Fallo: Aire fresco para Ibarra
Estaba al borde del nocaut pero, como en esas malas películas de Hollywood, como por arte de magia se levantó y pasó a ocupar el centro del ring. Esto no garantiza que Aníbal Ibarra vaya a ganar la pelea porque, en definitiva, esto no es una mala película de Hollywood sino un juicio político, con intereses políticos y con decisiones políticas. Pero lo que sí queda claro es que el reciente fallo de la Sala V de la Cámara del Crimen, que cambió la carátula en la causa Cromañón a seis ex funcionarios porteños beneficiándolos con la imputación de delitos menores a los que pesaban sobre ellos, o directamente sobreseyéndolos -según el caso- marca un giro en el proceso de juicio político que en otro escenario, el de la Legislatura, se le sigue al jefe de Gobierno.
Sobre las espaldas de la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, y de dos ex funcionarios que le respondían -Ana María Fernández y Gustavo Torres- pesaba el procesamiento por homicidio culposo que les había dictado el juez de la causa, Julio Lucini. Ahora sólo tendrán que responder por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, sensiblemente menor que el anteriormente imputado. A su vez, Rodrigo Cozzani y Alfredo Ucar, quienes también estaban procesados por homicidio culposo, fueron sobreseídos, al igual que Víctor Telias, quien tenía un procesamiento por el delito que ahora se les imputa a Fiszbin, Fernández y Torres.
Este giro que da la causa fue largamente festejado por el suspendido Ibarra y su fiel jefe de Gabinete, Raúl Fernández. Ambos entienden que ahora la acusación legislativa perderá sustento. ¿Qué significa esto? Que, según la lógica ibarrista, se complicará la situación para aquellos diputados de la Sala Juzgadora que decidan levantar la mano para destituir al jefe de Gobierno.
Según varios legisladores de la oposición, el fallo de la Cámara no le quitaría sustancia a la acusación porque, primero, se trata de juicios llevados adelante en poderes distintos -uno judicial, el otro, legislativo- y segundo, porque, aún así, persiste en la causa judicial, para un grupo de funcionarios ibarristas, la imputación del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, que es el mismo por el que se lo está juzgando políticamente a Ibarra.
Del lado ibarrista, en cambio, sostienen que si el de incumplimiento de deberes es el único delito que pesa sobre los que tenían la responsabilidad más directa en Cromañón, al subir en el escalafón de gobierno, esta responsabilidad se diluye, hasta llegar a la nada en el caso de Ibarra. Un dato: el único ex funcionario que sigue procesado con el delito de homicidio culposo es el ex secretario de Seguridad, Juan Carlos López, ya que la Cámara aún no trató su caso. Si López es beneficiado también con el cambio -como se supone- el panorama será aún mejor para Ibarra, a quien en la vía judicial aún no le fue imputado ningún delito. Otro dato: el juez Julio Lucini, que procesó a los ex funcionarios porteños, deja la causa en enero.
Así, el fallo de la Cámara del Crimen "calza justo" en la estrategia de retorno diseñada por el "comité de crisis" que, al menos dos veces por semana, suele reunirse en la sede de la Fundación de Políticas Públicas creada por Aníbal Ibarra. Además de Ibarra y Fernández, este grupo está integrado por el secretario de Cultura, Gustavo López; el secretario de Producción, Eduardo Epszteyn, el subsecretario de Comunicación, Daniel Rosso, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Gabriela Alegre. Este equipo había pergeñado un plan -denominado por algunos el "Plan Z", porque después de éste no habría margen para otro- que apostaba a la permanencia mediática del jefe de Gobierno y a tratar de involucrar a los principales líderes políticos con presencia en el distrito -léase Néstor Kirchner, Mauricio Macri y Elisa Carrió- para que tuvieran que hacerse cargo públicamente de las decisiones que tomaran los diputados que les responden. En otras palabras: para que pagaran el costo político de una eventual destitución que pudiera interpretarse como un "golpe institucional".
Pero para que existiera algún costo político indeseable, debía primero instalarse en la sociedad la idea de que la destitución era "injusta". De ahí la necesidad de Ibarra de no abandonar su presencia en los medios, el principal espacio donde lleva adelante la "madre de todas las batallas". De ahí también, el sudor frío que corrió por la frente de los principales operadores del ibarrismo cuando, a raíz de los relevos en el Hospital Moyano, fue el vicejefe a cargo del Poder Ejecutivo, Jorge Telerman, quien acaparó todos los flashes y las cámaras, sumergiendo a Ibarra en las aguas del olvido.
Cuando parecía que Ibarra pasaba a ser historia llegó el fallo de la Cámara del Crimen. Comienza otro capítulo, en el que también habrá que ver cómo sobrelleva el aniversario de Cromañón. El objetivo de máxima del ibarrismo es que a los diputados de la Sala Juzgadora y a sus referentes políticos les cueste tanto condenar al jefe de Gobierno como les costó a los legisladores de la Acusadora no votar la apertura del juicio. Esto dependerá de quién tenga el poder para ejercer la presión sobre ellos. En la primera parte del juicio, fueron los familiares de las víctimas. Ahora, el fallo de la Cámara puede hacer que la segunda parte no sea como la primera. Como generalmente pasa con todas las segundas partes. Aunque esto no sea una mala película de Hollywood.
