Los Arquitectos dicen "así, no"
En la sesión del 26 de marzo los legisladores porteños tienen previsto tratar un proyecto de ley de los legisladores Patricio Di Stéfano (POR) y Teresa de Anchorena (Coalición Cívica) que multiplica la protección a los edificios históricos (hasta ahora circunscripta a un polígono reducido), llevándola a toda la Ciudad, y extendiendo su duración hasta el año 2010.
A simple vista la idea parece buena, y de hecho, los legisladores pretendían tratar la iniciativa en la sesión del jueves pasado (12 de marzo). El proyecto de ampliar el procedimiento de Promoción Especial de Protección Patrimonial (PEPP) establecido en la Ley 2.548 a toda la Ciudad tuvo despacho de la Comisión de Cultura, donde fue discutido, y de la Comisión de Planeamiento Urbano, de donde entró y salió como si nada.
Sin embargo, alertados por la rapidez con la que pretende tratarse el tema, diferentes arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo mostraron su preocupación sobre ciertos aspectos de la iniciativa y piden la "revisión" del proyecto antes de que sea tratado.
"Sería una desprolijidad enorme que se votara un proyecto en estas condiciones, los cuestionamientos que están realizando los vecinos, arquitectos y profesionales tienen asidero y no se los está escuchando. Como se afecta al procedimiento, este proyecto no es de doble lectura, sin embargo el tema claramente merecería una audiencia pública", aseguraron asesores de la Comisión de Planeamiento a Noticias Urbanas.
Este medio accedió a la carta que el Consejo envió en diciembre de 2008 al director de la Comisión de Cultura, Pedro Delheye, y a todos los legisladores de la Ciudad, en la que manifestaban su alarma por el proyecto en ese momento circulante.
"Este Consejo observa alarmado el crecimiento de organizaciones ciudadanas que enunciando la buena intención de proteger la identidad urbana de nuestra ciudad proponen el impulso de propuestas legislativas que implican un concepto de preservación patrimonial inédito en el mundo. Particularmente nos preocupa una formal iniciativa que propone sancionar una ley por la que todo proyecto que se presente ante el Gobierno en predios con construcción de más de cincuenta años de antigüedad se presume que se trata de un inmueble de interés patrimonial hasta que se demuestre lo contrario. Pareciera que los notables de la cultura que avalan esta posición no han sido debidamente asesorados por referentes relevantes del urbanismo y la arquitectura ni por las entidades profesionales creadas para el control del correcto ejercicio profesional", enunciaban.
Hace unos días, el Consejo volvió a enviar una carta de advertencia, pero esta vez, dirigiéndola a la vicejefa de Gobierno, Gabriel Michetti. Allí aseguran que "la loable intención de impedir la creciente pérdida de piezas del patrimonio edificado de Buenos Aires, podría verse frustrada o minimizados los efectos de un proyecto de ley basado en la antinomia preservación-vía catálogo versus renovación, demolición mediante".
"Este Consejo considera imprescindible, previo a cualquier definición sobre el tema la conveniencia de la existencia de un plan, desarrollado a los efectos que nos ocupan, cuyo modelo territorial, plasmado físicamente sobre el territorio, defina la imagen de ciudad, a partir de la cual los ciudadanos conformen, refuercen y definan su identidad", indica la carta que firman los arquitectos Margarita M. Charriére y Carlos A. Berdichevsky, prosecretaria y presidente de CPAU respectivamente.
Y sugieren: "Es de singular importancia la sanción de una normativa específica de rehabilitación, que permita hacer practicable la aplicación de las exigencias edilicias vigentes, las que no fueron concebidas para la recuperación del patrimonio edificado sino con la mirada puesta en la obra nueva. Deberían considerarse también otros incentivos, que induzcan a actualizar los edificios preservados con facilidad, tales como el apoyo crediticio oficial y la exención impositiva y eviten el abandono y/o la usurpación de las propiedades".
El CPAU llamó a la "reflexión" a los legisladores e invitó a legislar sobre el tema "en base a los paradigmas actuales", que recuperan los criterios de la configuración del espacio público, las consideraciones morfológicas, la valorización de la ciudad existente, sus edificios patrimoniales y sus tejidos emblemáticos que conforman la "integralidad" de la ciudad y su "sustentabilidad" en el tiempo.
Por otro lado, la arquitecta Magdalena Eggers, vecina de la Ciudad, también expresó su preocupación a los legisladores. "En lugar de perfeccionarla la reiteran, y potencian sus errores. La Ley 2548 es bochornosa para un Legislativo que se preste de serio: alude a un polígono sin incluir sus límites, refiriendo a un plano que es ilegible, y a un listado impreciso de Edificios Representativos que ni siquiera se tomaron el trabajo de ordenar por abecedario, barrios o nomenclatura catastral, con lo cual resulta imposible usar".
Además, Eggers, quien fue presidente de la Junta de Estudios Históricos de Agronomía y Parque Chas durante 8 años, resaltó negativamente que esta ley no necesitara doble lectura y consulta a la ciudadanía.
