Las pruebas que complican a Durán Barba
Menos de veinte días necesitó la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría para evaluar el caso. Los numerosos y determinantes elementos acumulados en el expediente la convencieron rápidamente de la implicancia del imputado. Y por eso fue tan corto el tiempo que se tomó desde la declaración indagatoria del acusado (el jueves 31 de mayo) hasta el momento en que decidió su fallo. El martes de esta semana, la magistrada a cargo de la causa que investiga la campaña sucia contra el senador Daniel Filmus procesó al publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba por haber violado el artículo 140 del Código Electoral, que reprime con penas de dos meses a dos años de prisión a quien ?con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma o a abstenerse de hacerlo?.
Fue tal como adelantó Noticias Urbanas en la nota ?Los problemas de Jaime Durán Barba?, publicada el 31 de mayo, en la que se afirmó que ?la situación judicial de Durán Barba es muy complicada porque se comprobó que existe una relación entre los tres imputados (el ecuatoriano y dos empresarios relacionados a él) y entre las empresas investigadas y el gobierno de Mauricio Macri?. Este último dato, aparecido en el transcurso de la pesquisa, preocupa a todo el gobierno Pro, y el más preocupado es el propio Mauricio, ya que no sabe qué puede pasar con el publicista si la Justicia lo sigue inculpando. ?Macri teme que al verse acorralado y al no tener cintura política con los jueces locales, Durán Barba pueda decir cualquier cosa y lograr que la cuestión se torne impredecible por lo complicada?, le manifestó a este medio un operador macrista.
En concreto, a través de empresas con servidores en Estados Unidos, se realizaba una encuesta telefónica a los vecinos de la Ciudad en la que se vinculaba a Sergio Schoklender, por entonces investigado por el escándalo con los fondos de Madres de Plaza de Mayo, con el padre del legislador nacional del Frente para la Victoria (FpV). Mediante llamados telefónicos a los domicilios, se les preguntaba a los ciudadanos si sabían que Salomón Filmus era un arquitecto que trabajaba para el exapoderado de las Madres de Plaza de Mayo en la construcción de viviendas. ?Ahora que usted sabe esto, ¿lo votaría??, concluía el llamado.
Finalmente, las pruebas acumuladas en la causa desembocaron en el procesamiento del consultor macrista, pero la cuestión no termina ahí, ya que debido a los datos obtenidos en la pesquisa, la jueza federal lo seguirá investigando ya que cree que ?Durán Barba y sus socios cometieron con otras personas delitos similares al que perjudicó a Filmus?.
Además del ecuatoriano están imputados en el caso José Garat ?integrante de Durán Barba y Asociados y socio de la empresa Connectic SRL y Asociados? y el director ejecutivo de Durán Barba y Asociados y accionista de Tag Continental, Rodrigo Lugones. La causa contra el consultor y las empresas Connectic SRL y Tag Continental se inició en plena campaña por el balotaje entre Macri y Filmus, luego de la primera vuelta electoral del domingo 10 de julio de 2011, cuando el candidato K denunció públicamente al gobierno macrista y en particular a Durán Barba, Lugones y Garat por llevar adelante una campaña sucia en su contra mediante llamadas telefónicas a los votantes que los inducían con mentiras a expresarse en su contra.
Poco después de la acusación del senador nacional, los macristas reaccionaron y, a través de una conferencia de prensa que brindaron el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el secretario general del GCBA, Marcos Peña, y el propio publicista de Propuesta Republicana (Pro), negaron terminantemente todas las imputaciones de Filmus. Es más, Durán Barba llegó a decir que la única relación que mantuvo con Lugones se debió a que fue su alumno y de allí en más no tuvieron nada en común. Por su parte, los funcionarios porteños rechazaron que la administración de la Ciudad tuviera algún tipo de relación con las empresas Connectic SRL y Tag Continental, que fueron denunciadas por Filmus.
El tiempo y la investigación judicial se encargaron de demostrar lo contrario. Y las pruebas obtenidas por Servini de Cubría fueron determinantes para inculpar a Durán Barba, Lugones y Garat.
Noticias Urbanas accedió a los principales datos que figuran en el expediente judicial y que provocaron el procesamiento del consultor macrista.
El primer elemento clave de la investigación se conoció luego de que fueran allanadas las oficinas de las compañías Tag Continental y Connectic SRL, en las que se secuestraron unas 30 computadoras de las que se detectaron los llamados relacionados con Filmus a través de servidores ubicados en Estados Unidos. Son comunicaciones a ciudadanos de la Capital Federal durante la campaña electoral del año pasado por la Jefatura de Gobierno. Otro dato que comprometió al ecuatoriano fue el descubrimiento de que en el mismo edificio donde funcionaban las empresas allanadas también se encuentra la consultora Opinion Confidential, propiedad de Durán Barba y Asociados, donde Garat y Lugones son socios.
