El macrismo no descarta el juicio político

El procurador general porteño, Pablo Tonelli, aseguró que la primera medida que tomará el Gobierno -respecto al fallo de la jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Elena Liberatori, que restituyó al directorio de la ObSBA y limitó las facultades del designado interventor, Jorge Rey-, será presentar una apelación ante la Cámara.

"Hoy mismo vamos a apelar la decisión de la jueza para tratar que la Cámara de Apelaciones la revoque lo antes posible. La verdad que se da una situación compleja y muy difícil de resolver en la práctica como es la coexistencia de dos administraciones en la obra social, por un lado el interventor y por el otro el directorio. Esto va a ser muy difícil de que funcione en la práctica", describió el funcionario por Radio Continental.

En relación a la situación vivida por el interventor Jorge Rey, comentó que si bien "empezó a trabajar plenamente a la mañana, a la tarde se produjo esta decisión de la jueza y en la obra social reapareció el directorio", generando "dos administraciones separadas".

De acuerdo a la resolución judicial, Rey debería ocuparse de la desregulación de la ObSBA, mientras que su reorganización queda a cargo de una comisión mixta, integrada por miembros de la Legislatura, el gremio y el Poder Ejecutivo. En opinión del Procurador General, "es muy difícil que alguien reorganice una obra social mientras otros están ocupándose de la administración ordinaria" de la institución.

"Hay un error en esto y es que la esencia de la intervención es que se desplace a las autoridades anteriores. Esto que ha resuelto la jueza no tiene sustento jurídico", resaltó.

Y sobre la posibilidad de solicitar el juicio a la magistrada dijo: "Esa es una decisión aparte. En este momento estoy abocado a la apelación. Se que algunos legisladores estaban analizando el tema. Creo que por lo menos merece ser considerado". Y agregó: "La jueza está actuando con una celeridad nunca vista. Ha cometido algunos errores procesales muy graves, porque en un caso así cuando se trata de dictar una medida cautelar que afecta a un servicio público o a una función esencial de la administración, la ley la obliga a que le corra una visa, un traslado al Gobierno de la Ciudad por dos días para que el gobierno opine. Y la jueza ha omitido ese traslado tanto respecto a la medida cautelar que dictó el jueves como la que dictó el lunes. Ese es un vicio procesal muy grave, porque ha dejado el gobierno sin la oportunidad de expresarse, sin la oportunidad de defenderse", concluyó.