Sin Ley de Educación Sexual en la Ciudad

Pese a que la postura más conservadora obtuvo más votos positivos, ninguno de los dos proyectos de Ley de Educación Sexual que se debatieron por aproximadamente seis horas en la Legislatura porteña obtuvo la mayoría necesaria para su aprobación.

La iniciativa de los diputados Santiago de Estrada, Juan Carlos Lynch y Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) -que había obtenido despacho de minoría de la Comisión de Educación de la Legislatura que preside el diputado Marcelo Godoy- por la cual se establecían sólo los lineamientos generales para la educación sexual en los institutos de enseñanza a partir del séptimo grado de la escuela primaria -y se dejaba al arbitrio de cada colegio la creación del programa específico-, recibió 26 votos afirmativos, tres negativos y 23 abstenciones.

Por lo tanto, no hubo 31 votos válidos y la propuesta no pudo ser sancionada. Esta interpretación del Reglamento Interno de la Legislatura de no contar a las abstenciones como votos válidos (por lo que el total de sufragios contabilizados no alcanzó el número de quórum e invalidó la votación) ya había sido utilizada a instancias de la Secretaría Parlamentaria cuando se produjo la votación por el Caso Onega.

En tanto, el despacho de mayoría que recogía el proyecto presentado por las diputadas Ana María Suppa (Frente para la Victoria) y María Florencia Polimeni (Frente Compromiso para el Cambio) y el diputado Diego Kravetz (Frente para la Victoria), que establecía que las directrices de educación sexual integral durante la enseñanza obligatoria debía darlas la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad obtuvo sólo 24 votos afirmativos y 28 negativos.

De esta manera, triunfó la postura del ni que propugnaba el ibarrismo. Las dos diputadas del Frente Grande solicitaron la vuelta a Comisión de los proyectos, pero al no tener eco en el resto del Cuerpo votaron negativamente ambas iniciativas. El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, había criticado las propuestas por ser "demasiado extremas".

El despacho de minoría también fijaba que el Poder Ejecutivo debía ofrecer a las instituciones educativas las herramientas para desarrollar los programas de educación sexual específicos, que luego deberán ser comunicados a la Secretaría de Educación, que actuaría como organismo de control y supervisión.

Además planteaba que las instituciones llevarán a cabo un Programa de Talleres de Educación Sexual para padres de alumnos, en forma extracurricular y optativa, con un mínimo de dos talleres anuales dictados por un equipo interdisciplinario de profesionales designados por las autoridades del establecimiento educativo. Este dictamen fue acompañado por De Estrada y por los diputados Marcelo Godoy y Marcos Peña, ambos del Frente Compromiso para el Cambio.

En cambio, el despacho de mayoría fijaba que los temas que deberían ser tratados eran la pubertad, la reproducción, la orientación sexual, la familia, el amistad y el amor, los vínculos afectivos, los valores, la seguridad en sí mismo, el erotismo, las prácticas sexuales responsables, la abstinencia, el cuidado del aparato reproductor, el embarazo, las enfermedades del aparato reproductivo y la violencia sexual, entre otros.

La iniciativa fue acompañada por sus tres autores y por los diputados Fernando Melillo (ARI) y María Eugenia Estenssoro (Espacio Plural). La ex diputada de Izquierda Unida, Vilma Ripoll, también había apoyado el proyecto pero con una disidencia parcial. "No estoy de acuerdo con el punto G del artículo 8 de la norma, porque considero que debe ser totalmente laica", explicó Ripoll.

El primer legislador en hacer uso de la palabra fue Godoy, quien aseguró que "una respuesta cabal, desde el aporte que puede hacer la educación sexual, no debe excluir la activa participación de los padres y contemplar que tal actividad informativa y formativa debe estar en consonancia con los valores y principios que sustentan cada una de las familias de los alumnos y del ideario de cada una de las instituciones educativas a las que concurren esos alumnos. Creemos que la información adecuada a la edad, situación familiar y personal de cada alumno, implica, sin posibilidad de exclusión, la participación de los padres con capacidad de decidir de modo directo sobre ese tipo de información".

