Polémica: asesores de Toto Caputo accedieron a préstamos millonarios del Nación
Dos asesores cercanos al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quedaron en el centro de la polémica tras revelarse que accedieron a préstamos millonarios del Banco Nación, en medio de cuestionamientos por posibles conflictos de interés dentro del equipo económico. La información generó ruido político por tratarse de funcionarios vinculados directamente a la toma de decisiones en materia financiera.
Según la investigación, los beneficiarios fueron Felipe Núñez y Federico Furiase, ambos asesores del Ministerio de Economía, quienes obtuvieron créditos hipotecarios por más de 800 millones de pesos en total. Los préstamos fueron otorgados por la banca pública en condiciones que ahora están bajo análisis, debido a su cercanía con el titular de la cartera económica.
El dato que más llamó la atención es que ambos funcionarios forman parte del círculo técnico de confianza de Caputo, con roles activos en el diseño de políticas económicas. Esta situación abrió interrogantes sobre la transparencia de los criterios utilizados para la aprobación de los créditos, así como sobre la eventual existencia de privilegios en el acceso al financiamiento estatal.
Los préstamos estuvieron destinados a operaciones hipotecarias, en un contexto en el que el acceso al crédito sigue siendo limitado para amplios sectores de la población. En ese marco, el monto otorgado -superior a los 800 millones de pesos- reforzó las críticas por un posible trato diferencial hacia funcionarios del Gobierno.
El episodio se suma a una serie de cuestionamientos que rodean la gestión económica, en particular en lo relativo a la relación entre el Estado y el sistema financiero. La cercanía entre funcionarios y decisiones que involucran recursos públicos vuelve a poner en discusión los mecanismos de control y la necesidad de garantizar criterios equitativos en la asignación de beneficios.
Hasta el momento, no hubo pronunciamientos oficiales que expliquen en detalle las condiciones en que se otorgaron los créditos ni si se abrirá algún tipo de investigación administrativa. Mientras tanto, el caso alimenta el debate político sobre la transparencia en la función pública y el uso de herramientas estatales en beneficio de actores vinculados al poder.
