Si así fuera, estamos hablando de un proceso mayor, de más complejidad para el que no creo que le den los números al gobierno. Con lo cual, la potencialidad de que algunos temas en general terminen judicializados es realmente alta”, para concluir que “por tal motivo, habrá que ver cómo se maneja el Gobierno y cómo se maneja en relación a los gobernadores. Si le creen al Gobierno que esta vez le van a cumplir lo que promete¨.

En un tablero ríspido y acelerado por colar aprobaciones por la ventana, se encamina febrero hacia su desenlace. El analista Facundo Londeiro planteó que “es políticamente posible que el Ejecutivo prorrogue las sesiones extraordinarias si el Senado le da media sanción y todavía falta dictamen o tratamiento en Diputados. No sería un movimiento extraño: cuando un proyecto es central para la agenda de gobierno, la Casa Rosada suele estirar la ventana legislativa para evitar que el impulso político se enfríe o que el debate se traslade a un contexto menos favorable, como puede ser marzo, con actividad plena y mayor conflictividad”.

De espaldas al afuera

El periplo que encaró con todas sus fichas el oficialismo, calmó la obsesión presidencial. Con el apoyo de los dialoguistas, aprobaron la norma por 42 votos a favor y 30 en contra. Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli siguieron la votación desde el hemiciclo. En todas las votaciones, La Libertad Avanza obtuvo 40 votos o más, a excepción del título de la derogación del Estatuto del Periodista y otros estatutos. Las acepciones votadas preocupan como las "nuevas reglas" para la licencia por enfermedad, con la intención de reforzar "el derecho del empleador a control médico y junta médica". Así se introdujo que, si la dolencia del trabajador no derivara de su actividad laboral, éste podría percibir no el 75% del salario sino el 50%. En torno a las indemnizaciones solo se considerarán conceptos "mensuales, normales y habituales", y se excluyen adicionales no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones. La indemnización pasa a ser "la única reparación frente al despido sin causa", un reclamo histórico de empresas y aseguradoras para limitar una litigiosidad que está sobreestimada por ellos.

Por otra parte, se incluyó el "banco de horas", a partir del cual el empleador y el empleado podrán pactar cambios en el horario laboral. Es decir, no se tratará de horas extra, sino de una compensación con días. Así también otra modificación es que las vacaciones, en tanto, podrán tomarse entre el 1ro. de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de pactar otro período y de fraccionarlas en bloques no inferiores a 7 días.

Ahora, le queda expedirse a la Cámara de Diputados, que probablemente tenga la oportunidad de hacerlo antes de que cierre el periodo extraordinario, aun con el calendario marcado por los feriados de Carnaval. Desde la mesa política aseguran que no dejaran que disminuya el envión y que el presidente Javier Milei emitirá un nuevo decreto, que materializará la prórroga prevista para un día más, es decir el sábado 28 de febrero, para dar con los plazos.