Tensión en el Congreso: demora en la Bicameral por el DNU de Inteligencia
La controversia en torno al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Inteligencia del gobierno se intensifica a medida que se acerca el plazo para su discusión en el Congreso. El jueves termina el periodo para que el Ejecutivo envíe formalmente el decreto firmado a finales de año, y a pesar de los reclamos de la oposición, las autoridades parlamentarias, Martín Menem y Victoria Villarruel, no han conformado la comisión que debe tratarlo. La situación plantea serias dudas sobre la efectividad del control legislativo sobre el Ejecutivo.
La Bicameral de Trámite Legislativo tiene un plazo de diez días hábiles para tratar el DNU una vez que sea recibido. Ante el inminente vencimiento, tanto el interbloque de la oposición como la Unidad Porteña han enviado cartas solicitando la urgente conformación de la Comisión Bicameral Permanente. La falta de movimiento en el Congreso se ha argumentado por el receso legislativo actual, lo que dificulta la supervisión adecuada del decreto emitido por Javier Milei.
El DNU tiene un impacto significativo, ya que establece normativas que podrían ser consideradas invasivas respecto a los derechos ciudadanos. Una vez que el plazo de diez días se agote, cualquier cámara puede someter el decreto a votación, con o sin dictamen previo de la comisión correspondiente. Sin embargo, surge el desafío de si el Ejecutivo incorporará el DNU en la agenda de la próxima convocatoria extraordinaria, algo que es fundamental para su discusión formal.
🚨SOBRE EL DNU DE INTELIGENCIA. Nada bueno sale de ahí para los ciudadanos argentinos. Peor aun: es gravísimo.
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 1, 2026
Después de haber leído y analizado las 19 páginas del DNU 941/2025 que circula con las firmas de Milei y sus Ministros, les comparto algunos de los ejes más… pic.twitter.com/OnKDCCVxL8
Históricamente, los DNU son controvertidos y su uso en Argentina ha sido objeto de debate. Por ejemplo, el único caso en el que el Congreso rechazó un DNU presidencial ocurrió en 2024, cuando se anuló un decreto que incrementaba en 100 mil millones de pesos el presupuesto destinado a la Secretaría de Inteligencia. Este antecedentes marcan un camino complicado para el actual DNU, que enfrenta la oposición no solo en el ámbito legislativo, sino también en el judicial.
Los legisladores de la oposición han argumentado que el DNU no cumple con los requisitos de "necesidad y urgencia" necesarios para su emisión y que evita el proceso ordinario legislativo. La acusación de que el decreto legisla sobre materia prohibida, como la instauración de facultades punitivas, ha llevado a varios sectores a buscar una anulación judicial. Grupos como la Coalición Cívica han presentado amparos para que el decreto sea declarado nulo, apelando a la gravedad de la situación para los derechos constitucionales.
Mientras la presión aumenta, y a la espera de que la fiscalía del fuero contencioso administrativo se pronuncie sobre los amparos, la urgencia por esclarecer la situación se vuelve cada vez más crítica. Con el control parlamentario en juego y el poder del Ejecutivo en entredicho, el desenlace de esta controversia podría tener reacciones en cadena que afecten no solo al gobierno actual, sino también a la estructura legal y política del país en el futuro.
