Con el ojo puesto en los niños y la salud mental
El Salón Montevideo de la Legislatura será escenario esta tarde, a las 18, de una jornada que organiza la Asesoría General Tutelar en la que se presentará el Informe de Gestión correspondiente a 2010, bajo el nombre ?Niñez, adolescencia y salud mental?.
Entre los temas que se expondrán figura la ?protección de los derechos de las personas afectadas en su salud mental a través de acciones de derechos humanos en las políticas públicas? y el ?monitoreo al debido proceso y el estricto cumplimiento de las garantías y derechos en las internaciones?.
El capítulo correspondiente a Salud Mental incluye ?la internación de niños, niñas y adolescentes, la segregación y privación de libertad en hospitales psiquiátricos, la contratación de clínicas privadas, las internaciones en comunidades terapéuticas, la ausencia de control judicial de las internaciones y la política de atención de las adicciones?.
Sobre este último ítem, y en relación a las visitas que realizan representantes de la Asesoría a las comunidades terapéuticas, se pudo constatar que en un alto porcentaje de las internaciones ?no se efectiviza el control judicial que exige la normativa que regula la materia?.
Según informaron desde los establecimientos, el 44 por ciento de las comunidades "en ningún caso o sólo en algunos" cumple con el control judicial. Además, el 17 por ciento "no sabe si se cumple" y el 39 por ciento refiere que "todas las personas tienen control judicial de la internación".
Esta información- indicaron desde la entidad- fue puesta en conocimiento del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de que, en cumplimiento con las funciones previstas en la Ley 114, controle a los efectores públicos y privados involucrados en la ejecución de políticas públicas y, sin embargo, durante 2010 ?no se ha podido comprobar que la exigencia del control judicial de las internaciones haya sido efectivizada para todas las personas?.
De los datos relevados, también se dio cuenta de que en la mayoría de las instituciones que suscribrieron convenio con el Gobierno de la Ciudad, se ?vulnera el derecho al consentimiento informado de las personas menores de edad?. ?Sólo en el 22 por ciento de los casos se cumple; en el 17 por ciento sólo en algunos y en el 33 por ciento en ninguno". Asimismo, el 28 por ciento reconoce que no sabe si "se cumple o no con este derecho?.
CRÍTICAS A LA GESTIÓN:
La Ley Nacional de Salud Mental establece en relación al ?Derecho al consentimiento informado? que éste debe ser obtenido libremente, otorgado voluntariamente y luego de haber recibido toda la información adecuada, accesible y comprensible. Además, debe concretarse previamente al tratamiento y debe ser continuo a lo largo del mismo.
De esta forma, manifestaron desde la Asesoría, se garantiza que "las prácticas de salud respeten la autonomía y libre determinación, la integridad física y psíquica y la dignidad de toda persona".
Finalmente, y con críticas directas al Gobierno, se le atribuye a éste que ?desconoce la singularidad de las personas en tanto se establecen tratamientos estandarizados de prolongada duración?, ?se aparta de la atención comunitaria" y, en consecuencia, "se aísla a los pacientes, se dispone un régimen de sanciones que priva de visitas y salidas, y no se respeta el lugar de pertenencia de las personas internadas".
