Después del desastre

Nuevamente un concierto de sirenas tronó en la Ciudad de Buenos Aires. Bomberos de la Policía Federal trabajando sobre escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, oficiales de la Guardia Civil cuidando el perímetro, ambulancias del SAME trasladando heridos hasta los hospitales cercanos.

Alrededor de la escena, una bandada de periodistas, camarógrafos, vecinos, curiosos. Tres muertos, once heridos, una nueva cicatriz que tardará en cerrar. El derrumbe del gimnasio Orión, ubicado en Mendoza y avenida Triunvirato, en el barrio de Villa Urquiza, revivió sensaciones asociadas a los peores recuerdos de la historia reciente de la Ciudad, y una vez más el dolor, los miedos y las broncas no tardaron en aflorar.

El Gobierno local, el ingeniero a cargo de la obra e incluso el mismo gimnasio son señalados ?y se señalan entre sí? como partícipes de la culpa a partir de las evidencias que surgieron en los primeros momentos. Vuelve a reflotar el fantasma de las inspecciones ineficientes o corruptas, al tiempo que las agrupaciones vecinales sacan la bandera para poner fin a las torres. ?Construcción indiscriminada?, ?responsabilidad política? y ?falta de controles? son los términos que pueblan un debate que aún no cuenta con una explicación fehaciente.

Ya el mismo día en que se produjo el derrumbe, en la Legislatura porteña se presentaron seis diferentes pedidos de informes sobre sus causas y, puntualmente, sobre los controles que debía ejercer el Gobierno de la Ciudad en la obra que se llevaba a cabo en el terreno lindante al edificio que se derrumbó, señalada como el factor detonante de la tragedia.

Finalmente, la Comisión de Planeamiento Urbano logró conformar un solo texto que se acordó tratar en la sesión del jueves 12 de agosto. El objetivo del pedido es claro: determinar el alcance de la responsabilidad del Ejecutivo en las irregularidades que presentaba la obra de Villa Urquiza.

El problema nace a partir de que la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) había denunciado ante el Gobierno local una serie de irregularidades en la construcción, a lo que el Ejecutivo explicó que en tres ocasiones envió inspectores, pero que en ninguna de ellas se pudo encontrar a alguien y realizar la inspección.

Al Gobierno porteño se le reclama que una denuncia de trabajadores de la construcción debía ser tomada más seriamente. ?Los accidentes en obra son frecuentes, por eso la Uocra está atenta a las irregularidades?, señaló una fuente relacionada con el mundo de la construcción que prefirió mantener la reserva, y agregó que ?el Gobierno debería haber clausurado la construcción, que ni siquiera contaba con cartel de obra, o haber citado por nota al profesional a cargo?.

Claro que sobre las denuncias de Uocra también cae el manto de la sospecha. ?Sugestivamente, suelen elevarse cuando la obra está a punto de terminar o no puede ser revisada, cuestión de que si cae la inspección del Gobierno porteño, no puede hacer nada. Si el sindicato manda hacer sus inspecciones en el tiempo correcto, entonces, ¿qué pasa en el medio??, se preguntó ante NU una fuente con llegada al Ejecutivo porteño.

La pregunta abre una línea de interrogantes en los que el cohecho podría ser la respuesta que involucraría tanto a inspectores sindicales como a funcionarios porteños.

La gestión macrista, por su parte, apuntó al jefe de obra, el ingeniero Guillermo Heyaca Varela. En conferencia de prensa, el mismo Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, disparó: ?Ha habido una falla clara del ingeniero de la obra?. Pese a la desmentida del profesional, quien públicamente manifestó que había hecho ?todo bien? y que el jefe porteño decía ?cualquier verdura?, al día siguiente se le suspendió su matrícula por un período de 15 años (el máximo previsto) y se le inició una causa por ?homicidio culposo y lesiones?, en la que el Estado será querellante.

Pero el Gobierno porteño suma problemas. A raíz de una causa que le inició el legislador del MST, Marcelo Parrilli, por presunta falta de idoneidad de Ángel Rodríguez, titular de la Dirección de Protección del Trabajo, esa dependencia sufrió un allanamiento por parte de, nada menos, el juez Norberto Oyarbide, a quien el PRO considera su máximo enemigo por su investigación en la causa de las escuchas ilegales.

El Gobierno porteño también debió soportar las críticas y manifestaciones de agrupaciones vecinales que abogan por el fin de lo que denominan ?construcción indiscriminada?. Con la tormenta de cuestionamientos en pleno apogeo, la noticia de que el titular de la Agencia Gubernamental de Control, Raúl Oscar Ríos, había concurrido a una votación del club Boca Juniors mientras aún continuaban los operativos de rescate fue demasiado y Macri le pidió la renuncia.

Pero otros funcionarios siguen en la mira y es posible que el número de expulsados aumente. Una vez más, la lupa cae sobre los controles. Cuatro años atrás, el entonces jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, fue destituido por una Legislatura que lo culpaba por las ineficiencias y corrupciones en el área de habilitaciones, a raíz del incendio del boliche República de Cromañón, que costó 194 vidas. Ahora es Macri quien debe enfrentar cuestionamientos a su capacidad para efectivizar las inspecciones.

Culpas repartidas

Desde la Defensoría del Pueblo, el defensor adjunto Atilio Alimena aseguró que son frecuentes las denuncias de vecinos contra las construcciones linderas a sus viviendas, especialmente debido a la falta de pantallas de protección o a la generación de rajaduras en sus propiedades. Sin embargo, Alimena aseguró que estas fallas y otras, más graves, podrían evitarse si los jefes de obra respetan la normativa en vez de privilegiar su interés por finalizar rápido.

