Pilar Ramírez presentó un proyecto de de Libertad Comercial para CABA
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, presentó un proyecto de Ley de Libertad Comercial destinado a establecer un régimen especial de simplificación administrativa para el desarrollo de actividades económicas en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta alcanza a comerciantes, empresas, cooperativas, profesionales independientes, asociaciones, fundaciones, consorcios, operadores de plataformas y toda persona que ejerza una actividad económica lícita sometida a controles locales.
El proyecto plantea que los trámites vinculados con el inicio, modificación, renovación, transferencia o baja de actividades se realicen por medios digitales. Para eso, propone crear una Ventanilla Única Digital de Actividades Económicas, que permitiría concentrar presentaciones, subsanaciones, consultas, emisión de certificados, descargos y pagos de tasas. También contempla un Legajo Digital Único vinculado al CUIT o CUIL, con el objetivo de que la Administración no vuelva a solicitar documentación que ya se encuentre en poder del Estado.
La iniciativa incorpora además un Catálogo Único Digital de Trámites y Requisitos. Allí deberían publicarse, de manera previa, clara y actualizada, las exigencias, formularios, plazos, tasas, inspecciones, normas aplicables y recursos correspondientes a cada trámite. El proyecto establece que ningún requisito podría ser exigido si no figura en ese catálogo y promueve la interoperabilidad entre los registros de la Ciudad y, cuando sea posible, los sistemas nacionales, provinciales y municipales, con resguardo de las normas de protección de datos personales.
Uno de los ejes centrales es la habilitación automática para las actividades consideradas de bajo riesgo. La presentación completa de una declaración jurada y de la documentación publicada permitiría iniciar la actividad sin inspección previa, mediante una constancia provisoria. La fiscalización se realizaría con posterioridad y la primera inspección debería concretarse dentro de los 180 días; si no se realizara por causas ajenas al administrado, la habilitación provisoria se convertiría en definitiva. El proyecto también establece el silencio administrativo positivo, de modo que, cumplidos los plazos sin una resolución expresa, el trámite quedaría aprobado de pleno derecho.
El régimen no alcanzaría a establecimientos sanitarios con internación, farmacias, locales bailables, espectáculos masivos, obras sujetas a permisos previos, inmuebles protegidos, actividades con sustancias peligrosas ni proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental. La propuesta también exceptúa procedimientos sancionatorios y autorizaciones vinculadas con la seguridad, la salud pública, el patrimonio o el uso especial del dominio público. En todos los casos, las exclusiones serían taxativas y no podrían ampliarse por vía reglamentaria.
El proyecto de Ramírez promueve además el principio de mercado abierto y el reconocimiento de habilitaciones, licencias y registros equivalentes emitidos por otras jurisdicciones argentinas. Los bienes legalmente elaborados o comercializados en otras provincias podrían circular y venderse en la Ciudad sin duplicar inscripciones o controles, aunque el Gobierno porteño conservaría sus facultades sobre seguridad, higiene, salubridad, impacto urbano y condiciones del establecimiento. La autora fundamentó la iniciativa en la necesidad de pasar de una lógica de bloqueo previo a una fiscalización posterior: “Menos trabas innecesarias, más reglas claras; menos papeles, mayor control; menos intermediación burocrática, más libertad”.
En los fundamentos, Ramírez sostuvo que la burocracia incrementa costos, desalienta la formalidad y funciona como una barrera para quienes buscan iniciar o sostener una actividad económica. “El tiempo del contribuyente no puede seguir siendo tratado como un insumo ilimitado al servicio de la desorganización interna del Estado”, afirmó. Con la propuesta, la presidenta del bloque de LLA busca que la Ciudad avance hacia una administración “más moderna, más eficiente y más respetuosa del esfuerzo” de quienes trabajan, invierten y producen dentro de la ley.
**Ejes del proyecto**
Habilitación automática: las actividades de bajo riesgo podrán comenzar a funcionar mediante una declaración jurada digital y la presentación de la documentación requerida, sin inspección previa.
Control posterior: el Gobierno tendrá hasta 180 días para realizar la primera inspección. Si no la hace por una causa ajena al comerciante, la habilitación se vuelve definitiva.
Silencio positivo: el Gobierno contará con 30 días hábiles para resolver un trámite y cinco días adicionales después de una alerta. Si no responde, la solicitud quedará aprobada automáticamente.
Una sola observación: el Estado deberá realizar todas las observaciones a la documentación de manera conjunta, precisa y fundamentada. Se terminan los pedidos fragmentados que demoran los expedientes.
Ventanilla única digital: todos los trámites vinculados con una actividad económica podrán realizarse desde una misma plataforma.
Principio de “una sola vez”: el Gobierno no podrá volver a pedir información o documentos que ya tenga en su poder.
Reconocimiento entre jurisdicciones: los permisos, registros y certificaciones válidos de otras jurisdicciones serán reconocidos en la Ciudad, sin repetir controles equivalentes.
Derecho a corregir: ante una falta menor que no implique un riesgo grave, el comerciante tendrá 30 días para subsanarla antes de una suspensión o clausura.
Requisitos públicos y claros: un catálogo digital informará previamente todos los requisitos, plazos, tasas e inspecciones de cada trámite.
Actividades riesgosas excluidas: farmacias, establecimientos sanitarios, locales bailables, espectáculos masivos y actividades peligrosas mantendrán los controles y autorizaciones previas.
