La selección, entre acuerdos y polémicas

La Legislatura porteña aprobó el año pasado la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad (Ley 7) creando nuevas estructuras, principalmente juzgados de primera instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, y fiscalías y defensorías en lo Penal, Contravencional y de Faltas. A pesar de haber sido aprobada la ampliación de la justicia porteña, y ante la posibilidad de aumentar las competencias con el traspaso de delitos de la justicia nacional ordinaria, la realización de concursos para designar nuevos jueces, fiscales, defensores y secretarios aún están en veremos debido a la demora de la Legislatura en enviar al Consejo de la Magistratura el listado de los integrantes de los jurados que representan al parlamento porteño.

Tras varios meses de discusiones y negociaciones, y apurados por la presentación de un proyecto de resolución del oficialismo con los candidatos del PRO para integrar el listado, la Comisión de Justicia de la Legislatura logró emitir un despacho de mayoría y otro de minoría.

La cantidad de candidatos a integrar los jurados fue tema de larga discusión en las reuniones de comisión. La Constitución de la Ciudad establece que los jurados ?se integran por sorteo en base a listas de expertos confeccionadas por el Tribunal Superior, la Legislatura, los jueces, el órgano que ejerce el control de la matrícula de abogados y las facultades de derecho con asiento en la Ciudad?. Y la ley Orgánica del Consejo de la Magistratura define que ?el total de integrantes de las listas de expertos es de treinta jurados, correspondiendo seis por cada sector indicado por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que deben estar representados equitativamente, no pudiendo proponer cada sector mas del setenta por ciento del mismo sexo?.

Esta normativa generó diversas posturas. Por un lado estaban quienes afirmaban que la Legislatura debía designar sólo seis expertos para que luego el Consejo sortee entre ellos a los que integrarán los jurados de cada concurso. Otros afirmaban que se debían enviar al Consejo seis profesionales de las leyes en representación de la Legislatura por cada disciplina jurídica. Finalmente, esta última posición fue la que logró mayor aceptación y se reflejó en el despacho de mayoría.

El proyecto inicial presentado por Oscar Moscariello postulaba 3 candidatos por cada disciplina (siete en total) con una excepción; en el caso de especialistas en derecho administrativo se proponían 4 lo que reflejaba el fuerte interés del macrismo en la selección de jueces del fuero CAyT. La propuesta del macrismo recibió sumas y modificaciones.

De acuerdo al despacho de mayoría al que tuvo acceso NU y que cuenta el apoyo del bloque oficialista, el bloque Peronista, la UCR y Encuentro Popular para la Victoria, los candidatos para integrar los jurados que elegirán a los magistrados y funcionarios de la justicia porteña en representación de la Legislatura podrían ser los siguientes:
-Especialistas en Derecho Constitucional, Marcela Basterra, Alejandro Speroni (propuestos por el PRO en el proyecto original), Gustavo Ferreyra, Andrés Gil Domínguez, Agustín Zbar y Rubén Pereyra (de la propuesta inicial del macrismo fue eliminado Juan Curuchet).
-En Derecho Civil Alejandro Molina, Julio César Rivera (PRO), Marisa Graham, Nelly Minyersky, Lidia E. Viggiola, y Mirta Gabriela Fabris. En el proyecto primigenio del macrismo se proponía también a Felipe Llerena pero esta propuesta fue retirada.
-En el caso de los especialistas en Derecho Penal el PRO, por las fuertes críticas emitidas por la oposición, debió retirar a dos de sus tres candidatos propuestos originalmente. El listado de candidatos finalmente se conformó con Alicia Isola, Eleonora Devoto, Ricardo Daniel Smolianski, Gustavo González Ferrari, Francisco Pont Vergez y Javier Bujan.
-La declinación de candidatos en varias disciplinas por parte del macrismo no se produjo en el caso de los especialistas en Derecho Administrativo donde los cuatro juristas propuestos originalmente se mantuvieron -Fernando García Pullés, Verónica Berhongaray, Julio Durand y Guillermo Treacy- y se sumaron dos más ?Enrique Isaac Groisman y Alberto Sarciat-.
-En Derecho Tributario se mantuvieron los tres candidatos del oficialismo Silvia Carbia, Maria Inés Brandt y César Levene, y se sumaron Juan Manuel Echagüe, Marcelo Gustavo Barreiro y Renee Nemirosky.
-En Derecho Procesal Penal el macrismo mantuvo la postulación de María Vila Echague y retiró la candidatura de Javier López Biscayart y Guillermo Yiacobucci. La propuesta de 6 candidatos se completó con Sergio Gabriel Torres, Walter Venditti, Mariano Scotto, Juan Hermida y Liliana Céspedes.
-Finalmente, en Derecho Contravencional se incluyó la propuesta del PRO de Martín García Santillan y Angeles Burundarena, se cambió al ahora consejero Santiago Otamendi por el ex consejero Gabriel Vega, y se sumó a Esteban Rodríguez Eggers, Daniel Petrone y Alejandro Slokar.

