Cassaba: ¿Estatización o status quo?

Luego de la prórroga por un año aprobada por la Legislatura porteña el año pasado, el plazo máximo para la liquidación de la Caja de Seguridad Social de los Abogados de Buenos Aires (Cassaba) llegó a su fin. Sin la opción legal de ampliar la prórroga, los legisladores porteños debieron resolver rápidamente qué hacer con el futuro de la Caja.

El pasado viernes, y a pesar del duelo decretado en el Parlamento porteño, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Martín Ocampo, convocó a una reunión de dicha comisión para tratar los proyectos vinculados a la caja profesional de los abogados porteños. Apoyándose en dos despachos firmados previamente en la Comisión de Legislación General, los legisladores que integran la Comisión de Asuntos Constitucionales dieron rápida lectura a los proyectos y adhirieron a los despachos.

El despacho de mayoría, firmado en la Comisión de Legislación General por tres integrantes bloques opositores, propone la disolución de la Comisión Liquidadora de Cassaba, y la transferencia al Ministerio de Hacienda de la Ciudad ?los fondos y activos que conforman el patrimonio de CASSABA (e.l.), así como las obligaciones vigentes al momento de la sanción de la presente Ley?. En la estatización propuesta, también obliga al Ministerio de Hacienda a celebrar los convenios necesarios con el ANSES ?en un plazo no mayor a un año? para que los aportes realizados por los abogados a la caja sean reconocidos por la administradora nacional, y a la distribución entre los abogados aportantes de los fondos que resulten de la liquidación final. Por último, también establece que ?el personal que al momento del dictado de la presente norma prestara servicios en el Órgano liquidador deberá ser transferido al Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conservando las mismas condiciones de trabajo que tuviera, aplicándoseles el régimen que prevé la ley 471 (de empleado público)?.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la agrupación Gente de Derecho que actualmente dirige el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y de diversos sectores del peronismo porteño, que en las próximas elecciones para consejeros de la Magistratura porteña irán a las urnas el 9 de noviembre en una alianza contra el macrismo, llevando a Daniel Fábregas y Clara Privitello como cabezas de lista. El despacho de mayoría, también está suscripto por legisladores de Proyecto Sur, entre otros bloques opositores.

El PRO adhirió al despacho de minoría -que también logró 3 firmas en la Comisión de Legislación General y que terminó siendo el proyecto de la minoría ante el voto desempate del presidente de dicha comisión, Francisco Nenna-, el cual propone una suerte de prórroga a la gestión de la actual Comisión Liquidadora pero con algunas modificaciones. La propuesta macrista, establece la creación de un Ente Residual de la Caja, la cual ?deberá atender las obligaciones pendientes o en curso de cumplimiento derivadas de CASSABA (e.l) ?leyes 2811 y 3133-, distribuyendo a prorrata entre los aportantes, de acuerdo al artículo 8º de la presente ley y conforme lo allí prescrito, los fondos remanentes de los activos de CASSABA de libre disponibilidad, una vez cumplidas con todas las obligaciones inherentes a la liquidación de Cassaba (e.l.) y deducidos los gastos de administración?.

El proyecto del PRO plantea un plazo máximo para las funciones de este Ente Residual en dos años, y define como autoridades del mismo a un directorio integrado por 7 personas, el cual estará presidido por el actual presidente de la Comisión Liquidadora, Jorge Enríquez, dos representantes de los abogados, y cuatro representantes de la Legislatura. También expresa que deberán ?reanudarse las tratativas? para dar cumplimiento al convenio con el ANSES y señala que en el caso de existir fondos remanentes al concluir los dos años de funciones, los mismos serán destinados a los hospitales Pedro de Elizalde y Ricardo Gutiérrez.

?Este despacho es el resultado de un acuerdo entre el Colegio de Montevideo, los radicales y el PRO, es parte del acuerdo electoral para consejeros. No es casual que mientras en la lista que encabeza Javier Concepción y Alejandra García, se haya negociado que los titulares renuncien al cumplir dos años de mandato para darles paso a sus suplentes. El suplente de García es Enríquez. Con este proyecto se le garantiza a Enríquez que los dos años que debería esperar para asumir como consejero en el caso que su lista fuera ganadora, se mantenga en actividad?, comentó en off un legislador PRO no muy satisfecho con el proyecto diseñado por su propio bloque.

Y agregó: ?El proyecto de la oposición no me parece mal. Es lógico, ya que dos años debería haber sido tiempo suficiente para la liquidación de Cassaba. Lo que sí me parece incorrecto es que al personal de un organismo privado como es Cassaba se lo incorpore a la planta permanente del Ministerio de Hacienda con todos los beneficios de la ley de empleado público. Lo correcto sería darle a estos empleados el tratamiento de cualquier trabajador privado? terminar la relación laboral e indemnizarlo. Evidentemente el artículo que obliga a absorber personal en el Gobierno es fruto de acuerdos y lealtades, o tal vez, las indemnizaciones serían tan altas que restarían mucho a los fondos a distribuir entre los abogados y estos no quieren pagar ese costo y se lo endilgan al estado?.

Si bien firmó en disidencia parcial, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez, también dio su apoyo a este proyecto.

Habrá que esperar a la próxima sesión ordinaria para saber cuál de las dos opciones será la aprobada finalmente por la Legislatura. Mientras tanto, representantes de los abogados de uno y otro sector, harán lo imposible para que en el recinto se de una batalla que servirá de prólogo a la que se dará en las urnas el próximo 9 de noviembre.