Sueldos de funcionarios, con riesgo de embargo
Los terrenos de Casa Amarilla en el barrio de La Boca siguen siendo campo de una batalla judicial que pareciera no tener fin. Las demoras en el inicio de la construcción de 438 viviendas sociales adjudicadas a cientos de vecinos que integran la Asociación Civil Casa Amarilla, sirvieron en el 2008 para varias acciones judiciales (amparos, embargos, y recusaciones masivas para recordar algunas) que enfrentaron al Ejecutivo porteño con el Poder Judicial de la Ciudad. Tras la feria veraniega, la actividad judicial volvió a su ritmo, y nuevamente el Gobierno macrista recibió fallos adversos con la advertencia, por parte del presidente de la Asociación, de que en el caso de no cumplir con la orden judicial solicitará el embargo de presupuestos y sueldos de funcionarios.
La Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño resolvió "declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto" por la Ciudad luego de que en primera y segunda instancia se ordenara al Gobierno de la Ciudad y el IVC el "pronto despacho" de los expedientes vinculados a Casa Amarilla para que se proceda a la suscripción de contratos de obras y posterior adjudicación de viviendas sociales. Luego de notificarse del fallo, la Ciudad contará con 20 días para brindar una respuesta.
Pero no sólo se expidió sobre el hecho concreto que motivó las acciones (la demora en la construcción de viviendas sociales), los doctores Esteban Russo y Mabel Daniele también fallaron sobre otra causa con implicancias jurídicas y políticas: la acción por daños y perjuicios iniciada por la Procuración porteña contra el juez Roberto Andrés Gallardo y la Asociación reclamando el pago de 136.876, 45 pesos como resarcimiento por el dictado de un embargo por 14.273.426 pesos del presupuesto del IVC destinados para el proyecto de construcción de las viviendas. La Cámara "ratificó" el rechazo "in limine" de la acción resuelta por el titular del juzgado Nº 1 del CAyT, Juan Vicente Cataldo, por considerar la misma "improponible" y no existir "caso judicial".
"Es inminente que la Justicia comience a tener que resolver sobre la cuestión de fondo -el comienzo de la construcción de 438 viviendas sociales involucradas al predio conocido como Casa Amarilla-, introducida en la Justicia al no obtener respuesta por parte de las autoridades ejecutivas de la Ciudad, dado que corre peligro de paralizarse el proyecto", expresó el presidente de la Asociación Civil Casa Amarilla, Diego Basualdo.
Ante los reiterados fallos judiciales a favor de los vecinos adjudicatarios en el proyecto de construcción de viviendas sociales, Basualdo adelantó que "en el caso de que no se efectúe una respuesta concreta en el termino de una semana", solicitara a la justicia que "proceda ha embargar todo el presupuestos de la Ciudad, incluyendo los sueldos de todos los funcionarios y directores de distintas áreas, involucrados en la cuestión".