"Más de 7.000 internaciones de mujeres por causa de aborto, de las cuales el 40 por ciento tiene menos de 20 años; 1.000 padres de entre 13 y 16 años en el sistema educativo de la Ciudad; promedio de iniciación sexual entre 14 y 15 años; 8 de cada 10 abusos sexuales contra niñas son cometidos por sus padres o cuidadores; 8.000 nuevos casos de SIDA por año", fueron algunas de las cifras que leyó la diputada Suppa al fundamentar su posición.

Con respecto a los temas que se incluyen en el proyecto, la diputada kirchnerista Suppa señaló: "hay que hablar de lo que hay que hablar, de la A a la Z, hay que romper el tabú del silencio y perder el miedo de dialogar sobre uno de los temas que más le preocupan a nuestros niños y jóvenes. El silencio perpetúa el riesgo de embarazos no deseados, de abusos, de transmisión sexual de enfermedades, de desigualdad entre mujeres y varones. Este proyecto lo que hace es garantizar que estos temas se traten en las escuelas. No se trata de elegir entre dos proyectos, sino de decidir si va a haber educación sexual en las escuelas o no y cuál va a ser el rol del Estado al respecto".

A continuación, De Estrada sostuvo que "es evidente que la educación sexual debe formar parte de la educación que se imparte a un menor. Es una parte inescindible de la enseñanza sobre el propio cuerpo y sobre la relación a desarrollarse entre hombre y mujer. Y aunque es cierto que ésta va mucho más allá de la mera instrucción sexual, no por ello ésta deja de ser vital en el aprendizaje. No está en duda, entonces, la necesidad de una adecuada educación sexual. El problema (y el debate) consiste entonces en determinar quién la orienta y lleva a la práctica, cuáles son y como se construyen sus contenidos, y quiénes son los que deben recibirla".

Y agregó: "El despacho que obtuvo la mayoría en la Comisión plantea la educación sexual como un deber ineludible del Estado, quien debe fijar sus contenidos e impartirla, sin admitir otras opciones provenientes de las propias escuelas o de los padres. Y a esta educación le da un alcance universal, al aplicarla en todos los niveles educativos, incluido el preescolar. ¿Cuál es el rol de las escuelas y de los padres en ese esquema? Es muy limitado. Las escuelas y los docentes no deciden ni proponen, ya que se limitan a recibir los contenidos y la capacitación. Y en cuanto a los padres reciben información y participan del espacio interdisciplinario en la elaboración de programas y actividades".

El diputado porteño aclaró: "Nosotros tenemos un criterio muy diferente. Aplicando principios que son universales, de carácter natural, moral y constitucional, creemos que la responsabilidad primaria en materia de educación corresponde a los padres. Estos educan e instruyen desde el nacimiento de los hijos; y cuando alcanzan éstos la edad de instrucción obligatoria, eligen libremente la escuela a la cual concurren y siguen educando después de modo paralelo a esa escuela. Para un padre o madre no puede ser indiferente qué se le enseña a su hijo y quién lo hace; y si no está de acuerdo con la escuela, tiene la opción de buscar otra más acorde con sus principios u objetivos. Porque en definitiva son los padres quienes tienen el derecho y el deber de establecer cuál es la educación que quieren para sus hijos, siempre que respeten las normas relativas a la instrucción obligatoria".

Por su parte, Enríquez señaló que "hay que educar sexualmente, desde la familia, también en la escuela. Pero es un absurdo reducir la educación sexual al uso de un preservativo para no contraer SIDA, o para que las menores no queden embarazadas. La sexualidad de la persona tiene una dimensión compleja, que mira el núcleo intimo de la persona, y por ello su abordaje debe realizarse con un contenido transversal, presente y abarcativo de las diferentes disciplinas de la currícula del nivel medio, tales como biología, psicología, formación ética y formación religiosa, de acuerdo al ideario y al proyecto educativo institucional de cada comunidad".

