CABA más cerca de administrar la Justicia Laboral tras acuerdo con Nación
El Gobierno nacional y la administración de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo para avanzar en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño, un paso que forma parte de un proceso de transferencia de competencias entre ambas jurisdicciones. La medida todavía requiere la aprobación del Congreso para concretarse plenamente, pero representa un avance político en una discusión que lleva años. “Es un nuevo hito en la autonomía”, destacó el ministro de Justicia de CABA, Gabino Tapia.
La decisión fue habilitada mediante un decreto presidencial que delegó en el jefe de Gabinete la facultad de firmar el convenio correspondiente. Según se informó oficialmente, el objetivo es transferir las funciones judiciales laborales desde la órbita nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, redefiniendo así responsabilidades institucionales.
Entre los fundamentos jurídicos se menciona que el fuero laboral se creó cuando Buenos Aires aún no tenía autonomía política, condición que cambió con la reforma constitucional de 1994. En ese marco, normas posteriores habilitan acuerdos entre Nación y Ciudad para transferir organismos, competencias y recursos, lo que sustenta el actual proceso.
Ante el próximo tratamiento del Proyecto de Ley de Modernización Laboral, enviamos una nota a la Cámara de Senadores, a fin de solicitar que se deje sin efecto la reducción de honorarios regulados para auxiliares de la justicia.
— Consejo CABA (@ConsejoCABA) February 10, 2026
En la presentación destacamos el rol esencial e… pic.twitter.com/UIysQs8PLY
La iniciativa, sin embargo, genera resistencias en algunos sectores del ámbito judicial laboral, donde existen preocupaciones sobre las implicancias institucionales y operativas del traspaso. Se trata de un debate que involucra tanto cuestiones administrativas como el futuro funcionamiento del sistema de justicia del trabajo.
Desde el punto de vista político, el avance del acuerdo se inscribe en una agenda más amplia de reorganización de competencias entre el Estado nacional y la Ciudad, que en los últimos años incluyó discusiones sobre transporte, seguridad y financiamiento. El traslado del fuero laboral aparece ahora como uno de los capítulos más sensibles de esa dinámica.
De todos modos, la implementación definitiva dependerá del aval legislativo. El Congreso deberá analizar el convenio para que el traspaso tenga plena vigencia, en un contexto donde la iniciativa promete generar debate tanto en el plano político como en el judicial.
