Toma y denuncias de agresión en una escuela porteña
Frente a la negativa del Ministerio de Educación de la Ciudad de reabrir los cursos cerrados en el colegio Nº 13 Tomás Espora, ubicado en la calle Gallardo al 100 (Liniers), los alumnos de 4º y 5º año decidieron tomar el establecimiento y, mañana al mediodía, brindarán una conferencia de prensa junto a legisladores y dirigentes gremiales.
Los estudiantes argumentan su decisión ante ?infructuosas negociaciones? y la ?insensibilidad puesta de manifiesto? por funcionarios de Educación, quienes, por su lado, acusaron a los alumnos de haberlos agredidos con puntapiés y escupitajos durante una reunión que se realizó el pasado viernes. Por este motivo, Max Gulmaenelli, director general de Educación Estatal, y Eduardo García del Rio, director de Educación Media, radicaron una denuncia policial en la comisaría 44, que es la que interviene en el caso.
Sobre la medida de fuerza, Carlos Oroz, secretario General de Ademys, señaló: ?Macri ha abandonado por completo a la escuela pública. El viernes pasado en el colegio de educación artística Yrurtia de Juan.B. Alberdi al 4750 hubo un escape de gas que dejó a un montón de alumnos descompuestos; es una suerte que no haya pasado a mayores. Hoy padres y alumnos están definiendo qué medidas van a tomar, es una muestra más de que si no nos hacemos cargo nosotros el gobierno de la Ciudad no existe?.
En la escuela Nº 13, a través de la política de integración, el Gobierno porteño realizó la fusión un cuarto año de 10 y 9 alumnos y un quinto año de 8 y 7 alumnos. ?A partir de la fusión de 2 cursos, tanto el cuarto como el quinto año tendrán tres divisiones en lugar de las cuatro originales, sumando un total de 60 y 51 alumnos respectivamente?, informaron desde Educación.
La política de Integración que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad recibió un fallo positivo del Juez en lo Contencioso Administrativo Hugo Zuleta, quién resolvió el día 17 de abril avalar la medida. Según el fallo del magistrado, ?no se advierte que la decisión adoptada por la administración resulte reñida con la normativa vigente" y advierte que "del mero hecho de que tal pauta jurídica disponga límites numéricos -máximos y mínimos- para la conformación de los cursos no se sigue que ello resulte reñido con criterios pedagógicos, afecte la calidad educativa o resulte violatorio de los derechos constitucionales invocados".
