Salarios en picada y un millón sin prepagas
Más de 1,2 millones de personas dejaron de contar con cobertura de medicina prepaga desde diciembre de 2023, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo y el fuerte aumento de las cuotas. La evolución refleja el impacto que tuvo sobre los hogares la creciente distancia entre los ingresos y el costo de los servicios de salud.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares, el número de personas sin prepaga, obra social ni mutual pasó de 9.428.131 en el cuarto trimestre de 2023 a 10.674.416 en el primer trimestre de 2026. En términos porcentuales, el grupo pasó de representar el 32% al 35,6% de la población.
El incremento de las cuotas profundizó la pérdida de afiliados. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026, los aranceles de la medicina privada acumularon una suba del 460%, mientras que la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor avanzó un 320% durante el mismo período.
El proceso se aceleró luego de la desregulación del sector impulsada por el Gobierno mediante el Decreto 70/2023. Con mayores costos y salarios que no lograron acompañar el ritmo de los aumentos, muchas familias debieron reducir sus planes, cambiar a opciones más económicas o abandonar directamente la cobertura privada.
La pérdida de protección no se limitó al sistema de prepagas. Las obras sociales nacionales registraron una caída de 1.028.412 beneficiarios, vinculada también a la destrucción de alrededor de 235.000 empleos privados registrados. Las bajas más pronunciadas se produjeron en los sectores de la construcción, el comercio, la administración estatal y el trabajo rural.
El resultado es una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, que deben absorber a quienes ya no pueden sostener una cobertura privada o quedaron fuera del sistema de obras sociales. El impacto alcanza especialmente a los jóvenes: durante el primer trimestre de 2026, la mitad de las personas de entre 15 y 29 años pasó a depender exclusivamente de la atención pública.
