Publicado: 21/08/2012 UTC General Por: Redacción NU

El polémico 0800 de Bullrich podría ser declarado inconstitucional

Según la legisladora María Elena Naddeo, el 0800 que el Ministro de Educación porteño lanzó para denunciar participación política en las escuelas va en contra de la Ley 114. Además, el constitucionalista Roberto Boico presentará un recurso de amparo contra el Gobierno de la Ciudad, al considerar que “es un mecanismo de persecución política”.
El polémico 0800 de Bullrich podría ser declarado inconstitucional
Redacción NU
Redacción NU

En el marco de la polémica por la participación de agrupaciones políticas en escuelas y la determinación del Ministerio de Educación porteño de abrir un 0800 para denunciar este tipo de acciones, el abogado constitucionalista Roberto Boico presentará un recurso de amparo, al considerar que se trata de ?un mecanismo de persecución?.

Según el letrado, la línea telefónica que impulsó Esteban Bullrich es ?violatoria de los derechos del art. 1, 5 16, 18, 19, 31, 33, 75.22 de la C.N., Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana de Derechos Humanos?, y sostiene que ?se ha montado un mecanismo de persecución política de la libertad de expresión y de participación política de los alumnos, así como también por su potencial empleo para recabar información sobre la opinión política de docentes, directivos y alumnos de dichos establecimientos?.

En el mismo sentido se expresó la legisladora de la Ciudad María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), al considerar que "es necesario que el Consejo de los derechos de niñas, niños y adolescentes haga cumplir la ley 114 y exija al Ministro de Educación cierre la línea telefónica", afirmó.

La mencionada normativa establece claramente que los niños y adolescentes tienen derecho a la participación política y gremial, que es correcta la libre difusión de ideas.

Boico, por su lado, agregó que con la instalación del 0800 Bullrich pretende ?justificar una medida de espionaje institucional a través de la incentivación de denuncias telefónicas sobre aspectos que se corresponden con el saludable ejercicio de la ciudadanía democrática? que poco tiene que ver con sus declaraciones sobre "usos de dineros públicos para el adoctrinamiento?, que se encuadrarían dentro de de otro delito, ?que en lenguaje jurídico equivaldría al reproche de malversación de caudales públicos, según tipología del art. 261 del Código Penal?, según consigna el texto de la presentación judicial.

Noticias Relacionadas

Más de Redacción NU