Publicado: 02/10/2010 UTC General Por: Redacción NU

Los tiempos se acortan

La contundencia de los hechos dejó al descubierto los graves problemas que enfrenta la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña que investiga el caso de las escuchas ilegales. Y los ejemplos que confirman dicha afirmación se multiplican. El caso más evidente son los continuos faltazos de los testigos que son citados por la institución.
Los tiempos se acortan
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Las recurrentes ausencias hicieron que el titular de la Comisión, el legislador de Igualdad Social Martín Hourest, perdiera la calma. ?Hemos agotado la paciencia. Lo que estamos haciendo ahora es requerir la colaboración de la Justicia. Los convocados serán llamados por la Justicia a partir del lunes de la semana que viene. Algunos testigos aludieron a cuestiones personales. Cuando los citamos no fue por la causa penal. Se están evadiendo cuestiones políticas. Y debido a las excusaciones, habrá que trabajar el doble para poder cumplir con los plazos establecidos por la Investigadora para brindar un dictamen?, manifestó de manera enojosa el diputado porteño el lunes de esta semana, luego de comprobar nuevamente las ausencias de los testigos citados para esa jornada.

Pero la cosa no terminó ahí. Hourest acusó directamente al poder político de ponerle palos en la rueda al trabajo del organismo que preside, al señalar: ?Existe un claro intento de vaciamiento de la Investigadora?.

El reconocimiento público de lo que estaba sucediendo había sido adelantado por NU en una nota publicada en su edición anterior titulada ?Apunten contra la Investigadora?, en donde un abogado que trabaja en la causa judicial que se tramita en el Juzgado Federal Nº 7, a cargo del juez Norberto Oyarbide, aseguró: ?Nadie tiene interés en que se siga ventilando el caso del espionaje por dos razones: en primer lugar, el macrismo quiere impedir que la Comisión junte elementos que avalen que una posible resolución final sea el consejo de iniciar el juicio político al Jefe de Gobierno de la Ciudad. Y por eso presionará a los funcionarios porteños que sean convocados como testigos a que se nieguen a declarar. Por otro lado, está el kirchnerismo, que como responsable de la Policía Federal y la SIDE no permitirá que los efectivos de esas fuerzas hablen, ya que su participación en la causa de las escuchas fue bastante irregular y desprolija. Y si eso saliera a la luz, el matrimonio presidencial se vería perjudicado ante la sociedad. A esas razones se le debe agregar la división que existe entre las fuerzas políticas de la oposición porteña y sus indecisiones sobre cómo actuar en el tema de las pinchaduras?.

Pero todavía hay más. En el transcurso de esta semana, un importante operador político de uno de los partidos más influyentes de la Ciudad dialogó con NU para desarrollar con más elementos la cuestión de los impedimentos políticos que bloquean el trabajo de los legisladores.

?Lo que se está buscando con la no presentación de los testigos es dejar sin testimonios relevantes a la Investigadora, o para ser más claros: que no tengan pruebas que sustenten un dicatamen que aconseje el inicio del proceso del juicio político contra Macri. Y para eso cuentan con un aliado implacable: el paso del tiempo. No hay que olvidarse que para diciembre deben tener lista una resolución, y al paso que van, el tiempo les juega en contra ya que queda poco menos de dos meses para finalizar el trabajo?, le aseguró a este medio el letrado, para luego agregar: ?Y en esta tarea de obstaculizar la investigación el macrismo no está solo, porque los kirchneristas, a su vez, no quieren bajo ninguna circunstancia que pasen por la Comisión los efectivos de la Federal?.

Hourest entendió el mensaje y decidió jugar una carta demasiado arriesgada. El viernes pasado, a través de un escrito, le requirió ayuda a la Justicia, ante la negativa de los testigos a presentarse a declarar y ante el no envió de la documentación requerida al Gobierno porteño en los plazos previstos por el reglamento. El lunes, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Roberto Andrés Gallardo respondió en forma afirmativa y notificó al titular de la Comisión que el Juzgado citará a los testigos por cuenta de la Investigadora mediante dos notificaciones, una original y una supletoria, que prevé el acompañamiento de los testigos por la fuerza pública.

No hace falta decir que el hecho desató una fuerte polémica en el seno de la Comisión, especialmente por el lado de los diputados de PRO. ?No sólo el fallo es cuestionable, también la metodología empleada por el presidente de la Comisión, quien recurrió a la Justicia fuera del horario habilitado, justo un día en el que estaba de turno el Juzgado Nº 6 que subroga Gallardo. Hourest se arrogó la capacidad de representar a la Investigadora y tomar decisiones que no fueron discutidas por el pleno, y todo esto generó un fallo en el cual el magistrado se convierte casi en un miembro más de la Comisión, y hasta en el punto VII de su resolución establece un procedimiento a seguir por la Legislatura excediendo la competencia que le corresponde a un juez?, le relató a este medio uno de los legisladores macristas.
Entre los PRO, las posturas son dos: recurrir el fallo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario o presentar un recurso planteando la inconstitucionalidad de lo dispuesto por el juez e incluso un nuevo conflicto de poderes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. En el caso de apelar el fallo, los PRO cuentan con 5 días a partir de la sentencia para presentarse ante el Tribunal Superior.

Pero la cuestión tiene otra arista, según un letrado consultado por NU, el uso de la fuerza pública sólo puede ser requerido en caso de una causa judicial, y la Comisión no tiene las facultades de la Justicia. Por eso el debate parece empantanarse y servirle a los que sólo buscan seguir perdiendo el tiempo, para que las jornadas corran y el plazo de la Investigadora concluya sin poder contar con todas las pruebas requeridas.

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