Proponen sancionar con prisión a los agresores
Desde 1981 diversos países latinoamericanos han señalado el 25 de noviembre como la fecha para denunciar colectiva y públicamente todo tipo de violencia contra las mujeres. En 1999 la ONU "oficialmente" internacionalizó la conmemoración del día, pero no fue hasta el 2003 que el estado argentino declaró su adhesión a la fecha.
En relación con este día, la diputada nacional Lucrecia Monti (Partido Justicialista) presentó un proyecto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia familiar y propone introducir tipos penales con sanciones de prisión, tipificando la amenaza y la violencia y también el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez.
Monti propone reformas a la legislación penal considerando que "la experiencia muestra que la solución conciliatoria no hace sino aumentar los riesgos de la víctima por la desigualdad de poder entre la víctima y el agresor".
La iniciativa está siendo evaluado en la Comisión de Familia y establece penas de prisión entre 6 y 20 meses al agresor que ejerza no sólo violencia física, sino también psicológica y patrimonial. Y de 6 a 24 meses de prisión para los casos de violencia sexual.
También se castiga a las amenazas de violencia física y amenaza patrimonial. Para estos casos se establecen de 3 a 12 meses de prisión. Incluso, se amplían las medidas cautelares incorporando además de las establecidas por la ley 24.417, la remisión de la víctima a un refugio, el decomiso de armas del agresor y el embargo preventivo sobre los bienes del agresor.
En cuanto al incumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por los jueces tales como la exclusión del hogar, de no mantenerse alejado de los lugares habituales de concurrencia de la víctima el proyecto prevé penas que van de 3 a 12 meses de prisión.
De aprobarse, se sancionará con penas de tres años al agresor que dañe a los profesionales o funcionarios que denuncien la situación de violencia cumpliendo con lo que le impone la ley. Además, se propone aplicar multas a los profesionales que atiendan víctimas de violencia sin dar aviso a los funcionarios correspondientes, y a éstos si decidieran no atender las denuncias.
