Santoro y Caporiccio buscan regular las agencias de cobranzas
Los legisladores porteños del peronismo Leandro Santoro y Francisco Caporiccio impulsan un proyecto de ley destinado a regular la actividad de las agencias de cobranza extrajudicial y establecer límites frente a las prácticas de hostigamiento que atraviesan miles de vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca generar un marco de protección para quienes mantienen deudas y evitar mecanismos de presión que excedan los límites de una gestión legítima de cobro.
El proyecto surge a partir de numerosos testimonios sobre situaciones de acoso vinculadas con los reclamos de pago. Llamados telefónicos constantes, comunicaciones dirigidas a familiares y allegados, y episodios que generan exposición o humillación forman parte de las prácticas que los legisladores buscan poner bajo la lupa. El objetivo es diferenciar el derecho de reclamar una deuda de aquellas conductas que pueden convertirse en una forma de persecución hacia los deudores.
En ese contexto, Santoro y Caporiccio convocaron a una audiencia pública para debatir la problemática y avanzar en el tratamiento de la iniciativa dentro de la Legislatura porteña. El encuentro tendrá lugar el lunes 7 de septiembre, de 17 a 20, en el Salón Dorado de la Planta Principal del Palacio Legislativo, donde se espera la participación de distintos actores vinculados con la problemática.
La audiencia será una instancia para analizar los mecanismos utilizados actualmente por las empresas de cobranza y discutir posibles herramientas de regulación. Entre los ejes de debate estarán las comunicaciones reiteradas, el contacto con personas que no son responsables de las obligaciones reclamadas y las situaciones de presión que pueden afectar la privacidad y la dignidad de quienes atraviesan dificultades económicas.
Con esta iniciativa, los diputados buscan instalar en la agenda porteña una problemática que, según los testimonios recopilados, afecta a miles de personas y requiere reglas claras para las agencias de cobranza extrajudicial. El debate legislativo apuntará así a encontrar un equilibrio entre el derecho de los acreedores a reclamar el cumplimiento de las obligaciones y la necesidad de garantizar que esas gestiones se desarrollen sin hostigamiento, intimidación ni exposición de los deudores.
