Sobre llovido, mojado

Hubo una semana de febrero en que la Ciudad fue Venecia. Entre el 15 y el 19 de ese mes, casi no paró de llover en Buenos Aires. Cayeron 420 milímetros en total, se superó el récord histórico de 2003 y fue el febrero más lluvioso en 149 años. Esa situación meteorológica, sumada a la basura en las calles y a la insuficiente limpieza de los sumideros porteños, provocó que barrios enteros, como Caballito, Villa Crespo, La Paternal, Monte Castro, Parque Patricios y Flores, se inundaran hasta dos y tres veces en menos de siete días. Hoy, a nueve meses de implementada la Ley 1.575, en promedio, apenas la décima parte de las personas que sufrieron daños cobró el resarcimiento del Estado pese a que la promesa de pago, en medio del reclamo popular que se había expresado en las calles, era de quince días a partir de presentada la documentación requerida.

En plena crisis, el Gobierno de la Ciudad, a través del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, decidió implementar un Plan de Emergencias destinado a subsidiar a quienes habían visto afectadas sus viviendas, pertenencias o automóviles durante el fenómeno meteorológico. Y se informaron los requisitos a cumplir para poder acceder a esa indemnización, que en el mejor de los casos, cubriría 5 mil pesos de daños.

Sin embargo, la medida que intentó poner un paño frío no sirvió como tal, ya que el plazo para presentarse como potencial beneficiario era de apenas siete días. La fecha se extendió luego, teniendo en cuenta la saturación de los CGPC que eran encargados de recepcionar las demandas. También se definió que los mismos podrían llegar a cubrir el 100 por ciento de los daños. Además de los perjuicios en la propiedad, 1.800 hogares permanecieron sin luz ni agua por más de seis días.

Las reparticiones encargadas de tramitar los subsidios fueron la Subsecretaría de Emergencias ?dependiente del Ministerio de Justicia que conduce Guillermo Montenegro? y el Ministerio de Hacienda, que una vez recibidas las carpetas, se encarga de efectuar los pagos. Desde Hacienda aclararon que están casi al día con el pago de subsidios aprobados y que, incluso, hay cheques listos para retirar que nadie se llevó. ?Nosotros pagamos lo que nos llega, lo que se pierde en Emergencia y Seguridad no es un tema nuestro?, confirmó una fuente de esa repartición. Encargados de esa área confirmaron a Noticias Urbanas que de 1.261 casos que recibieron, abonaron 817 y otros 444 se encuentran en tesorería, por lo que el pago sería inminente. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad aseguran que se recibieron 8.200 reclamos, se rechazaron 1.200, 2.000 están pendientes por deudas con la Ciudad relacionadas a Patentes o ABL, 3.000 están en etapa de auditoría y otros 2.000 ya fueron aprobados.

Nivel de dificultad: alto

Las inspecciones que debían llegar a cada domicilio a constatar daños, en algunos casos, demoraron seis meses. Y el veedor a veces no solía notificar telefónicamente que iba a concurrir, por lo cual, si no encontraba a nadie en la vivienda, todo se demoraba aún más. Como resulta improbable que una persona que se inundó guarde sus objetos que ya no le sirven por un largo período, éste fue uno de los principales motivos que se esgrimieron al momento de rechazar reclamos.

En la seguidilla de desavenencias no hay que olvidar algunos botones que sirven de muestra: quienes querían pedir compensaciones por objetos muebles (colchones, mobiliario, electrodomésticos y todo aquello que dentro de la vivienda se hubiese arruinado con el agua), tenían que presentar una certificación firmada por un contador público. Este ?requisito? nunca se informó masivamente. Es que el trámite costaba entre 300 y 500 pesos dependiendo de los honorarios del contador. Y, lógicamente, fue excluyente: muchos, que habían perdido todo, no tenían tampoco dinero para invertir a largo plazo o con destino incierto.

Para los inquilinos, la gestoría también fue complicada. Los daños en el inmueble debían ser reclamados por el dueño. Dado que algunos propietarios no viven en Capital, un motivo más se sumó a las dificultades que ya se presentaban para la sola tramitación.

Por otro lado, grande era la sorpresa de algunos ciudadanos cuando al concurrir al CGPC, les enrostraban falta de documentación. ?Cuando expliqué que todo lo que llevaba era lo que decía en la página web que había que llevar, me contestaron muy sueltos de cuerpo que lo que estaba ahí podía estar mal, si esto es el gobierno electrónico, así no va?, recordó una vecina de Villa Crespo que aún no pudo cobrar su reclamo. Además, en algunos casos se pedía la factura de compra del bien dañado. Actualmente, la información registrada en la web del Gobierno de la Ciudad sigue siendo la misma que se brindaba meses atrás.

