La Asesoría Tutelar y la UBA, por los chicos

El pasado miércoles, la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, encabezada por Laura Musa, y el rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a cargo de Rubén Hallu, suscribieron un acuerdo con el propósito de "favorecer la ejecución de programas que garanticen la protección y defensa de los derechos humanos, individuales y sociales de niños y adolescentes porteños".

En el convenio se establece que ambas partes concertarán acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental.

Durante la audiencia celebrada en el edificio del Rectorado universitario, estuvieron presentes el secretario general de Política Institucional de la Asesoría, Ernesto Blanck, y por el lado de la UBA, el secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, Oscar García, y el subsecretario de Extensión, Juan Seda.

Al momento de hacer uso de la palabra, tanto el rector de la UBA como la Asesora General del Ministerio Público Tutelar coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para la atención de los sectores más carenciados de la media luna sur de la Ciudad, predio donde la Asesoría posee tres oficinas enclavadas estratégicamente en las zonas de Boca-Barracas, Villa Soldati y Mataderos, y para las cuales Musa demandó la colaboración de la UBA en la atención de problemas específicos.

El rector Hallu ofreció para ello, entre otras posibilidades, la experiencia de lo que se realiza en Villa Soldati, independientemente de informar a la visita sobre el voluntariado universitario y el programa prácticas sociales educativas creado con el propósito de hacer realidad la función social de la Universidad, poniendo al servicio de todos, los saberes que produce y enseña y que sería de gran provecho para la labor que desarrolla la Asesoría.

Por el convenio firmado, la Universidad de Buenos Aires y la Asesoría General Tutelar acordaron además el desarrollo de programas de formación profesional y atención comunitaria, que permitan satisfacer las demandas generadas por la comunidad, comprendiendo la participación de los actores sociales en su gestión.

Por último, ambas instituciones se comprometen a difundir todas las actividades que realicen de manera individual y/o conjunta, e instrumentar las políticas tenientes al mejor logro de los objetivos propuestos.