?El número de matrícula no es para jugar a la quiniela, sino que significa que la sociedad pone su confianza en esa persona?, señaló, y opinó que la solución consiste en que el Estado aplique sanciones duras a quienes se saltean el reglamento. Igualmente aclaró que la Defensoría solicitó también al Ejecutivo la documentación correspondiente para evaluar su acción en el caso del gimnasio.

Algo más crítico hacia el Gobierno fue el arquitecto Luis Franceschi, quien ejerció el cargo de director general de Fiscalización de Hojas y Catastro de la Ciudad en el año 2006 y durante ese período impuso a Heyaca Varela una sanción de seis meses por una irregularidad. ?No es habitual ni común que se produzcan derrumbes, cuando sucede es generalmente por mala praxis?, señaló, al tiempo que aclaró que resulta imposible para los inspectores controlar permanentemente el desarrollo de las obras. ¿La solución? Más presupuesto para el área de inspecciones o una mejor distribución de los recursos.

Al otro extremo de la cuerda se ubica la legisladora Silvina Pedreira, titular de la comisión de Planeamiento Urbano. ?El Gobierno porteño no puede decir que se hicieron los controles. No se hicieron de manera eficiente. No se tomaron las acciones que hubieran determinado la clausura de la obra. De haberse clausurado no tendríamos que lamentar la muerte prematura e injustificable de tres personas?, atacó la diputada porteña del Bloque Peronista.

Las quejas de la legisladora se desprenden de las que surgen de numerosos grupos de vecinos en distintos barrios, los cuales apuntan contra la falta de previsión y contra la proliferación de edificios de altura en barrios mayormente residenciales. De hecho, desde marzo de este año la comisión presentó ocho pedidos de informes originados de quejas y denuncias ?concretas y verificables? de vecinos.

Para Franceschi, las denuncias contra la construcción de torres son las de menor sustento. ?La gente habla desde el desconocimiento, porque lo que el Gobierno registra es lo que está establecido en el Código de Planeamiento Urbano?. Lo coherente, planteó, sería que los agentes inmobiliarios ?informaran a los vecinos sobre lo que se puede y no se puede construir en la zona antes de que se muden?.

Al reparto de las responsabilidades podría sumarse además un actor inesperado. Según señaló a NU una fuente que optó por el off, el gimnasio Orión no habría estado habilitado como tal sino como sala de baile. ?El peso de las máquinas no estaba considerado?, aseveró. Además, cargó contra las empresas y contra el propio Ejecutivo por otra cuestión denunciada por los vecinos: las demoliciones clandestinas.

La misma fuente alegó que en este caso, como ocurre en general con las tragedias, la culpa se reparte entre un sinnúmero de actores que comenten ?pequeñas irregularidades que llevan al desastre?.

Sólo sobre un punto coinciden todos: nada de lo que se diga con respecto al caso del gimnasio será concluyente hasta tanto no se lleven a cabo los peritajes que detallen cómo y por qué se produjo el derrumbe. A partir de ello se podrá inferir de quién o quiénes fue la responsabilidad. ?Hay que aguardar a que el juez se expida?, concluyó Franceschi.

?Una tragedia anunciada?

Así tituló la agrupación "Salvemos Villa Urquiza" una publicación en su blog, en el que informaba sobre el derrumbe. Al día siguiente, martes 10 de agosto, se convocó a una marcha en la que diversas organizaciones vecinales se manifestaron para exigir controles efectivos.

Desde la Proto Comuna Caballito, una entidad vecinal que ha logrado importantes victorias contra la construcción en altura dentro de su barrio, le apuntaron a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, a cargo de José Ángel Báez, que depende de la hoy acéfala Agencia Gubernamental de Control. Proteger Barracas, Vecinos por la Ecología y Basta de Demoler, entre otras, también hicieron llegar sus adhesiones.

Aunque las motivaciones que mueven a estas organizaciones son diversas, todas reconocen en la construcción en altura a un enemigo común. Algunas ponen énfasis en los daños ocasionados a las propiedades por la construcción de edificios, otras defienden la identidad barrial, mientras que un tercer grupo, que encabeza Basta de Demoler, abogan por la preservación del patrimonio arquitectónico.

Un caso paradigmático de la lucha contra los edificios es el que recientemente protagonizó un grupo de vecinos de los barrios de Villa Pueyrredón y Agronomía, que habitaban sobre la avenida Salvador María del Carril y La Pampa. Los habitantes de la zona reclamaban por un cambio de zonificación en el Plan Urbano Ambiental por el cual se había iniciado en su barrio de casas bajas una proliferación de construcciones de gran altura.

En mayo de este año, los vecinos lograron revertir la modificación y devolver el límite de altura a los 12 metros. Sin embargo, los denunciantes aseguran que actualmente muchas de las obras siguen adelante y que los problemas ocasionados por las construcciones han recrudecido.

La posibilidad de derrumbes también fue tratada por Noticias Urbanas en la edición Nº 238, del 29 de abril de este año. Allí se señalaron como los principales problemas la construcción sobre terrenos ganados al río, la poca profundidad de los cimientos y la mala calidad en los materiales de algunos edificios, que obligan a realizar un mantenimiento exhaustivo y constante.