Congreso: espacios en conflicto acrecientan la brecha, con una agenda cambiante

En los días que corren se alinearon en la grilla parlamentaria los debates pospuestos por el oficialismo. A la cabeza figuran el proyecto de la inviolabilidad de la propiedad privada, la Ley Hojarasca y la tardía presentación del todavía jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Éste cumplirá por primera vez su deber constitucional de brindar un informe de gestión, en medio del temporal de denuncias contra sus excesos presupuestarios que arrastra el Gobierno. Se puede decir que el palacio legislativo atraviesa por estos días una tensa calma, la habitual que precede a los ventosos días de mayo.

La oposición, que busca el equilibrio en el proceloso mar parlamentario, convocó a la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia para abordar una serie de proyectos de ley relacionados con el endeudamiento de las familias, sobre todo, con tarjetas de crédito. La morosidad se ha incrementado en los últimos meses para gastos familiares relacionados con la canasta básica alimentaria. Lejos quedó, por supuesto cualquier viso de consumo ligado al ocio y el entretenimiento.

En el marco de reconocimiento de tal escenario se da el tratamiento de las 18 iniciativas presentadas por legisladores de un variopinto espacio opositor, que incluye a Gabriela Estévez, Kelly Olmos, Andrea Freites, Santiago Roberto, Roxana Monzón, Diego Giuliano y Guillermo Michel, de Unión por la Patria y a Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas y de otros legisladores de partidos provinciales, que representan las necesidades del territorio.

Según el último informe del Banco Central (BCRA), la morosidad en créditos de familias trepó al 5,7% en julio, el nivel más alto desde que se inició la serie estadística, en 2010. En riesgo permanente se encuentran la cobertura de los gastos familiares y a nivel comercial, la cadena de pagos pende de un hilo.

La paz legislativa alcanzada, tras dos años de batallar en minoría, no le alcanza al oficialismo para no pasar sobresaltos, jaqueado por el costo de las denuncias de corrupción, la inflación que se aleja de lo proyectado y el esquivo costo de vida, que impacta en los salarios. En ese contexto, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria-Ciudad de Buenos Aires) se refirió a la última sesión referida a los Glaciares. “Hay una falsa discusión, que habla de desarrollo, cuando hay una competencia de empresas que está lejos de cualquier necesidad de los argentinos”. Del mismo modo, anticipó que “nosotros vamos a seguir empujando para que funcione la Comisión de Juicio Político, como en el caso $Libra, que hubo mal desempeño de funcionario público”. Hagman concluyó que “los escándalos de corrupción lo que hacen es alimentar lo que creemos desde siempre: éste es un modelo de saqueo, de empobrecimiento y lejos está de lo que postulan, que es combatir a la casta”.

En tanto la Cámara Alta transita un escenario de aparente armonía. El Senador José Mayans (Unión por la Patria- Formosa) explicó que su atención está en reuniones de las comisiones de la semana, cuando se reanuda la plenaria entre Asuntos Constitucionales y Legislación General, en cuarto intermedio tras la exposición del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa establece modificaciones a la Ley de Expropiaciones y al Código Procesal Civil y Comercial; al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana; a la Ley de Tierras; a la Ley de Manejo del Fuego y a la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble.

El texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se extiende entre las modificaciones a la Ley de Expropiaciones (N° 21.499), en la que se incorpora expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización.

Desacreditados

El oficialismo no encuentra el sosiego necesario en el recinto, frente a las tempestades que los últimos tiempos desataron olas imprevistas. Un nuevo frente nuboso se manifiesta a través de un pedido de informes de Esteban Paulón, que busca determinar si hubo irregularidades, como condiciones preferenciales, excepciones a las normas o evaluaciones de riesgo desfavorables en los créditos para funcionarios otorgados por el Banco Nación. En consonancia, el diputado Claudio Leiva (Unión por la Patria- Chaco), atento a las últimas novedades sobre los créditos otorgados, declaró que “más allá de que traspase los espacios políticos, no hay duda de que los hombres y mujeres tuvieron información privilegiada para acceder a esos créditos. No tengo duda de que lo hicieron a sabiendas cuando decían que había que privatizar el Banco Nación”. De acuerdo con los registros públicos del Banco Central, hay al menos nueve funcionarios y diputados de La Libertad Avanza que accedieron a créditos hipotecarios del Banco Nación por hasta $ 400 millones. Los beneficiados sostienen que los créditos son líneas en UVA, abiertas a cualquier persona que califique y que no hubo discrecionalidad ni excepciones. Mientras tanto, desde el Banco Nación se aclaró que el proceso para acceder a esos préstamos es “homogéneo, sin excepciones”.

El clima inestable con altas probabilidades de tormentas no augura refugio en ningún sitio y las críticas recrudecen. Así, en su discurso ante el AmCham Summit, el presidente Javier Milei denunció un “ataque destituyente” desde el Congreso, atribuyendo a la actividad parlamentaria parte de la inestabilidad económica de 2025, haciendo pie en su frecuente postura beligerante. En el devenir de su presentación auguró que no frenará el ajuste, la desregulación ni las reformas estructurales, frente a cualquier resistencia o declamación del Congreso. Genio y figura…