Algo también cuestionable ocurrió con quienes reclamaron por los daños a sus automóviles y no eran de Capital. Si vive en Avellaneda y el agua le arruinó el vehículo en Buenos Aires, denegado. Para cobrar, en el caso de quienes reclaman solamente por daños a la propiedad, es preciso tener al día patentes y ABL. Sin embargo, en esos casos, el vecino puede optar por regularizar la situación o pedir que le descuenten la deuda del monto total del subsidio.

?Nadie acumula en su casa cosas mojadas y arruinadas por meses?, ironizó el legislador del Bloque Peronista Diego Kravetz, uno de los principales impulsores en modificar la Ley de Emergencia para que todos los perjudicados puedan cobrar. También, recordó que la norma establece que la sola posesión de la propiedad sirve como prueba de tenencia del bien y se preguntó por qué para el Gobierno porteño eso no alcanzó.

Kravetz le explicó a NU que, pese al esfuerzo que pusieron desde su bloque y otros de la oposición, ?muchos damnificados ni pudieron acceder a la tramitación por la burocracia estatal?. Pese a eso, el diputado adelantó que en las reuniones por el Presupuesto 2011 volverán a pedir explicaciones y aclaraciones y que ?no es que no se paguen los subsidios por falta de dinero?. ?Acá o hay desidia estatal o hay mala fe?, remarcó, antes de agregar que ?la Ciudad tiene una inacción notable en la obra pública?. Y aclaró que todos los trámites administrativos pueden apelarse en una instancia jerárquica, por lo que ningún ?no? es definitivo. ?Hicimos todo para que todos cobren, vamos a insistir con este tema?, subrayó. A principios de año, un proyecto del Bloque Peronista planteaba la excepción del pago de Ingresos Brutos y ABL a los vecinos y comerciantes perjudicados por la inundación; pero no prosperó. En caso de no resolverse todo antes de fin de año, el presupuesto que se destinó a subsanar los daños del temporal habrá estado subejecutado.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad también recibió en los últimos meses numerosas consultas y reclamos de vecinos referidos a las grandes demoras en la tramitación y otorgamiento de los subsidios correspondientes. Así como también a la deficiente atención al público por parte de los Centros de Gestión y Participación Comunal y de la Subsecretaría de Emergencias porteña. Cada uno de los denunciantes acreditaron haber presentado en debido tiempo y forma las solicitudes para la obtención del subsidio, como lo requiere la normativa vigente.

En este marco, la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini, recomendó a las autoridades del Gobierno local que se determine ?en forma urgente? el monto a abonar a los solicitantes del subsidio, actualizado a la fecha. Asimismo, instó a que se revise el vencimiento del plazo legal fijado en todos los casos que aún no fueron verificados y que se disponga ?el inmediato reconocimiento de las pérdidas declaradas?.

La culpa es del otro

Es bueno recordar que un informe de la Auditoría General de la Ciudad (Agcba) había anticipado, con dos meses de antelación, que el estado de los sumideros porteños no era satisfactorio, de acuerdo a sus peritajes. Dos meses antes, también, el bloque Igualdad Social (IS) había denunciado la subejecución de obras hídricas y pluviales (se ejecutó menos de un 30 por ciento) a mano de la ?sobreejecución en veredas, pavimento y embellecimiento del entorno?.

Roberto Feletti, ex secretario de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Aníbal Ibarra, precisó en su momento que ?si la Ciudad se inunda en barrios donde nunca lo hacía, como Caballito, San Telmo y Flores, nada tiene que ver con el volumen de agua caído, sino que confirma la falta de mantenimiento tanto en limpieza como en reparación de los desagües?. En tanto, Néstor Nicolás, subsecretario de Emergencias de la Ciudad, explicaba que ?la cantidad de lluvia caída superaba la capacidad de escurrimiento de los arroyos Vega y Maldonado, haya o no sudestada, una lluvia de 25 milímetros en una hora ya hace colapsar al arroyo Maldonado, por tanto con lluvias de esa naturaleza algunos barrios se verán afectados por el agua?. ?Hay que hacer obras que no se hicieron durante 20 años que ayuden a mitigar el problema de las inundaciones?, advertía Mauricio Macri, en sintonía con su funcionario a cargo del tema, no sin omitir recordar que hace varios años e incluso antes de asumir, que la Ciudad sufrían las consecuencias de las fuertes lluvias. ?Las inundaciones en Buenos Aires tendrán lugar mientras no se terminen las obras iniciadas por su administración?, admitía sin vueltas.

Mientras se llevaba a cabo la primera parte de la obra que servirá para aliviar el caudal del Maldonado, una modificación legislativa permitió que la partida presupuestaria destinada en 2010 a subsidios por inundaciones se incrementara de 1,3 millones de pesos a 20 millones. Sin embargo, con plata y todo, la enorme mayoría de los inundados espera que sus reclamos broten de las profundidades de la burocracia del Estado porteño.