"Es posible traspasar la Policía a la Ciudad"
"Es difícil encontrar un dirigente o funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no esté de acuerdo, si se le pregunta en privado, con el traspaso de la Policía a la jurisdicción de la Ciudad. También es difícil hallar un dirigente o funcionario del Gobierno nacional que no concuerde con esa necesidad, en el mismo ámbito reservado", aseguran Mariano Ciafardini y Alberto Binder, vicepresidente y secretario Ejecutivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), respectivamente.
Asimismo, ambos reconocen que "hace ya más de diez años que esa medida no se concreta, pese a la creciente y airada preocupación social por el manejo de las políticas de seguridad y las innumerables reuniones que se han hecho. Este girar en falso esconde el hecho de que ni el Gobierno federal ni el Gobierno de la Ciudad han querido realmente realizar el traspaso. A eso se suma que la Policía Federal tampoco tiene mayor interés. El gran argumento-excusa consiste en que para realizar el traspaso es necesario transferir las partidas (lo que es cierto) y que para hacer esa transferencia de recursos es necesario modificar la ley de coparticipación federal (lo que no es cierto)".
Pese a esta demora en tomar esta medida, los representantes de ILSED sostienen que "es posible llevar adelante un plan para el inmediato traspaso. Hoy la Policía Federal presta servicios en la Ciudad de Buenos Aires a través de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Esa repartición es la que se debe transferir de inmediato, poniéndola a la orden del jefe de la Policía que nombre la Ciudad. Ello se puede realizar mediante convenios en el marco de la llamada Ley Cafiero".
Y agregan: "Para el financiamiento de esa transferencia, el Poder Ejecutivo Nacional puede afectar lo que ya viene gastando a un fondo específico mediante una partida especial por un tiempo determinado. Eso le permite consolidar el gasto. La Ciudad puede asegurar el financiamiento mediante una cláusula de permanencia de ese fondo mientras no se realice la discusión sobre coparticipación. Por otra parte, puede usar fondos propios para mejor el servicio de seguridad de un modo coherente y no como lo hace hoy día con superposiciones y sin reglas claras".
Con respecto al personal policial transferido, Ciafardini y Binder afirman que "puede mantener su estado policial y su permanencia al Gobierno federal mientras dure este régimen transitorio, independientemente de que preste servicios y reciba órdenes de las nuevas autoridades. No existirían problemas en sus derechos laborales y el piso de financiamiento federal le permitirá a la Ciudad realizar mejoras salariales en base a eficiencia en el manejo de los recursos, integración con la seguridad privada, etc".
Por último, ambos afirman que "este paso permitiría dar otro paso tan reclamado como el traspaso: la transformación de la vieja estructura de la Policía Federal en la nueva Agencia Federal de Investigaciones. El traspaso es factible ya. Una medida de esta naturaleza permitiría reorganizar toda la política de seguridad de la Ciudad sobre bases objetivas creíbles y no sobre la retórica de funcionarios con cara de preocupación. Por otra parte, le abriría la puerta al postergado plan de seguridad metropolitano, medida indispensable para encarar una nueva política de seguridad en el país".
