El Tribunal Superior falló contra el asesor de Menores

El 9 de febrero de 2005 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -por voto mayoritario de Luis Francisco Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás- hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el Asesor General Tutelar, Roberto Cabiche, contra las acciones judiciales iniciadas por el asesor tutelar de Menores, Gustavo Moreno.

Moreno -con el patrocinio del abogado constitucionalista Daniel Sabsay- pidió que se deje sin efecto dos resoluciones de Cabiche en las que se restringía las facultades del asesor tutelar de Menores. Entre otras cosas, se le había quitado la posibilidad de actuar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario; se le había exigido que cada acción judicial que quisiera interponer debía elevársela previamente a su superior, así como cualquier requerimiento a alguna autoridad administrativa; y se le había prohibido la posibilidad de relacionarse institucionalmente con cualquier otra autoridad.

De esta manera, se dejó sin efecto todo lo dispuesto por las instancias previas que habían fallado a favor de Moreno. Sin ir más lejos, luego de siete meses de tener recortadas sus funciones, el asesor tutelar de Menores fue amparado por el juez Fernando Juan Lima Moreno, que dejó sin efecto las decisiones de su superior, al cual se le había iniciado un proceso de juicio político que quedó trunco por falta de voluntad de los legisladores.

El Tribunal a su vez ordenó el archivo de las actuaciones judiciales promovidas por Moreno impugnando las resoluciones administrativas 71/03 y 72/03 de la Asesoría General Tutelar. En diálogo con NOTICIAS URBANAS, Moreno aseguró: "No quiero ser un ñoqui de lujo, y con este recorte de funciones, no puedo hacer casi nada. Por eso, no voy a bajar los brazos. Voy a estudiar las acciones a seguir tanto a nivel legal como institucional".

La decisión judicial mayoritaria se fundó básicamente en que no existe causa o caso judicial, por tratarse de una cuestión suscitada en el marco de una relación jerárquica interorgánica de carácter administrativo, por lo que no se entró en el análisis de la cuestión de fondo.

Moreno señaló: "Como hombre del Derecho respeto la opinión fundada de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, dejando a salvo mi criterio en contrario en cuanto a la argumentación y valoración jurídica que conformaron el voto de la mayoría, como de las consecuencias fácticas que tal decisión importa para el efectivo acceso a la justicia de las personas menores de edad y demás personas incapaces de hecho, a los efectos de garantizar en el ámbito jurisdiccional los derechos económicos, sociales, y culturales de los que más sufren en esta Ciudad; más aún en estos momentos institucionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la ciudadanía exige mayor control por parte del Poder Judicial y del Ministerio Público, sobre la actividad administrativa del Estado local".

Además, el asesor Tutelar de Menores señaló: "Ratifico mi compromiso con el juramento prestado para el cumplimiento fiel de mi función, y agradezco pública y expresamente el acompañamiento que me brindaran oportunamente amigos, compañeros de estudio, colegas e integrantes de los Ministerios Públicos en el orden nacional, provincial, y local; así como la que me brindaran distintas organizaciones e instituciones".

Es que la decisión de Cabiche había sido severamente cuestionada entre otros por el Departamento de la Pastoral Social del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo porteña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), la Autoconvocatoria por el Derecho y la Justicia (ADEJU), el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.