Asimismo, añadió que "frente a esta propuesta aberrante de educación sexual antinatural, desprovista de valores éticos, y excluyente de la familia, en nuestro proyecto unificamos el discurso de la escuela con el de los padres, y las respuestas de los docentes estarán en conformidad con el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, de acuerdo a sus preferencias y convicciones, establecido por el artículo 264 del Código Civil, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto San José de Costa Rica".

La diputada Fernanda Ferrero (Recrear) manifestó que "resultan absolutamente falaces los argumentos esgrimidos por los legisladores que promueven la educación sexual desde el Estado, sosteniendo que quienes apoyamos la otra propuesta en realidad nos negamos a ello. En lo particular, he sostenido en reiteradas ocasiones la necesidad de implementar la educación sexual en los colegios. Sin embargo, con el objetivo de minimizar y desvirtuar nuestra postura, los autores del proyecto continúan sosteniendo endeblemente que nos negamos a la educación sexual en los colegios".

En tanto, el diputado Julio De Giovanni (Partido de la Ciudad) señaló: "Queremos que haya educación sexual y queremos que los padres y los docentes puedan participar de la discusión de los contenidos. para resolver esta disyuntiva en la que estamos, y porque no queremos que esto sea un River-Boca, sino que se llegue a una iniciativa consensuada. Por eso, vamos a acompañar el despacho de minoría pero propondremos algunas modificaciones para que ambos deseos puedan ser cumplidos".

El presidente del Bloque ARI de la Legislatura porteña, Fernando Melillo, aseguró que "la educación sexual fue siempre importante para un desarrollo psicofísico más sano de los chicos, pero se torna vital frente a la explosión mediática a la que están expuestos, la expansión del SIDA y la crisis de disgregación familiar.

Melillo cuestionó al proyecto de Santiago de Estrada al señalar que "no pueden depender los contenidos del parecer de los padres porque el rol de la educación, entre otras cosas, es suplementar o suplir lo que los padres no pueden hacer". Y aclaró que "en ningún caso se va a violentar u ofender ningún tipo de creencia moral o religiosa". "Por otro lado, el proyecto de Educación Sexual que acompañamos prevé que sean especialistas los que elaboren los contenidos según el desarrollo psicofísico de los niños, niñas y adolescentes".

Según Alicia Bello (Frente Compromiso para el Cambio) "los dos proyectos responden a dos concepciones distintas pero nadie duda de que debe incluirse como obligatoria la educación sexual. En uno de los proyectos se le da un papel preponderante al Estado; en el otro a la Familia. El Estado no puede ser sustituido pero tampoco el Estado puede ignorar la existencia de distintas creencias y valores".

Bello finalizó diciendo que "la aprobación de cualquiera de los dos proyectos será por un acotado margen, lo que será nefasto para el resto de la sociedad. Un tema de tal magnitud requiere de los mayores consensos para que quienes pongan en marcha el proyecto, lo hagan con un amplio respaldo".

Lynch resaltó que "está demás entrar en detalle sobre por qué la familia es importante para la maduración de los jóvenes. La educación sexual debe fundarse en valores que están sumamente ligados al núcleo familiar. Por eso, considero necesaria una acción conjunta entre los padres como prioridad, y la escuela como complemento".

En tanto, el diputado Héctor Bidonde (Bloque del Sur) destacó que "es muy triste que tengamos que aprender desde el dolor. Porque las estadísticas que se esgrimen en uno u otro sentido, demuestran que las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos adolescentes, entre otras cosas, se vienen incrementado en los últimos años. Este es un problema de cuatro patas que son los docentes, el Estado, los padres y los alumnos. Por eso vamos a apoyar el proyecto de mayoría".

Su compañero de bancada, Daniel Betti, opinó de la misma manera e hizo alusión a varios temas musicales que escuchan los adolescentes y en los que se hace referencia a temas sexuales. De igual forma opinó la diputada Noemí Oliveto (Autodeterminación y Libertad), quien adelantó el voto afirmativo de su bloque al proyecto de Suppa y compañía, actitud sumamente llamativa dado que tanto ella como Daniel Vega suelen abstenerse en las votaciones.

