Fuertes críticas al Proyecto de Ley de Discapacidad
La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad -REDI- viene a manifestar el más absoluto repudio hacia el tratamiento legislativo del Expediente Nº 941-D-2003, que pretende reglamentar el art. 43 de la Constitución de esta Ciudad, respecto al cumplimiento del cupo laboral reservado para personas con necesidades especiales.
El citado proyecto de ley, consensuado por quienes ejercen sus funciones de legislador en connivencia con las autoridades del Poder Ejecutivo que siempre ha soslayado la temática, es injurioso para el sector al que pertenecemos, contrario a todas las normas internacionales suscriptas por nuestro país y muestra a las claras cómo se vulneran los preceptos constitucionales que ese cuerpo deliberativo debería atender principalmente.
Habiendo tomado conocimiento de la intención de que dicho proyecto sea votado en sesión de fecha 7 de octubre de 2004, sólo nos resta recordar al resto de los legisladores la esencia de su mandato, como es la de representar los intereses de quienes los han erigido en autoridades.
Recordar, asimismo, que el mandato constitucional que ordena asegurar un cupo mínimo del cinco por ciento (5%) dentro del personal de la Administración Pública local y de las Empresas a las que el Poder Ejecutivo concesiona servicios del sector público, tiene como antecedente la Ley nacional nº 22.431, actualmente modificada por Ley nº 25.689, que imponía la reserva de un cupo del 4% en la ex Municipalidad de la Ciudad, y que fue sistemáticamente incumplido por todas las autoridades de turno, desde 1981.
Las sucesivas crisis económicas, los reiterados congelamientos de vacantes, la falta de censos a esos efectos sobre el personal de la Administración han servido como pretextos para no dar cumplimiento a las normas citadas. Pero sí han resultado un beneficio exclusivo para los clientes de los partidos gobernantes y políticos acólitos que, lejos de sufrir las consecuencias nefastas del modelo político-económico imperante -causa y efecto de aquellas situaciones justificantes-, han sido beneficiados con contratos de empleo bajo distintas modalidades. Esas designaciones llenan las páginas de los Boletines Oficiales con el beneplácito de quienes deberían instar las medidas de equiparación de oportunidades e igualdad de trato con que la Constitución Nacional ha distinguido a los sectores vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad.
El proyecto de ley que se objeta, en su art. 1º se refiere sólo a planta permanente, cuando se sabe que el congelamiento de vacantes torna la norma de cumplimiento imposible. Toda norma debiera indefectiblemente garantizar el cumplimiento del cupo laboral también para planta transitoria y toda modalidad de contratación vigente. Argumentar que las personas con discapacidad sólo merecen seguridad laboral es garantizar que jamás tendrán acceso a empleo alguno, reforzando la equivalencia entre discapacidad y desocupación.
Si bien nuestra organización el 23 de junio de 2003 manifestó su interés por el Proyecto que se sustanciaba por Expediente Nº 941-D-2003, inicialmente presentado por el diputado Ricardo Busacca, dicho proyecto ha sido absolutamente desvirtuado por la acción de los Diputados Mónica Bianchi, Juan Manuel Velasco, Norberto La Porta, María Soledad Acuña, Álvaro González y Martín Borrelli, quienes "negociaron" el texto con el Poder Ejecutivo.
Votar a favor del proyecto de marras sería consensuar la violación de uno de los derechos humanos más elementales, como es el trabajo, y ser cómplice de una actitud discriminatoria que nada tiene que ver con un sistema democrático.
Votar a favor del proyecto mencionado es burlarse de todos aquellos que han esperado pacientemente que su inscripción en el Registro de Aspirantes creado por Decreto nº 3649/88 fuera respetado por las autoridades competentes para definir su integración laboral.
Votar a favor del proyecto señalado es admitir la representación de las autoridades ejecutivas -prueba de lo cual es la ausencia de objeciones por parte de la Comisión para la Plena Integración de las Personas con Necesidades Especiales (COPINE) en el Expediente referido-, en lugar de representar los derechos constitucionalmente reconocidos a las personas con discapacidad -llamadas en la Ciudad "con necesidades especiales" con la intención de desdibujar la problemática concreta-.
Muchas acciones han realizado las personas con discapacidad en aras de concienciar a los legisladores y a los funcionarios en general respecto al tema que nos ocupa; mucho han trabajado, gratuitamente, los interesados sobre distintos Proyectos de reglamentación del art. 43 de la Constitucional, para que el 7 de octubre del corriente año, este simulacro de integración sea votado impunemente.
En resumen, cada uno de los legisladores debería votar en contra del Proyecto cuestionado, sencillamente porque es anticonstitucional, antidemocrático, discriminatorio y violatorio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, lo que, sin dudas, de concretarse, dará lugar a la pertinente acción declarativa de inconstitucionalidad.
