Golpe político a Milei: la reforma laboral se desmorona en tribunales
Un nuevo revés judicial golpeó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, luego de que distintos tribunales resolvieran frenar la aplicación de buena parte de sus artículos. Las decisiones judiciales, que se acumulan en distintos fueros, ponen en suspenso aspectos centrales de la normativa y abren un escenario de fuerte incertidumbre sobre su implementación efectiva.
El fallo más reciente se originó a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que cuestionó la constitucionalidad de varios puntos de la ley. La Justicia laboral hizo lugar a una medida cautelar con alcance general y dispuso la suspensión preventiva de entre 70 y 80 artículos, lo que en los hechos implica el freno de una parte sustancial de la reforma hasta que exista una sentencia definitiva.
Entre los puntos alcanzados por la decisión judicial se encuentran cambios clave en el régimen laboral, como el Fondo de Cese Laboral y modificaciones vinculadas a la negociación colectiva y a las condiciones de trabajo. La medida obliga al Estado a abstenerse de aplicar estos artículos, lo que limita de manera directa el impacto inmediato de la reforma que el Gobierno había presentado como estructural para modernizar el mercado laboral.
La Justicia suspendió prácticamente toda la reforma laboral. Fueron declarados inconstitucionales 82 artículos. Desde los tribunales le están diciendo a este gobierno que su tiempo se acabó. El boleto ha sido picado. Fin. pic.twitter.com/enE8Qm0V9z
— Editor✍ (@Editor_76) March 30, 2026
Este escenario se suma a otros fallos adversos registrados en las últimas semanas. En distintos juzgados del país ya se habían dictado resoluciones que frenaron aspectos puntuales de la ley, como el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires o la aplicación de artículos vinculados a indemnizaciones, al considerar posibles incompatibilidades con garantías constitucionales.
La judicialización de la reforma refleja el fuerte rechazo de sectores sindicales, que sostienen que la normativa implica una pérdida de derechos laborales. En esa línea, las presentaciones judiciales apuntan a cuestionar la validez de la ley aprobada por el Congreso y a bloquear su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la discusión.
Desde el Gobierno, en tanto, defienden la reforma como una herramienta necesaria para dinamizar el empleo y reducir la informalidad, aunque reconocen que el avance de las cautelares complica su implementación. El conflicto, lejos de cerrarse, se traslada ahora al terreno judicial, donde se definirá el alcance final de una de las principales apuestas económicas de la gestión.