La diputada Alicia Caruso (Frente Grande) afirmó: "Como oficialismo, tenemos la obligación y la responsabilidad de garantizar que el Estado se ocupe de la Educación Sexual para prevenir y proteger. El Estado tiene la exigencia de brindar y los ciudadanos tienen el derecho de tomarlo. Celebro que este tema se haya instalado porque se trata de una verdadera preocupación no solo en las familias sino también en los propios alumnos. A partir de esto podremos discutir y polemizar aceptando la diversidad. Esto ya en si mismo significa crecimiento. Es por eso que consideramos que hay que continuar con su tratamiento y para ello vamos a propone la vuelta a Comisión de estos despachos".

También expresó: "La educación se corresponde a la Ley social. De ella se espera que tenga incidencias sobre las condiciones de convivencia socializada. Es decir, la convivencia que se sostiene en la función del amor. Para mí, el pilar y el eje de la educación sexual debe incluir la función de amor, aquella que es útil para la convivencia y el respeto por el semejante. La canalización cultural del amor ha hecho perder su importancia para la salud socializada y dejó a la sexualidad solo en su perspectiva patológica".

Kravetz, en cambio, criticó al ibarrismo porque "ha demostrado en este debate un progresismo liviano, porque el Estado no debe desentenderse del asunto" y aseguró que "hoy es el día donde la ameba ideológica de Mauricio Macri debe tomar posición, porque siempre dice que Ibarra no sabe o no quiere gobernar, pero hoy es hora de que se pueda legislar".

En el mismo sentido, Estenssoro señaló que "antes de opinar, el jefe de Gobierno de la Ciudad debería haber enviado su propio proyecto de Ley de Educación Sexual. El Estado debe tomar las riendas de este tema, porque este es uno de los casos en que de ninguna manera el silencio es salud".

La diputada Laura Moresi, jefa del bloque ibarrista, dijo que "el diputado Kravetz no puede decirme progresista cuando acompaño y reaccionaria cuando no lo hago. Desde el Gobierno de la Ciudad pensamos que la escuela debe enseñar contenidos de educación sexual porque hoy existen graves problemas que se relacionan con la sexualidad como las enfermedades de transmisión sexual o los embarazos precoces en adolescentes. Estas cuestiones se pueden solucionar a través de la educación, pero no estamos de acuerdo con que en la escuela se tenga que hablar de prácticas sexuales, de erotismo o de masturbación. No es incumbencia de la escuela invadir la intimidad con el pretexto de educar".

Moresi además sostuvo que "es totalmente institucional fijar los contenidos de la ley, como pretende hacer el despacho de la mayoría". De esta manera, la diputada ibarrista estaría anticipando un posible veto del Ejecutivo a esta iniciativa.

El diputado Ricardo Busacca (Juntos por Buenos Aires) "en ningún momento se introdujo la palabra religión en el despacho de mayoría, porque nosotros queremos dar el debate por fuera de los argumentos que se pueden esgrimir desde la Iglesia Católica o de otras religiones. Veo con preocupación que se dé esta discusión por este tema, siendo que no tuvimos nunca el arrojo para debatir una ley marco de Educación siendo que hay muchos proyectos presentados en este sentido".

Busacca agregó que "me parece que una intromisión del Estado en nuestras casas y en la educación de nuestros hijos como implica el despacho de mayoría es totalmente inconstitucional. Soy consciente de que la educación sexual debe ser un capítulo de la Ley de Educación, y por eso propuse en mi observación que sea una materia optativa en los colegios".

Por último, Polimeni reafirmó que "evidentemente se han presentado una serie de falsas disyuntivas y la mayor de ellas es familia sí, familia no. Pero en el despacho de mayoría nunca pretendió desconocer el rol fundamental que tiene la familia, pero el educar es un deber inexcusable del Estado. Por eso, nosotros queremos dar por tierra de una vez por todas con los fantasmas que hay en torno a este tema y que gran parte de la sociedad quiere que desaparezcan".