Postergan nuevamente la reforma procesal penal en la Ciudad
El Gobierno decidió postergar nuevamente la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la transición hacia un sistema acusatorio. Mediante la Resolución 186/2026 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial este viernes, se estableció que la implementación, inicialmente prevista para el 10 de noviembre de 2026, se trasladará al 15 de febrero de 2027.
Desde el Ministerio de Justicia, liderado por Juan Bautista Mahiques, explicaron que esta prórroga responde a dificultades técnicas, materiales y organizativas detectadas durante el proceso de adecuación. Estos desafíos han afectado la capacidad de adaptación de la Justicia federal en lo penal y lo penal económico, que ya funciona bajo el nuevo sistema en otras jurisdicciones del país.
La postergación permitirá avanzar en la finalización de obras de infraestructura, fortalecer equipos especializados y garantizar una transición ordenada hacia el nuevo modelo de justicia. El Código Procesal Penal Federal introduce un sistema acusatorio que otorga mayor protagonismo al Ministerio Público Fiscal, incrementa la oralidad en los procesos y busca acelerar la resolución de los casos.
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— Jorge Aliaga (@jorgeluisaliaga) April 17, 2026
JUSTICIA - Diferir la entrada en vigencia del CÓDIGO PROCESAL PENAL FEDERAL en la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE LA CABA y a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONÓMICO, para las 00:00 horas del 15/2/2027.https://t.co/BZS7r3K0eO
No obstante, la implementación en la Ciudad enfrenta particularidades debido a la concentración de jueces y fiscales, así como al elevado número de causas complejas relacionadas con delitos económicos, corrupción, narcotráfico y trata de personas. Esto exige una reorganización profunda de recursos humanos, tecnológicos y edilicios para coexistir con los expedientes que aún se tramitan bajo el sistema anterior.
La Procuración General de la Nación advirtió sobre asimetrías operativas y una insuficiencia crítica de espacios físicos, pese a las inversiones realizadas hasta el momento. El nuevo sistema ya funciona en varios distritos federales, aunque aún resta su puesta en marcha en otras regiones, incluida la Ciudad de Buenos Aires.
Con esta nueva extensión del plazo, el Ejecutivo busca asegurar condiciones adecuadas para una implementación efectiva y sostenible del sistema acusatorio en uno de los distritos judiciales más complejos del país. La medida refuerza la necesidad de coordinación entre distintos organismos, como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Cámara Federal de Casación Penal, el Ministerio Público Fiscal y la Defensoría General, para llevar adelante esta política de Estado.
