Aníbal Fernández querelló a un periodista
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, por medio de su abogado, Carlos Frasquet, denunció por injurias al editor propietario de la revista porteña "Reporter" y abogado, Juan Manuel Lugones, ante el juzgado en lo correccional Nº 5 secretaría 75, a cargo de la magistrada subrogante Patricia Guichandut. La denuncia del ministro Fernández contra Lugones surge luego de que este último denunciara en medios periodísticos la presencia de barras bravas en el Ministerio del Interior, puntualmente en el Registro Nacional de las Personas.
Lugones, que fue empleado en el ministerio del Interior, aseveró a NOTICIAS URBANAS: "La información sobre la presencia de barras que están trabajando en el estado desde la época de Corach hasta por lo menos noviembre del 2004, la presente primero ante (al entonces) el juez Mariano Berges y Javier Castrilli (titular de La Subsecretaría de Seguridad de los Espectáculos Futbolísticos). Berges estaba investigando una mega causa a los hinchas de River, Boca y Chacarita, y por ello le lleve los datos, deje un escrito y le solicite protección policial, que vale aclara nunca recibí".
Continuando con la charla "el tema tomo estado público con un artículo publicado en la revista Veintitrés, el 7 octubre del 2004, que se título "Gane quien gane la barra continúa", más una entrevista radial que me hizo Nelson Castro en donde informe también sobre la presiones a la prensa a fin de que no se publique sobre los barrabravas en el Estado", afirmó Lugones.
"El 5 de julio se realizó una audiencia de conciliación, en la que ratifique lo que ya había dicho y afirme que mi intención no era meterme con el honor del ministro. Ahora le quedan diez días a la jueza para decidir si va a juicio oral", explicó Lugones.
Por su parte, el ministro se refirió a que "no se puede dejar impune el ataque artero y metódico de personas que sin temor alguno a ser castigadas, dicen lo que les place y viene en ganas, cuando quieren y donde quieren y jamás reciben su correspondiente retribución punitiva".
Tras negar la existencia de aficionados violentos en el ámbito de su ministerio, Fernández pidió que se condena a Lugones "al máximo de la pena prevista en el Código Penal, un año de prisión. Además, el ministro anunció que podría "iniciar acción resarcitoria por los daños y perjuicios provocados por el querellado".
Al finalizar la conversación reflexionó Lugones: "Sería bueno debatir realmente si existen barras en el estado nacional, en la Ciudad, por ejemplo con los casos conocidos de Rafael Di Zeo, y Santiago Lancry empleados de la Legislatura, y en los municipios de la Provincia de Buenos Aires. Que se discuta, que salga a la luz".
