El Gobierno porteño deberá informar a la Justicia dónde hará las inspecciones
Inmediatamente después de la tragedia de Once, los diputados Beatriz Baltroc, Daniel Betti, Rubén y Tomás Devoto, Susana Etchegoyen y Marcos Wolman (integrantes del Interbloque Legislativo de Izquierda) promovieron una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad que cese "en su omisión manifiestamente ilegal y arbitraria consistente en no arbitrar los medios previstos para garantizar el efectivo cumplimiento de la reglamentación vigente en materia de habilitaciones y de prevención de incendios y otras catástrofes".
Los legisladores entienden que "a raíz del desastre ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el local República Cromañón, la sucesión de incumplimientos a la normativa vigente en materia de habilitaciones y prevención de incendios es tal que hace suponer que las inspecciones efectuadas por la demandada o no fueron realizadas, o se hicieron de manera defectuosa. En este sentido, destacan que el Poder Ejecutivo local no ejerció debidamente el poder de policía".
Frente a estos cuestionamientos, Baltroc y compañía solicitaron que, como medida cautelar, se ordenara la inspección judicial (con asesoramiento de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina) de la totalidad de los locales homólogos a República Cromañón que se encuentren ubicados dentro de la Ciudad. También pretendían que se ordene el allanamiento de la Unidad Polivalente de Inspecciones (UPI), o de la dependencia que tramite las habilitaciones de estos locales, a fin de secuestrar la totalidad de la documentación habilitante de los locales homólogos al de la tragedia ocurrida el 30 de diciembre de 2004.
Este viernes, el juez de feria en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Hugo Zuleta, decidió no hacer lugar a la medida cautelar presentada por los legisladores del Interbloque Legislativo de Izquierda.
Zuleta fundamentó su rechazo en que el pedido de los legisladores "no guarda adecuada relación con el objeto de la acción. Si lo pretendido es que el Poder Ejecutivo cese en su omisión de controlar debidamente los locales bailables, no se advierte de qué modo ese objeto pueda resultar garantizado por una medida cautelar que consista en la sustitución del Poder Ejecutivo por el Judicial en el cumplimiento de tales funciones. Por el contrario, el secuestro de documentación que se pretende, más bien entorpecería el ejercicio de los
deberes que competen al Poder Ejecutivo".
Sin embargo, el juez resolvió hacer lugar parcialmente a la recomendación realizada por el asesor tutelar de menores, Gustavo Moreno, y citar como tercero a la defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, tal cual lo había solicitado.
También dispuso que el Ejecutivo presente ante el Juzgado -en el plazo de tres días- un cronograma en el que conste cada fecha, horario y local en el que se realizarán las futuras inspecciones de los locales de baile para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 del decreto aprobado en el 2005, a fin de que tanto los actores como el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio Público Fiscal o el Juez puedan asistir a presenciarlas.
Esta disposición no implica la suspensión de las inspecciones que se vienen realizando o se disponga realizar antes del vencimiento del plazo señalado.
De la misma manera, apoyó la creación de un registro para que los ciudadanos puedan denunciar a los establecimientos que, no encontrándose habilitados para la actividad de baile, la realicen efectivamente; con la obligación de la Administración de inspeccionar los locales denunciados y adoptar las medidas administrativas pertinentes.
El plazo estipulado para la elaboración del registro es de 15 días. Además se deberá dar intervención al Ministerio Público Fiscal ante la Justicia Contravencional y de Faltas si se advierten conductas que puedan ser encuadradas como contravenciones.
