Cuestionan la intención de indemnizar a las víctimas de Cromañón

El Gobierno de la Ciudad dio a conocer su decisión de indemnizar a las víctimas de la tragedia de República Cromañón. Para ello, está elaborando un decreto en el que constará el monto de las indemnización, que coinciden con los que propone el proyecto de ley que presentó el macrismo en la Legislatura porteña.

NOTICIAS URBANAS consultó al respecto al abogado Félix Pazo, especialista en daños y Director Jurídico de un reconocido servicio prepago de asistencia jurídica, quien se mostró totalmente en desacuerdo con la indemnización propuesta tanto por el Estado porteño como por los legisladores. "Esto es básicamente una invasión a las facultades del Poder Judicial", disparó Pazo.

El jurista sostuvo: "Esto demuestra una gran arbitrariedad para definir los montos, ya que se definen cifras comunes. Un juez para determinar el monto de una indemnización tiene en cuenta un montón de circunstancias, como ser la edad, las capacidades, las posibilidades, las expectativas y las profesiones de las personas. No es lo mismo la muerte de una persona de 80 años que la de un adolescente".

Por otra parte, Pazo explicó: "No se está dando a conocer de qué manera llegan a la cifra de 300.000 pesos en el caso de una persona que haya fallecido. Es muy arriesgado, cuando menos, ya que si analizamos la jurisprudencia local vemos que es muy difícil llegar a este monto. Además, discrepo con esa interpretación de comparar este hecho con lo sucedido en Atocha y las Torres Gemelas, ya que estos fueron atentados en contra del Estado y en la tragedia de Once se puede ver, hasta el momento, una falta de control".

El abogado también señaló: "Por ahora se desconoce la cadena de responsabilidades y aunque prima facie habría una falla del Estado Nacional -en lo que respecta a la actuación de la Superintendencia de Bomberos y la Policía Federal- y del Gobierno de la Ciudad, me parece incorrecto que el Estado porteño asuma en forma directa toda la responsabilidad".

Pazo aclaró que hay dos interpretaciones sobre si, frente a los juicios, se responde con el patrimonio de los funcionarios o directamente con el erario público. "Lo Penal y lo Civil van por carriles diferentes. De todas maneras, lo seguro es que deba responder el Estado, ya que en el 99 por ciento de los casos los funcionarios no tienen nada a nombre de ellos. Sin embargo, no me parece que desde el vamos el Estado deba pagar indiscriminadamente el total de las indemnizaciones".

Por último, afirmó que "en este tema es necesario ser muy claros. En el proyecto presentado en la Legislatura se establece que el grado de las lesiones lo va a determinar una Junta Médica, pero en ningún momento se especifica cómo va a estar compuesta".