Subsidios energéticos: la AGN cuestiona a Caputo
El pleno de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó recientemente un informe de 38 páginas que revela serias deficiencias en la ejecución financiera y el control interno del proyecto de apoyo a la transición hacia un sector eléctrico sostenible en Argentina. El informe apunta directamente al Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y pone en duda el manejo de 200 millones de dólares, parte de un préstamo de 500 millones otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), integrante del Banco Mundial.
El Programa, ejecutado por la Secretaría de Energía dentro del Ministerio de Economía, tiene como objetivo principal mejorar los mecanismos de selección y focalización de subsidios a la energía eléctrica, así como optimizar los registros nacionales y subnacionales para incluir correctamente a los hogares vulnerables. Según el convenio con el BIRF, el proyecto concluirá el 31 de diciembre de 2028, pero el período auditado corresponde del 26 de noviembre al 31 de diciembre de 2024. En ese lapso, solo se ejecutó el 41% del préstamo acordado.
Entre las principales firmas contratadas para el programa están EDENOR y EDESUR. Sin embargo, la AGN detectó que “al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo”. Además, el organismo criticó la falta de documentación que acredite el uso correcto y la auditoría correspondiente de los 200 millones de dólares, que ingresaron a la Tesorería General de la Nación tras el pago directo realizado el 11 de diciembre de 2024.
La AGN destacó que “aún no se contaba con el Manual Operativo, el POA, el Plan de Adquisiciones con no objeción del BIRF, ni con cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo”. También señaló la "falta de documentación donde consten los criterios usados para justificar el desembolso de USD 200 millones" y la ausencia de “no objeción del BIRF” para las extracciones realizadas por EDENOR y EDESUR.
El Ministerio de Economía intentó deslindar responsabilidades hacia las distribuidoras, afirmando que “las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación”. Sin embargo, la AGN rechazó esta explicación y recomendó “incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo”.
Otro punto crítico fue la falta de coordinación entre la Secretaría de Energía, representada por la Dirección de Información Energética, y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la administración del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Además, se constató la “inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento” de las tareas informáticas vinculadas al sistema RASE.
La AGN también subrayó la ausencia de mecanismos de control para verificar que los subsidios otorgados se reflejen efectivamente en las facturas de los clientes. Según el informe, “no se pudo verificar la existencia de normas o procedimientos y/o cursogramas donde se detallen los circuitos de adquisiciones, contrataciones, pagos y registro contable”. La respuesta del Ministerio fue que estas medidas estaban “en proceso de ajuste”.
Finalmente, la Auditoría aclaró que “el requerimiento de auditoría efectuado por el prestatario no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones”. No obstante, remarcó que el contenido del informe “debería ser tenido en cuenta para perfeccionar el control” del programa.
Este informe pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar la transparencia, la documentación y el control interno en la ejecución de fondos públicos destinados a subsidios energéticos, un tema central para la política social y económica del país.