A eso se sumó que entre el material secuestrado en las empresas, la Justicia encontró un ?Acuerdo de confidencialidad y no competencia? firmado por Durán Barba con Lugones y Garat, accionistas de las empresas allanadas. Este acuerdo prueba una vinculación entre Durán Barba y las empresas, pese a que el asesor publicitario de Macri la había negado en la conferencia de prensa que se realizó cuando tomó estado público la denuncia de Filmus.
Pero el hallazgo que terminó de hundir al ecuatoriano y puso en serios problemas al gobierno de Macri fue el obtenido por la Justicia en las computadoras secuestradas a Tag Continental y a Connectic SRL, donde se comprobó una relación entre estas compañías y la administración Pro. ?Está probado que Tag Continental le prestó servicios a la Policía Metropolitana en tareas de inteligencia que se realizaron sobre vecinos de la Comuna 12. Tarea que la policía porteña realizó a través de esa empresa, ya que según la ley, la Metropolitana no puede llevar a cabo trabajos de inteligencia de ningún tipo y bajo ninguna circunstancia?, le señaló a NU un investigador judicial. Esta última acusación también fue señalada por Filmus, quien pidió que sean investigadas las tareas de inteligencia política realizadas a vecinos de la Comuna 12 de la Ciudad por Tag Continental para la Policía Metropolitana.
?Esta es una práctica habitual de Durán Barba: realizar una campaña sucia y, en este caso, violatoria de la Ley Electoral, que es inducir al voto con falsa información?, aseguró Filmus, quien además se preguntó ?por qué (el jefe de Gabinete porteño Horacio) Rodríguez Larreta dijo desconocer a las empresas implicadas, pese a que se encontraron contratos firmados por esas compañías y la administración del Pro?.
El senador K subió el tono de la acusación y aseguró: ?Duran Barba coordinaba un equipo de inteligencia destinado a hacer campañas sucias contra distintos dirigentes políticos?. En ese sentido, el senador explicó: ?Esto funcionó como un equipo de inteligencia para muchos candidatos en muchas situaciones. En las computadoras secuestradas a supuestos socios de Durán Barba se encontraron informes vinculados, por ejemplo, con la vida privada del gobernador Daniel Scioli. El equipo coordinado por Durán Barba también hizo una campaña sucia contra el candidato a gobernador del Partido de Acción Nacional (PAN) por el estado mexicano de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares?. El propio político del PAN manifestó públicamente que había sido víctima de una campaña telefónica en su contra. Filmus agregó que en la causa figura que quienes desarrollaban ese tipo de campaña realizaron ?facturas para el Pro pero también para el Gobierno de la Ciudad?. Y finalizó acusando directamente a la administración que encabeza Macri al señalar: ?Hay materiales que prueban que esto era parte de una práctica habitual de inteligencia.
Otro dato de peso que convenció a Servini de Cubría de que debía procesar al ecuatoriano fue aportado por los peritos judiciales que trabajaron en las computadoras secuestradas, quienes descubrieron que en ellas había una serie de ?consejos políticos? de Duran Barba, supuestamente dirigidos a Mauricio Macri, sobre cómo presionar al Gobierno nacional e influir sobre los jueces, ataques al secretario de Comercio Interior kirchnerista, Guillermo Moreno; a la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y a la supuesta conexión del kirchnerismo y el chavismo. La defensa del consultor estaba al tanto de las imputaciones que pesaban sobre su defendido y, por eso, hizo todo lo posible por alargar los tiempos judiciales. Así, Durán Barba se presentó a declarar luego de la tercera citación realizada por la jueza, al mismo tiempo que sus abogados le aconsejaban no declarar hasta que la Corte Suprema de Justicia resolviera el conflicto de competencia entre Servini de Cubría y su par porteño Carlos Bentolila para determinar dónde debía tramitarse el expediente. Este escrito lo había presentado la defensa pero no prosperó, ya que el procurador Luis González Warcalde dictaminó que debe ser Servini quien tramite la causa porque la maniobra que se investiga podría afectar también la elección presidencial pasada, por lo que en ese caso la competencia es federal. Este dato es importante, porque la magistrada es jueza federal con competencia electoral y, por esta razón, Warcalde consideró que debe continuar a cargo de la pesquisa.
Acorralado, el publicista negó todas las acusaciones de la jueza federal y se negó a responder sus preguntas. Luego de esto, su suerte estuvo echada. Lo peor del caso es que la caída en desgracia del ecuatoriano podría ser un dominó, con Mauricio Macri en la otra punta.
