Inspección judicial en la "Toma" de la Villa 21-24

Donde las aguas estancadas y oscuras del Riachuelo bordean la Capital Federal, en el barrio de Barracas, es que se aproximaron funcionarios judiciales y de la Defensoría del Pueblo este miércoles al mediodía. La recorrida judicial, que duró desde las 12 hasta poco después de las 14, ordenada por el juez porteño Andrés Gallardo, que él mismo encabezó, fue acompañada por el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, y la representante de la Defensoría del Pueblo especialista en el área de vivienda, Silvina Pennella.

Los funcionarios judiciales con custodia policial, además de 2 patrulleros y un comisario que era la sombra de Gallardo, primero llegaron a las puertas de la parroquia Caacupé ubicada en la calle Osvaldo Cruz. Desde ahí la comitiva judicial llegó hasta el comedor comunitario "Padre Daniel Sierra". En ese lugar explicaron los funcionarios judiciales a los vecinos las razones de su llegada.

Los motivos de la inspección judicial en la Villa de Barracas -semejante a la de este martes en Parque Roca por la Villa Cartón- se enmarcan en un expediente que nació del incumplimiento de los procesos electorales en las Juntas Vecinales de la Villa 20 y Los Piletones.

En el caso de la "Toma" de la villa 21-24 en Barracas lo que estaría en infracción es la falta de servicio públicos y las precarias condiciones de vivienda para muchas de las familias que fueron socias de la Mutual Flor del Ceibo, propietaria de las tierras gracias a la venta del Gobierno Nacional en el año 1992, tierras que en su momento eran adyacentes al ferrocarril y que luego se convirtieron en basurales.

El 28 de diciembre de 2006, días previos hubo dos recorridas judiciales por el asentamiento ubicado en diagonal al Centro de Salud N °8, el juez Gallardo sentenció al Gobierno porteño a que otorgue luz y agua potable, "algo que nunca se cumplió" expresó a NOTICIAS URBANAS el funcionario judicial que debe velar por los derechos de todos los menores de edad, Gustavo Moreno.

Frente a la falta de acceso a servicios públicos de cientos de familias, el asesor tutelar de menores comentó a este medio que determinó multar pecuniariamente al jefe de Gobierno, Jorge Telerman, y al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Claudio Freidín. El juez Gallardo es quien deberá determinar si acepta la sanción sobre los funcionarios dictada por Moreno.

"El Estado Nacional y Ciudad criminaliza los derechos que vulnera", expresó Moreno a NU mientras abandonaba la calle Osvaldo Cruz a metros del CeSAC para adentrarse al barrio San Blas, llamado así por sus vecinos que no quieren ser reconocidos como "La Toma". Detrás de Moreno, Gallardo y demás personal judicial lo acompañaba una caravana de vecinos. Todos se detuvieron a conversar en el polideportivo, que fuera saqueado y que actualmente se está poniendo en condiciones por los vecinos del barrio San Blas.

Entre los vecinos que rodeaban la inspección había un grupo de estudiantes de abogacía, los que hablaron dentro del polideportivo con el juez. Este equipo de jóvenes universitarios viene desde hace más de un año asesorando a los vecinos en cuestiones jurídicas, relacionadas desde la violencia familias y el acceso a servicios públicos, entre otros temas.

Los vecinos, en gran parte inmigrantes paraguayos, comentaron como fue su proceso de instalarse en tierras que durante años fueron basurales y vivienda para ratas pero que en realidad habían sido asignadas para construir viviendas. "Muchos éramos socios de la Mutual El Ceibo pero nunca se hizo nada. Luego fuimos a las tierras porque los alquileres e inquilinatos son caros", expresó Juan que trabaja en la reconexión del agua corriente del polideportivo. "Con el tiempo hicimos el mapa porque con los vecinos en asamblea decidimos ponerle nombre a las calles mediante carteles (son negros y con letras blancas inscriptos en tablas de madera colocadas en las esquinas). Los mapas los repartimos en la iglesia, la salita y en la comisaría. De hecho muchos vecinos cambiaron la dirección de su DNI por la nueva y hasta llega el cartero", comentó en una ronda con periodista uno de los abogados de las familias.

El desalojo es otro tema conflictivo. El 12 de julio el juez federal Rodolfo Canicoba Corral dictó desalojo para el barrio San Blas ex "Toma". El 22 se tendría que haber efectivizado la expulsión de unas 500 familias. El hecho no se produjo y la justicia porteña intercedió a favor de los vecinos, argumentando, mediante las actuaciones de la Defensoría del Pueblo a cargo de Alicia Pierini, que los terrenos delimitado por las calles Iguazú, avenida Amancio Alcorta, terrenos de la CEAMSE (Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado), vías del ex Ferrocarril General Belgrano Norte, calle Luna y costa del Riachuelo, es decir las manzanas 51 a 78, fueron vendidas por el Gobierno Nacional a la Asociación Mutual "Flor de Ceibo - Villa 21" (que representa a la totalidad de los villeros) mediante boleto de compraventa el 19 de junio de 1992. La venta tuvo como fin que en dicho predio se construyan viviendas económicas para los socios de la Asociación Civil y sus grupos convivientes. Eso es una deuda.

Además en la causa penal que tramita el fuero federal no fueron informados del desalojo los menores de edad, "siendo que los niños son sujetos de derechos y ninguna persona aún menor edad puede ser afectada por una sentencia sin haber sido notificada", sostuvo en su presentación Moreno.

En la recorrida judicial también los vecinos comentaron de otros problemas como las deficiencias del CeSAC N° 8. "Desde que asumió la nueva jefa del centro, Beatriz Belloni, no se está cumpliendo con la atención adecuada. Que se restablezcan los programas de asistencia comunitaria y se restituya a dos profesionales, una nutricionista y otra pediatra", comentó Mirna a NU, que avaló sus palabras entregando un documento firmado por miembros de una decena de comedores comunitarios de la Villa 21-24.