Con la firma del presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, y del vicepresidente segundo de la Legislatura, Julio Raffo, y de Rafael Gentili, se despachó un proyecto de minoría que propone el archivo del expediente fundando el planteo en que se debe ?despejar toda duda acerca de la cantidad de expertos que debe postular cada uno de los estamentos previstos en el artículo 117 de la Constitución de la Ciudad, para lo cual deberá adecuarse previamente el articulado de la ley 31 a este respecto?; ya que de no establecer claramente el número de postulantes que deben presentar todos los estamentos, los mismos no estarían ?representados equitativamente? como obliga la ley 34 de la Ciudad.

?Nosotros no presentamos ningún candidato porque no estamos de acuerdo con esta forma de trabajo dónde cada sector propone sus nombres sin analizar profundamente la idoneidad de los candidatos?, explicó a NU Rafael Gentili.

Y agregó: ?Para nosotros es fundamental que quienes sean los responsables de seleccionar jueces, fiscales, defensores tengan la capacidad e idoneidad suficientes, por esa razón estuvimos analizando algunos curriculums y nos encontramos con varios que no tienen antecedentes para integrar ningún jurado. Algunos son simples hojitas improvisadas. Hay candidatos que no superan la mínima consistencia. Además, en nuestro criterio, no está bien que la Legislatura proponga a jueces, y funcionarios del Ministerio Público de la Ciudad para que elijan a quienes serán sus colegas, entre otras razones porque el Poder Judicial ya envía sus candidatos a propuesta del Tribunal Superior?.

Entre las razones por las cuales el bloque Proyecto Sur no acompaña el despacho de mayoría, Gentili mencionó que no existe unidad de criterios entre los estamentos que proponen integrantes del listado de jurados y que, ?mientras que anteriormente la Legislatura sólo envió 6 expertos, ahora se pretende proponer 42, de los cuales más de la mitad son presentados por el oficialismo, lo que aumenta la posibilidad de que los jueces sean elegidos por la fuerza que está en el Gobierno y no por personas idóneas?.

?La Legislatura y el Consejo de la Magistratura están tergiversando la ley para mantener el clientelismo político y la negociación en perjuicio de las minorías. Nosotros no estamos entrando en un juego que es producto de una rosca política para la elección de jueces que reproduzcan la ideología e intereses de la fuerza gobernante y mucho menos sin conocer los curriculums de todos los candidatos propuestos?, subrayó.

Pero no sólo los legisladores de Proyecto Sur y de la Coalición Cívica cuestionaron el despacho de mayoría. Con la firma del legislador de Igualdad Social Martín Hourest y la legisladora de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti, también se presentó una observación al despacho mayoritario que propone la vuelta a comisión del expediente ?para su mejor estudio y evaluación?.

De lograrse la aprobación de la propuesta del despacho de mayoría, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad podría dar inicio a los concursos para cubrir los cargos vacantes. Los jueces contenciosos serían prioridad.