Reforma laboral: el juez que la bloqueó ahora habilita un punto clave
El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, revocó la suspensión cautelar del artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802, tras haber frenado previamente 82 artículos a pedido de la CGT el 30 de marzo. Esta norma establece la actualización de indemnizaciones laborales con el IPC más un 3% anual, un cambio impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Ojeda justificó su decisión en un "nuevo análisis" basado en un estudio de campo con la Red Académica de Jueces del Trabajo de la República Argentina, que reveló que la suspensión inicial podía perjudicar a trabajadores en varias provincias. Jurisdicciones como Buenos Aires, Chubut, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Mendoza y Tucumán aplican sistemas de actualización menos favorables que el artículo 55.
La resolución subraya que las medidas cautelares son provisorias y pueden modificarse ante nuevos elementos de juicio, dejando el examen de fondo para una sentencia definitiva. Así, el juez diferió la evaluación constitucional y repuso la vigencia del artículo para evitar daños desiguales en el país.
[AHORA] Raúl Ojeda, el juez que había dejado en suspenso la reforma laboral a pedido de la CGT, revocó la cautelar que frenaba la aplicación del artículo 55, vinculado a la actualización de los crédito laborales en los juicios: es porque puede "perjudicar a los trabajadores". https://t.co/Vf2nbkYh0M pic.twitter.com/R90z1nhl9h
— ElCanciller.com (@elcancillercom) April 6, 2026
En paralelo, Ojeda aclaró que cada jurisdicción juzgará ahora la aplicación de los artículos 54 y 55 en juicios en trámite, desarmando la uniformidad que había intentado imponer inicialmente. Esto relativiza el alcance nacional de la cautelar original y reconoce la heterogeneidad judicial argentina.
El fallo inicial había suspendido cambios clave como la reducción del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, modificaciones a la huelga y representatividad sindical, y la derogación de la ley de teletrabajo. El Gobierno apeló esa medida, criticándola como un obstáculo a las reformas contra el desempleo.
Este giro cambia la lectura del caso, pasando de un debate sobre la constitucionalidad de la reforma a cuestionar la razonabilidad de suspensiones amplias sin análisis detallado de impactos locales. La batalla judicial por la modernización laboral continúa en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y los sindicatos.
