Los ternados PRO

?El futuro llegó hace rato?, afirmaba un viejo rocker en un canción ochentona. Y en consecuencia, el tiempo de la recolección de pruebas y los debates se acabó. Eso mismo les ocurrió el viernes 3 de diciembre a los diputados que integran la Comisión Investigadora de la Legislatura porteña que analiza las responsabilidades políticas del Gobierno de la Ciudad en el caso de las escuchas ilegales. Quedan por delante 12 días para elaborar los dictámenes finales. El plazo vence a las 17 del miércoles 15.

Desenlace nada fácil, según las opiniones de los legisladores que dialogaron con Noticias Urbanas. Hasta el momento, la única conclusión que se impone por amplia mayoría es la de las nulas chances que existen para aconsejar el juicio político al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri. Un hecho que se vive como un importante triunfo político en las filas del PRO, ya que el objetivo excluyente de los diputados macristas que integraban la Comisión era impedir a toda costa que prosperara el pedido de juicio político contra su jefe.

?Los testimonios de todos los citados no agregaron pruebas relevantes contra el Jefe de Gobierno y no pudieron avanzar más allá de los datos que existen en la causa. Así que, por ese lado, la oposición fracasó porque, no nos engañemos, su objetivo inicial era sumar elementos que vincularan a Mauricio con el espionaje ilegal. En eso fallaron, aunque lo compensaron con las graves irregularidades de todo tipo que cometió la Policía Metropolitana y que se revelaron en las sesiones de la Comisión?, le manifestó a este medio un legislador macrista que analizó el trabajo realizado por la Investigadora.

La oposición buscará unificarse en un bloque mayoritario que impulse cambios en el área de Seguridad y en la PM, y dejarían de lado la sugerencia de enjuiciar políticamente a Macri. Gran parte de la oposición, el Bloque Peronista, Encuentro Progresista, Coalición Cívica, UCR, Unión Federal, Diálogo por Buenos Aires y el Partido Socialista buscan unificar una postura para pedir las destituciones del ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, y de la cúpula de la Metropolitana, que encabeza Eugenio Burzaco. La idea del titular de la Comisión, Martín Hourest, es que haya un solo dictamen, con las recomendaciones de los integrantes de la Investigadora. Sobre el informe final, el reglamento indica que deberá contar con la firma de cada uno de los miembros y que podrán existir tantas recomendaciones como legisladores la integran. También indica que ningún miembro de la Comisión podrá abstenerse de emitir sus conclusiones.

?Lo más lógico y serio es que haya un solo dictamen. Hasta el macrismo apoya la iniciativa, ya que al no aconsejarse el juicio político a su jefe, ellos cederían y avalarían la existencia de un solo dictamen?, le señaló a NU un operador político de un diputado de la oposición que integra la Comisión. Sin embargo, para un letrado que trabaja en el equipo del juez federal Norberto Oyarbide, existen pruebas de peso que complican a Macri. ?La confesión de quien fue el número tres en la estructura de la PM, el ex comisario Roberto Ontiveros, quien aseguró que el ex jefe de la fuerza Jorge ?el Fino? Palacios lo convocó para hacerse cargo del área que iba a ser de Inteligencia, hecho que la Policía porteña tenía prohibido por ley, demuestra que existió una estructura dentro del Gobierno porteño cuya finalidad era realizar tareas de inteligencia interior. Ésa es la base de la acusación judicial contra el Jefe de Gobierno y lo que determina que existió una asociación ilícita dentro de la administración porteña?, explicó el investigador.
?Ese dato es de suma importancia y, llamativamente, los legisladores de la oposición no lo resaltan. Es como si existiera un acuerdo implícito de todo el arco político para no ir a fondo contra el Gobierno de la Ciudad, y eso es evidente, más allá de las fallas que los opositores cometieron en la etapa de recolección de pruebas?, le agregó a NU la citada fuente judicial.

La situación más complicada se centra sobre la PM. Las posturas más radicales son las de Marcelo Parrilli y la del titular del bloque de Proyecto Sur, Fabio Basteiro, quienes a viva voz acusaron a Macri y le apuntaron a la estructura sobre la que se fundó la Metropolitana. Para ellos existen responsabilidades políticas del Poder Ejecutivo porteño en lo concerniente a la PM, su puesta en funcionamiento, las compras irregulares, secretas y sin licitación de material técnico para tareas de espionaje y en los hechos investigados en la causa judicial respecto a escuchas ilegales. Pero los datos de peso, con el número de expediente incluido, donde las autoridades políticas de la fuerza habrían cometido irregularidades, fueron aportados por el presidente del Bloque Peronista, Diego Kravetz, y el legislador del Encuentro Progresista, Raúl Fernández. La importancia de esta información fue corroborada judicialmente, ya que Oyarbide los citó para que aportaran esos datos a la causa.
La información obtenida por Kravetz y Fernández deja muy mal parados a Montenegro y Burzaco, el propio Kravetz le manifestó a este medio que Macri le debería pedir la renuncia al jefe de la PM. Debido a las irregularidades cometidas por la Metropolitana, la oposición fomenta la renuncia de Burzaco y la iniciativa de que el próximo jefe de la fuerza sea votado por la Legislatura. Así lo adelantó Kravetz, en una entrevista concedida a NU dos semanas atrás.

El último intento por inculpar a Macri lo llevaron adelante los diputados Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) y Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro), cuando visitaron el juzgado de Oyarbide para pedirle formalmente por escrito acceder a las escuchas halladas en Misiones. Sin embargo, las alrededor de veinte comunicaciones no agregaban nada nuevo al caso y esa confirmación terminó por hacer naufragar la última movida de la Comisión para avanzar en el juicio político.

El no avance sobre Macri complica gravemente la situación de Montenegro, que según los legisladores de la Comisión es el responsable político de las probadas intervenciones telefónicas clandestinas que realizó Ciro James. Con las imputaciones contra el ministro de Justicia y Burzaco, la Comisión pretende tapar el fracaso de la acusación contra el jefe comunal, apuntándole con todo a la PM, para de esa manera demostrar que su trabajo no fue en vano y que gracias a ellos se descubrió el verdadero rostro de la Policía porteña. Y con las pruebas en la mesa, el dato no es para nada menor.